Después de la  decisión del presidente Luis Arce  de reemplazar  a seis vocales de los tribunales electorales departamentales (TED), de designación presidencial, pese a que la Ley 018 señala que tienen “inamovilidad”, organizaciones de la sociedad civil  y opositores advirtieron que el MAS atenta contra la independencia y la institucionalidad del Órgano Electoral  Plurinacional (OEP).

 Asimismo,  un diputado oficialista solicitó la suspensión del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, y de  la vicepresidenta  de esa entidad,  Nancy Gutiérrez, por el llamado caso Baptista.

Mediante un conjunto de decretos supremos    Arce determinó abrogar los decretos por  los cuales fueron designados, durante el gobierno de transición,  seis vocales de los TED de Tarija, Beni, Pando, Oruro, Potosí y Santa Cruz (uno por región), y dispuso reemplazarlos por otros que sean de su “confianza”. 

Sin embargo, el artículo 20 de la Ley 018 del  Órgano Electoral  indica que los vocales “tienen inamovilidad durante todo el período establecido para el desempeño de sus funciones”. Esa norma  establece que concluyen  sus mandatos  por:  vencimiento del período de funciones, renuncia presentada ante la instancia encargada de su designación o incapacidad absoluta permanente, declarada conforme a ley.

Asimismo, el artículo 21 de la misma norma señala que los vocales perderán sus funciones cuando haya una sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos de corrupción, o por delitos que conlleven cumplimiento efectivo de pena privativa de libertad, o por la comisión de alguna falta muy grave contemplada  en  esa misma ley. La Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) Bolivia y 13 organizaciones de la sociedad civil calificaron la decisión del Ejecutivo  como un “ataque” a la independencia y autonomía del OEP,  y remarcaron que  “la disposición que establece la ‘designación’ de un(a) vocal por parte de la o el presidente del Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, no significa en ningún caso que dicha vocalía funcione como una representación del gobierno nacional en los tribunales electorales departamentales”.

Solicitud de suspensión

El diputado del MAS Ramiro Venegas, quien denunció penalmente al expresidente del TSE Salvador Romero por la presunta comisión de  incumplimiento de deberes,  informó a Página Siete que solicitó la suspensión del actual presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y de la vicepresidenta, Nancy Gutiérrez, por la presunta comisión de incumplimiento de deberes.

“Hay un incongruencia. Ellos están incurriendo en resoluciones contrarias a la ley, al no aceptar, al obviar, mi tarea de fiscalizar. Ellos tratan de manipular, por eso vemos una  complicidad. Más adelante daré una conferencia de prensa, porque hay cosas que no están bien en la Corte Electoral (...). Hemos pedido eso (la suspensión), porque no están procediendo de acuerdo a la normativa”, manifestó.

El diputado  informó que en el marco del proceso que sigue a Romero, solicitó la ampliación de la denuncia contra la vocal Rosario Baptista y recordó que el proceso penal contra Romero lo abrió porque no respondió a dos peticiones de informe cuando se encontraba al mando del TSE, sobre   la carta enviada a la OEA por Baptista, en la que pidió una auditoría  al padrón electoral. 

“Se ha ampliado también la denuncia a la vocal Baptista, también por incumplimiento de deberes. Baptista mandó una carta a la OEA pidiendo una auditoría, poniendo en duda la democracia y el sistema electoral”, afirmó Venegas e indicó que en este caso  hay  “retardación” de la justicia.

Consultado sobre si sus acciones no implicarían un descabezamiento del TSE, el legislador sostuvo: “Yo me he enmarcado en la norma y en las leyes vigentes y juré hacer respetar nuestras leyes y las normas. No es un tema de descabezar,  sino en el sentido de que las cosas tienen que ser correctas, se tienen que aclarar todo en su debido momento para que no ocurra lo que pasó en el golpe de Estado”.

Asimismo, este medio constató con fuentes del TSE que existe una denuncia contra el actual presidente y la vicepresidente de ese tribunal, y que este caso fue declarado en “reserva” hasta que la sala plena resuelva si se acepta o no iniciar un proceso contra las autoridades. Para resolver la causa  estarían habilitados para votar los vocales Francisco Vargas, Daniel Atahuachi, María Ruiz y Dina Chuquimia.

Respecto a esta situación, el  diputado de CC Alejandro Reyes expresó que el accionar del MAS contra el OEP es una prueba más de su autoritarismo. “Lo único que busca el MAS es someter a la institución, deslegitimar a las autoridades y es lo que pasó también con los vocales, porque se ha puesto como vocales departamentales a gente que es cuestionada y se ha sacado a los que estaban en funciones sin que hayan cumplido su término”.

Por su parte,  el diputado de Creemos Erwin Bazán cuestionó que el oficialismo actúe como lo hace, contra uno de los órganos que es garante de la democracia y apuntó: “El MAS tiene que dejar de manosear la institucionalidad democrática de este país. El respeto por las instituciones y sus manejos es fundamental para poder  gozar de una saludable democracia”. 

El diputado del MAS Juanito Angulo manifestó que con el nombramiento de los nuevos vocales departamentales,  el  Gobierno busca “profundizar la democracia”. “La oposición no tiene moral de cuestionar el tema de los vocales, ellos a dedo han puesto al anterior presidente del TSE, Salvador Romero. Nuestro gobierno hoy está posesionando a algunos con el fin de garantizar, de profundizar la democracia para los bolivianos”, expresó el legislador.