La sorpresiva designación de los nuevos vocales que representan al Poder Ejecutivo en ocho Tribunales Electorales Departamentales (TDE) suscita algunos cuestionamientos acerca de la legalidad de ese procedimiento, su oportunidad y propósito.

En efecto, el pasado miércoles, 30 de junio, el presidente de la Cámara de Diputados posesionó a los vocales designados por el presidente del Estado para ocho TDE. Seis de ellos reemplazan a los designados por la expresidenta del Gobierno transitorio y dos cubren las acefalías resultantes de renuncias.

Si bien el Ministro de Justicia segura que las nuevas designaciones se enmarca en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, esto no parece tan cierto, pues seis vocales fueron destituidos. Y la ley específica, en su artículo 20, establece tres causales para la conclusión de las funciones de esos funcionarios: vencimiento del periodo de funciones; renuncia presentada ante la instancia encargada de su designación; y, finalmente, incapacidad absoluta permanente. El artículo 21 prevé la pérdida del mandato solo si el vocal es procesado en la justicia ordinaria y tiene sentencia ejecutoriada condenatoria.

“Solo existían dos vacancias la de Chuquisaca y Cochabamba, los vocales designados por Áñez renunciaron tras la dimisión de Salvador Romero y transcurrida la elección de autoridades subnacionales; sin embargo, el resto de los vocales no había renunciado”, constató en un comunicado la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).

Algunos de esos nuevos vocales cumplían las mismas funciones cuando en octubre de 2019, cuando tuvieron lugar las fallidas elecciones anuladas por fraude.

Curiosamente, el mismo día que tuvo lugar la posesión de esos vocales designados por el Presidente, este no se refirió al asunto, a pesar que pronunció un discurso difundido por el canal estatal. Es cierto que el motivo de la alocución presidencial –la primera en siete meses en la que no mencionó el nombre de la expresidenta ni calificó de “de facto” a su Gobierno– era anunciar el arribo de más partidas de vacunas contra la Covid y la ampliación del rango de edad de la inmunización a los mayores de 18 años. Pero un tema como el nombramiento de nuevos vocales departamentales electorales reviste suficiente importancia como para que la máxima del Estado lo mencione.

La oportunidad de esos nombramientos llama la atención, pues no tendremos ningún evento electoral, hasta diciembre de 2023, cuando deben llevarse a cabo las elecciones judiciales.

En ese contexto, parece razonable cuestionarse acercas del propósito real de esas designaciones.