El “diálogo por la paz y el consenso” para la pacificación de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) de los Yungas realizado ayer en el hotel París concluyó con la convocatoria a elecciones de los socios y productores cocaleros en el plazo máximo de 45 días, comicios que serán llevados a cabo por el Tribunal Departamental Electoral (TED) La Paz.

Fue un encuentro que se prolongó por más de cinco horas de intervenciones por parte de las dos dirigencias que se atribuyen la representatividad de Adepcoca. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio lectura a cada una de las nueve resoluciones que son:

1.- Reforzar la seguridad en los ocho sectores de productores de coca de los Yungas en coordinación con la Policía Boliviana, el Ministerio de Gobierno y los gobiernos autónomos departamentales y municipales que elaborarán un plan.

2.- Se conformará una comisión de justicia para investigación de los hechos de violencia suscitados que permitan identificar a los responsables desde la gestión 2018.

 3.- Convocar a elecciones en términos de igualdad, transparencia e imparcialidad para la conformación de una directiva de Adepcoca.

 4.- Las elecciones a desarrollarse serán con el acompañamiento y supervisión del Tribunal Electoral Departamental de La Paz en el marco del numeral 37 del artículo 38 de la Ley 018.

 5.- Las elecciones se llevarán a cabo indefectiblemente en el plazo máximo de 45 días a partir de la suscripción del documento.

 6.- Se convoca a las 17 regionales de ambos frentes para que el día miércoles 7 de julio se apersonen con sus listas completas en las instalaciones del hotel París para que se lleguen a acuerdos y consensos respecto al padrón.

 7.- La ejecución y el coro de recursos, así como el lugar y la modalidad de las elecciones serán definidas con las distintas regionales.

 8.- El Comité Electoral está conformado por 34 personas compuesto por 1 representante de cada frente respecto de cada una de las 17 regionales cuyas listas deberán ser presentadas el 7 de julio por Elena Flores y Armin Lluta.

9.- Por consenso queda establecido que el mercado de la coca establecido en La Paz es el señalado en la Resolución 068 hasta el día miércoles 7 de julio.

 La dirigente Elena Flores expresó que encontrar una solución al conflicto de Adepcoca implica al interés nacional.

 “Es competencia de todos porque la hoja de coca es de interés nacional. Ha habido una ausencia del Gobierno nacional, dejadez por lo que hoy en día estamos en las calles y estamos sufriendo y no se dio cumplimiento a nuestro Amparo Constitucional y si realmente queremos avanzar a una solución se tiene que dar cumplimiento a ese Amparo Constitucional, ahí está la respuesta, ahí está la solución”, señaló.

Se mostró como dirigente legal y legítima y según el estatuto de Adepcoca, se hizo la convocatoria a una asamblea en coordinación con los representantes de los socios cocaleros de los Yungas paceños.

 Por su parte, el dirigente Armin Lluta manifestó que el problema se origina cuando el exministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, emitió una resolución 068 que traslada la sede de Adepcoca de Villa Fátima a una sede de transporte Señor de Mayo en Kalajahuira y con ello el Gobierno fomentó la ilegalidad ya que, por ley, en el país existen dos mercados recocidos como legales, Sacaba en Cochabamba y Villa Fátima en La Paz.

 Enfatizó que el Gobierno no puede plantear que existan elecciones para designar una nueva directiva de Adepcoca, porque es una “institución privada” que se basa “en sus estatutos”, razón por la que rechazan esa opción.

 Señaló que no asistió al diálogo porque el Gobierno lo sindicó de ser el responsable de la muerte del policía Miguel Ángel Quispe Nina, “porque me indicó que el grupo de Armin Lluta es responsable de ese hecho”.

 “No contábamos con las garantías suficientes, teníamos la amenaza de ser detenidos por esa razón no he participado, pero hemos mandado una representación a través de una comisión además que en ese encuentro no hubo un equilibrio, porque solo nos permitieron un representante y la asesora legal”, expresó Lluta. (Innovapress)