Dirigentes indígenas expusieron cómo son afectados por los avasallamientos en el Tercer Congreso Por La Tierra, realizado el viernes en San Miguel de Velasco. Participaron representantes de los pueblos indígenas de tierras bajas, además de dirigentes cívicos y autoridades departamentales. Narraron la problemática que viven en las provincias Velasco, Ñuflo de Chávez, Chiquitos, Ángel Sandoval y Germán Busch, entre otras.

El gran cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco, Julio Eguez, denunció que estos avasallamientos buscan aculturizarlos, cuando ninguna cultura puede estar por encima de otra. Agregó que en la comunidad Miraflores, ubicada en el municipio de San Rafael, sus costumbres han sido desplazadas por los colonizadores.

Dijo que en 2003 se pidió una tierra comunitaria de 103.000 hectáreas, pero hasta la fecha no han obtenido una respuesta. “Como chiquitanos merecemos un espacio, las comunidades están quedando chicas debido al crecimiento humano y el futuro de nuestras próximas generaciones está en riesgo”, destacó.

El past presidente de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Urubo, Julio Socore, contó que en los últimos cinco años, un total de 250 comunidades, con sus respectivas resoluciones, son las que se encuentran asentadas en el municipio de San José de Chiquititos.

“Al no existir una planificación ni coordinación con los pueblos indígenas y gobiernos municipales, pueden asentarse en áreas protegidas o nacientes de agua”.

La Gran Cacique de la Nación Chiquitana, Beatriz Tapanache, dijo que los asentamientos ilegales constituyen un gran riesgo para el medio ambiente, “porque llegan, se asientan y tumban todos los árboles. Nosotros los indígenas tenemos amor a la naturaleza, cuidamos nuestro territorio”, expresó.

Añadió que los territorios de tierras bajas tienen que ser respetados y por eso tienen como objetivo, dejar tierras saneadas para las futuras generaciones, porque un pueblo sin identidad y cultura, no tiene un futuro, complementó.

El cacique Benancio Gómez relató que la comunidad Palmarito Alto Paragua es una de las más afectadas. “Por eso quiero pedir, que aquel dirigente que sea encontrado realizando tráfico de tierras o trayendo comunidades, sea sometido a la justicia comunitaria”.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de San José de Chiquitos y del Bloque Ganadero Chiquitano, Adrián Castedo, indicó que en este municipio hay 12 propiedades avasalladas y otras en riesgo, porque los colonos ingresan y salen, además de amenazar al personal y propietarios.

Denunció que los supuestos avasalladores no cuentan con documentos y por eso han pedido a las autoridades que actúen contra estos hechos. “Hace unos días, en un predio ganadero, se escuchó a uno de los denunciados hablar por teléfono con otra persona a la que le decía: mándame el camión con la dinamita y los mineros”.

Esta situación, añadió, es tráfico de tierras porque no son personas de la zona las que están necesitando de estas tierras.

El presidente del Comité Cívico de San Miguel de Velasco, Jorge Toledo, contó que, si bien existe problemas con los avasallamientos, también hay un proceso “malintencionado” de ocupación tierras y colonización en la región chiquitana.

Denunció que, en su municipio, existe un instrumento operativizado del INRA, que son 72 resoluciones de asentamientos que buscarían otorgar 135.000 hectáreas a comunidades que no son de la zona, además de Planes de Desmonte, que pretende aprobar el 40% de desmonte de esa superficie.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, reiteró que nunca va a negociar los principios del pueblo. “Le quiero decir al centralismo que mandó a decir que no se iba a poder constituir la Comisión Agraria Departamental (CAD) que la diferencia es que ahora tienen un gobernador que no es vendido”.

A su vez, Evo Morales (jefe del MAS) descalificó el congreso por la tierra. “La mal llamada ‘cumbre de la tierra’, organizada por grupos irregulares vinculados a sectores separatistas y golpistas de logias de Santa Cruz, busca enfrentamiento y derramamiento de sangre entre hermanos bolivianos. La justicia debe sancionar a sus financiadores y operadores”, posteó en Twitter.

A su vez, los interculturales se declararon en emergencia y acusaron al gobernador cruceño de actuar ilegalmente al pretender controlar el tema de la tierra.

El sábado, dos de los siete jóvenes que fueron aprehendidos, acusados de portar armas de fuego, cuando se dirigían a la cumbre por la tierra, fueron enviados a la cárcel de Palmasola.