Mario Orlando Parada, en Santa Cruz; Ayda Alarcón, en Beni; Cemia Aragón, en Pando; Julio Mújica Quispe, en Potosí; Nataly Vargas, en Tarija y le orureño Juan Laura Andrade eran los seis vocales departamentales electorales designados desde el Órgano Ejecutivo en noviembre de 2019, los seis permanecían en sus cargos cuando fueron abruptamente destituidos el 30 de junio.

Otros tres vocales, Ana María Villarroel, de Cochabamba; Fernando Arteaga, en La Paz y Wilfredo Cervantes, de Chuquisaca habían presentado sus renuncias luego de la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, quien también era designado desde el Ejecutivo.

La Ley del Órgano Electoral (ley 018) prevé la conformación de este Órgano del Estado y en su artículo 20 refiere que existen tres causales para la conclusión de las funciones de los vocales: vencimiento del periodo de funciones; renuncia presentada ante la instancia encargada de su designación; y, finalmente, incapacidad absoluta permanente.

Mientras que el artículo 21 prevé la pérdida del mandato solo si el vocal es procesado en la justicia ordinaria y tiene sentencia ejecutoriada condenatoria.

Ninguno de estos preceptos se cumplió el 30 de junio cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani posesionó a ocho de nueve vocales electorales departamentales designados desde el Ejecutivo.

En los departamentos de Tarija y Potosí los presidentes de estas instancias eran los designados del Ejecutivo y fueron reemplazados por sus colegas de forma sorpresiva. Julio Mujica habló de una ilegalidad lo que cometieron con su reemplazo sin notificación.

En Oruro, el vocal Juan Laura Andrade se enteró de su destitución cuando le informaron que estaban posesionando a otros vocales delegados del Ejecutivo. “En la Constitución Política del Estado dice que nuestra designación es por seis años, no sabemos los motivos de la determinación, sin embargo, es una decisión política”, dijo Laura Andrade.

Paul Antonio Coca, especialista en temas electorales, afirmó que ninguna de las leyes que rigen el sistema electoral de Bolivia, la ley de Régimen Electoral o la Ley del Órgano Electoral, hacen referencia a la destitución de los delegados del Órgano Ejecutivo.