La democracia es esencialmente un sistema que limita el poder de los gobernantes, volviéndolo pasajero y sujetándolo a la rendición de cuentas, tanto por su distribución del poder en distintos órganos y niveles del Estado como por la noción de que la alternancia obligará a quienes gobiernan a responder por sus actos frente a un gobierno distinto. Por ello, el intento de perpetuación en el poder por encima de la Constitución y contra el referéndum del 21F, constituía un gravísimo atentado al orden democrático boliviano, que esperemos sea una vez más ratificado en los límites a la reelección presidencial mediante el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se debe hacer público en los próximos días. 

En realidad, más allá de la resolución que comunique la Corte, en una decisión de tal importancia, el pueblo boliviano ya ha resuelto esta discusión en varias oportunidades, por lo que, quienes aún ponen en duda estos límites a la reelección actúan desconociendo la soberanía del pueblo boliviano que al aprobar la Constitución vigente, determinó que los ciudadanos bolivianos no podrían reelegirse de forma continua más de una vez en los cargos de presidentes, gobernadores y alcaldes, así como tampoco para senadores, diputados, asambleístas departamentales y concejales municipales.

Esta voluntad popular se expresó nuevamente en el referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que se rechazó la reforma de la Constitución, que buscaba darle a Evo Morales la posibilidad de un cuarto mandato, con una interpretación de la Constitución que en los hechos implicaba otorgarle la opción de una reelección indefinida, violando la norma fundamental y burlando el voto ciudadano.

Igualmente, tras la crisis política y social provocada por el fraude electoral descubierto en las elecciones de octubre de 2019, se aprobaron por unanimidad dos leyes que ratificaron los límites a la reelección presidencial y de las autoridades electas de los tres niveles del gobierno. Como presidente de la Comisión de Constitución del Senado, propuse y trabajé en el consenso necesario para que la Asamblea Legislativa Plurinacional en su conjunto, restablezca el respeto a la Constitución y al voto de los bolivianos.

El artículo 19 de la Ley 1266, aprobada el 24 de noviembre de 2019, sobre las elecciones nacionales, establece en su parágrafo II, que Las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos períodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo. Igualmente, la Ley 1269, Ley Excepcional para la convocatoria y realización de elecciones subnacionales, promulgada el 23 de diciembre de 2019, establece en su artículo tercero que Las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos períodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos a un mismo cargo electivo. De esta forma, dos leyes, vale la pena reiterar, aprobadas por unanimidad, ratificaron los límites constitucionales a la reelección en Bolivia, no solo para el presidente sino para todas las autoridades electas en los tres niveles del Estado.

Obviamente, la citada resolución de la Corte Interamericana, sería trascendental para eliminar la posibilidad de manipulación legal promovida por algunos gobiernos en contra de sus propias constituciones y devolver a los ciudadanos su verdadero poder para controlar y limitar el gobierno que temporalmente le entregan a sus representantes. De esta forma, se evitaría el abuso a las mayorías legislativas y/o interpretaciones arbitrarias por parte de tribunales constitucionales politizados.

De esta forma quedará claro que así como la democracia es el sistema por el cual los ciudadanos votan y eligen a sus gobernantes, es también el sistema que tiene como principio fundamental el de limitar el poder, siendo uno de los principales instrumentos para ello, el de la alternancia en el gobierno, pues de los contrario, en un sistema presidencialista es tan fuerte la concentración del poder en el presidente, que este tenderá a perpetuarse y eliminar toda competencia real, con lo que la democracia pasa a convertirse en una fachada que ya no cumple sus verdaderos fines.