“El sistema judicial en cualquier parte del mundo siempre tendrá una vinculación directa a una determinación social ineludible. Por eso no es una institución celestial, sino es parte del Estado (…) la llamada independencia de poderes, en este caso del poder judicial, es una ilusión liberal creada para encubrir la dependencia real de la justicia hacia el poder económico moderno (…) el Estado, como síntesis del interés común no puede ni debe perder ante nadie.”

Esto escribió el ex presidente García Linera en 2011, en su folleto El ‘oenegismo’, enfermedad infantil del derechismo (Págs. 117 y 118). Y fue esta “visión” la que finalmente llevó al despeñadero el principio de la independencia judicial, que siempre en nuestro país fue precario pero que fue demolido cuando, desde la cima del poder gubernamental, se convirtió a la administración de justicia, de servicio público a mecanismo de dominación de la sociedad para la imposición de un proyecto político estatal.

Esa fue y es la enorme responsabilidad histórica que pesa sobre el MAS en el agravamiento extremo de la crisis judicial y el sometimiento absoluto de los jueces. Por eso fracasaron las elecciones judiciales de 2011 y 2017, por eso el “gabinete jurídico” que digitaba los procesos, por eso la impunidad de los delitos cometidos por los gobernantes, por eso la persecución y enjuiciamiento de los opositores y de los disidentes. Por eso, en fin, “la ilusión celestial” se convirtió en el infierno cotidiano de la genuflexión de jueces y fiscales, de la libre compra y venta de sentencias y cargos judiciales, del hacinamiento inhumano en las cárceles y de la retardación interminable de los trámites. El Estado autoritario nunca perdió ante nadie, pero el país entero perdió la oportunidad de transformarse, y el sistema democrático perdió la posibilidad de construir las bases del Estado de derecho.

Y, después de una década ¿esta visión totalitaria del MAS sobre el “sistema judicial” habrá cambiado?

Los cuatro meses de ilegal encarcelamiento de la expresidenta Añez, la violación recurrente del debido proceso para enjuiciar a los ex gobernantes transitorios, la tesis de “golpe de Estado” para descalificar a los opositores, junto al comportamiento vergonzoso de magistrados supremos que falsifican u ocultan sentencias y nombran como jueces a conocidos delincuentes, todo ello y mucho más da cuenta no sólo de que el Estado nunca pierde, sino que, efectivamente, es casi una ilusión pensar en independencia judicial porque los actuales gobernantes han elegido la triste realidad terrenal de la dominación estatal en contra de una verdadera administración judicial.

Porque la independencia de los jueces ha sido lapidada, es que estamos proponiendo una reforma judicial que tiene como punto central su restablecimiento. La reforma apunta a la cúpula judicial porque desde allí se ha instalado el sometimiento de los jueces. Porque su nombramiento, sin idoneidad ni méritos, está digitado por el Gobierno y su mayoría parlamentaria, y porque el voto popular es casi una farsa desnudada por el mayoritario voto blanco y nulo. Por eso estamos planteando la modificación de la Constitución Política vía referendo ciudadano, dónde la elección de magistrados sólo tome en cuenta la calidad personal y profesional de postulantes seleccionados, no por una Asamblea Legislativa anulada por el sectarismo, sino por una comisión ciudadana cuyas ternas sean vinculantes para una decisión parlamentaria, con 2/3 del total de sus miembros, que podría ser ad referendum de una consulta popular definitiva.

Y no somos “ilusos neoliberales”, sino convencidos de que lo central de la reforma judicial debe apuntar a tener como jueces a los mejores abogados y abogadas, no sólo por sus conocimientos y su experiencia sino por su hoja de vida personal. La selección y elección de jueces supremos, idóneos e independientes garantizará la posterior selección y designación de vocales y jueces igualmente calificados. El cambio cualitativo de la cúpula judicial viabilizará los otros cambios, ya que los nuevos jueces supremos deberán ser los conductores de un proceso integral de reforma judicial que abarque a todo el sistema de justicia, en el corto, mediano y largo plazo.

Y, si en este primer momento de modificación parcial de la Constitución, agregamos una partida presupuestaria constitucional del 3% con una renovada administración a cargo del Consejo de la Magistratura, podríamos tener un escenario inicial promisorio, donde no interese que el Estado gane o pierda, sino que la gente tenga tranquilidad luego de que sus conflictos sean resueltos, tenga seguridad jurídica, derechos y garantías que preserven su libertad, dignidad y patrimonio, y donde los gobernantes sepan que su ejercicio público no sólo tiene límites temporales, sino barreras éticas, legales e institucionales infranqueables que frenen al poder.

El autor es político y abogado