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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 01 de julio de 2021
Categoría: Institucional
Subcategoría: Vocales
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Catorce instituciones de la sociedad civil denunciaron hoy la remoción ilegal de seis vocales electorales departamentales quienes fueron sustituidos por los representantes del Ejecutivo posesionados ayer.
Los Tribunales Electorales Departamentales (TED)de Tarija, Beni, Pando, Oruro, Potosí y Santa Cruz, “no tenían vacancias, los y las vocales designadas conforme al procedimiento constitucional no han sido sometidos a ningún proceso disciplinario o judicial, ni presentaron renuncia a su cargo”, destacan los firmantes de un pronunciamiento.
La Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) y lasotras instituciones firmantes hacen notar que "solo existían dos vacancias la de Chuquisaca y Cochabamba, los vocales designados por Áñez renunciaron tras la dimisión de Salvador Romero y transcurrida la elección de autoridades subnacionales, sin embargo, el resto de los vocales no había renunciado".
Este hecho es, desde su punto de vista, “un ataque a la independencia y autonomía del Órgano Electoral” y un “atropello ostensible a la institucionalidad, a las leyes y a la Constitución Política del Estado”.
Según las normas en vigencia, el mandato de los vocales es de seis años, medida que tiene por objetivo evitar cambios al “antojo” de cualquier gobierno.
En ese sentido, gozan de inamovilidad en el cargo hasta el cumplimiento de su mandato y solo pueden ser removidos por sentencia penal condenatoria o por una falta muy grave según el artículo 21 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, lo que en este caso no ocurrió.
“Los vocales designados por el presidente del Estado, si bien tienen un proceso de designación diferente al de los otros cuatro que conforman la Sala Plena de los TED, al momento de ser posesionados formalmente se convierten en un vocal más que debe cumplir un mandato de seis años al igual que los vocales designados por la Cámara de Diputados”, agregan los denunciantes.
Además de la OCD Bolivia, las otras organizaciones que suscriben el pronunciamiento son: Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP), Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, Construyendo Redes para el Desarrollo, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Foro Político Departamental de Mujeres Cochabamba, Fundación Igualdad LGBT, Fundación Jubileo, Grupo Prisma, Iniciativa Latam, Instituto de Desarrollo y Gobernabilidad (IDG), Oficina Jurídica para la Mujer, Programa de Capacitación Política (Procap).
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Sin embargo, esta no es la única observación a los ocho vocales electorales posesionados el miércoles., ya que al menos cuatro participaron del proceso electoral de octubre de 2019, anulado por denuncias de fraude, y en la gestión de uno de ellos se inhabilitó a 208 candidatos de demócratas en las elecciones subnacionales de 2015, entre ellos el exgobernador Ernesto Suárez.
Al respecto el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, denunció a través de un tuit que "el nombramiento ilegal de vocales electorales sin respetar la institucionalidad y convocando a personas que fueron parte de los hechos de 2019, es una nueva muestra del autoritarismo y la búsqueda del control de todos los órganos del Estado".