Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: jueves 01 de julio de 2021
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Después de que autorizó la distribución de pruebas de antígeno nasal con fecha vencida a los municipios de San Julián y de Cuatro Cañadas, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, enfrenta delitos penales por atentado a la salud, que podrían significar 10 años de privación de libertad.
Los alcaldes de Cuatro Cañadas, San Julián y San Ramón confirmaron que hoy se apersonarán ante el Ministerio Público de la capital cruceña para oficializar la denuncia penal por atentado a la salud contra autoridades departamentales de Santa Cruz, después de recibir pruebas de antígeno nasal con fecha caducada.
El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce Rodríguez calificó como una irresponsabilidad la orden de entrega de esos insumos que fueron dotados en marzo por el Gobierno, y recién en junio distribuidos.
“Por tanto, revisada la normativa legal vigente, hay delitos que se han cometido contra la salud pública, en este sentido la norma establece hasta 10 años de prisión cuando se actúa contra la salud pública del pueblo boliviano”, sostuvo el oficialista.
Héctor Arce advirtió que de continuar la actitud de soberbia, prepotencia y de violación a la normativa vigente, el gobernador Camacho apuesta por un fracaso en la administración política, económica y social del departamento cruceño.
El diputado por el MAS Juan José Jáuregui explicó que el artículo 216 del Código Penal señala que se considera como atentado a la salud pública cualquier tipo de conducta que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.
Por lo que la distribución de pruebas de antígeno nasal a los municipios de San Julián y de Cuatro Cañadas sin cumplir criterios destinados a la vigencia de valides es una conducta que se acomoda al tipo penal de atentado a la salud.
“La consecuencia será que se tenga que abrir un proceso investigativo a través de una denuncia formal, o el Ministerio Público a conocimiento de un delito de oficio puede abrir el proceso investigativo para que se dé con los autores materiales e intelectuales de la presunta comisión de este delito”, manifestó.



