Gustavo Ávila ha retornado como vocal al Tribunal Electoral Departamental (TED) después de casi año y media de persecución judicial infructuosa y un paso efímero por la representación del Ministerio de Justicia. Así lo ha determinado el presidente del Estado Luis Arce Catacora, que en uso de unas atribuciones seguramente cuestionables pero constitucionales, ha sustituido a los vocales nombrados por la presidenta transitoria Jeanine Áñez por otros.

El asunto resuelve en parte una anomalía. Unos vocales elegidos en Asamblea fueron depuestos por una Ley de convocatoria de elecciones que también contemplaba la renovación de los entes y que ciertamente era parte de un acuerdo político, pero que se vio vulnerado cuando la Presidenta Transitoria decidió convertirse en Presidenta candidata, sembrando así la sospecha sobre sus vocales designados, incluido Salvador Romero, el presidente del TSE, que fue fruto de una suerte de consenso.

Sobre los vocales depuestos por Ley pesaban las acusaciones fiscales de haber participado en supuestos fraudes electorales en la elección de 2019, algo que hasta el momento no se ha demostrado ni siquiera por las partes más interesadas, más allá de una sospecha general de cambios de tendencia que arroja la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) sin señalar a los responsables concretos, que necesariamente deberían ser los vocales de los diferentes TED.

Ávila llegó por primera vez al TED después de ganar el concurso convocado por la Asamblea Legislativa Departamental, y fueron sus compañeros de la Sala Plena quienes le otorgaron la Presidencia del ente no solo por una gestión, como a veces se pretende, sino por todos los años que estuvo ejerciendo. Ávila había hecho antes carrera dentro del TED, donde entró como un llano funcionario y acabó como secretario de Cámara. Después hizo carrera en la Asamblea, pero no dudó en volver a la entidad que le apasionaba en cuanto pudo.

Aunque se impongan deformaciones de la memoria, en Tarija no hubo un solo acta observada en la elección de 2019 y todos los partidos firmaron el documento de conformidad antes de que estallara el conflicto, producto de la divergencia entre los datos que venía ofreciendo el sistema de Transmisión Rápida de Datos (TREP) antes y después del corte intempestivo y aún no explicado por el Gobierno de entonces, ni por nadie más. La diferencia, como es sabido, era de una resolución en segunda vuelta con una distancia del 8 por ciento entre Evo Morales y Carlos Mesa, a una victoria en primera del oficialismo por apenas medio punto (distancia de 10,5%).

En el afán por demostrar quién sabe qué, Nataly Vargas, que había sido designada vocal por Áñez igual que Romero e igualmente designada Presidenta por la Sala Plena, se personó en la causa, pero nunca se pudo probar nada concluyente de un fraude, al menos en Tarija, por lo que el asunto entraba ya en otros territorios. Vargas no quiso seguir el camino de Salvador Romero y quedó envuelta en una maraña de procedimientos judiciales que ensombrecen su gestión con acusaciones graves sobre el manejo de fondos, además de otros escándalos.

El TED recobra ahora la normalidad institucional, guste o no, mientras que Ávila cierra un capítulo en el que se le hace justicia. Ojalá la democracia boliviana encuentre también pronto la estabilidad que necesita, más en estos tiempos de crisis.