La particularidad agraria boliviana es la coexistencia de tres tipos principales de relaciones productivas: la empresa agropecuaria, la economía campesina y el modo productivo de los pueblos indígenas de tierras bajas. Se destaca la gran importancia numérica de los campesinos, que suman por lo menos 540.000 familias distribuidas en el altiplano, valles y zonas de colonización. Luego están las empresas agrícolas, pecuarias y forestales, que siendo una minoría estimada en algo más de 60.000 unidades producen y explotan la mayoría de los productos destinados a la agroindustria y a la exportación. Y, los pueblos indígenas de las tierras bajas del oriente, muchos en número, pero que sumados llegan solo a unas 60.000 familias, recién ahora valorados por la defensa de su identidad y su ligazón con la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad.

Cada una de estas realidades tiene aspectos positivos y negativos, limitaciones y posibilidades. La pequeña producción campesina, si bien retiene a 40% de la población económicamente activa de Bolivia, está marcada por el minifundio, la pobreza, la alta tasa de mortalidad y la sobreexplotación de los suelos, como emergencia de las propias limitaciones de la parcela, pero sobre todo por su inserción en el mercado, que lo explota a través del bajo precio de sus productos y la desproporcionada intermediación de los comerciantes.

La empresa agraria, que contiene al dominante grupo de unidades capitalistas de Santa Cruz dedicadas a la agroindustria y la exportación, a las medianas y grandes estancias ganaderas de Beni, Santa Cruz y el Chaco, a los ingenios, plantas industrializadoras, procesadoras, beneficiadoras, barracas, etcétera, también muestran un marcado retraso tecnológico, sobreexplotación de fuerza de trabajo y un uso irracional de recursos naturales, sobre todo del suelo y la masa boscosa del país, poniendo en riesgo la viabilidad de la agricultura del futuro.

Los pueblos índígenas de tierras bajas, legendariamente expropiados y empujados a territorios no agrícolas y pecuarios, hoy se debaten en condiciones de extrema pobreza, presionados y explotados por empresas madereras, estancias circundantes y comerciantes que llegan hasta los lugares más apartados. Esta situación pone en tela de juicio la vigencia de la racionalidad indígena de convivencia con la naturaleza y la explotación equilibrada de los recursos.

Cualquier política de desarrollo y, en consecuencia, del sector agropecuario, tiene necesariamente que partir de lo que existe. Lo que tenemos son relaciones productivas atrasadas, con serios problemas estructurales, a los que no se dio tratamiento adecuado por su desconocimiento y por las políticas agrarias aplicadas; lo que se refleja en el abandono de tierras, el estancamiento de la superficie cultivada y cosechada de los rubros tradicionales, la generación de una diferencia de los ingresos entre la población rural y urbana, con el consecuente crecimiento de la pobreza, el aumento de la dependencia alimentaria derivada de las importaciones y el contrabando de alimentos.

Partimos de la hipótesis de que las posibilidades de lograr el desarrollo agrario nacional están a nuestro alcance. Por un lado, tenemos márgenes de ampliación de nuestra frontera agrícola comparativamente mayores a varios países de América del Sur; existe el espacio para duplicar o triplicar la superficie cultivada; claro, aplicando técnicas apropiadas, rescatando las propias de nuestra cultura, como viabilizando la modernización de la agricultura y el aumento de la producción y la productividad que contemplen el uso racional de los recursos naturales.

En el caso de los campesinos, se debe impulsar el desarrollo de su producción destinada al mercado interno, sin que ello excluya rubros de producción destinados al mercado externo, como la quinua, carne y pelo de camélidos, café, cacao, frutos exóticos, banano, etcétera. La asistencia técnica y crediticia debe ser dimensionada a las exigencias de la pequeña parcela, y el apoyo en infraestructura de microrriego, caminos, puentes, silos, mercados y otros directamente ligados a esta economía se tornan imprescindibles para el logro de los objetivos trazados.

Todo ello es insuficiente, sin embargo, si no se apunta a resolver el problema estructural del campesino cuando se enfrenta al mercado. Existe la necesidad de disminuir las etapas y márgenes de intermediación del producto campesino hasta los consumidores; por otro lado, los pequeños productores solo pueden influir en la determinación de los precios si están organizados en torno a su principal producto comercial. En consecuencia, debe lograrse la formación y fortalecimiento de asociaciones de campesinos productores de papa, maíz, arroz y otros, referidos a la canasta básica, y de asociaciones de pequeños productores de leche, cebada, vid que entregan su producción a las plantas industrializadoras de productos agropecuarios.

A través de las asociaciones de productores, los campesinos pueden lograr precios de sus productos que cubran sus costos de producción y permitan márgenes de ganancia. En este sentido, el Estado debe invertir en la formación y fortalecimiento de las asociaciones de productores. Tal vez, el fracaso de 60 años de programas de desarrollo agrario campesino radique principalmente en el hecho de que el campesino sigue enfrentándose a un mercado de forma aislada, recibiendo precios de sus productos por debajo de su valor.

En cuanto a los pueblos indígenas, la política agraria apropiada debe partir de la investigación concreta de la situación de los grupos que aún tienen o pueden tener dominios territoriales, para en ellos establecer, en forma participativa, planes de explotación agrosirvopastoril, que garanticen la preservación de los recursos y la biodiversidad.

Particular importancia reviste garantizar que las empresas madereras, las estancias circundantes y los comerciantes no sobreexploten a estos grupos. Más que en otras situaciones, el apoyo a los pueblos indígenas de tierras bajas tiene que ser integral, en el sentido de contemplar paralelamente a los programas de producción agraria, pecuaria y forestal, programas de educación, salud y organización.

(*)Danilo Paz B. es sociólogo, investigador del CESU-UMSS