Los asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) y la alianza Creemos que viajaron a Estados Unidos para presentar denuncias de violación de Derechos Humanos ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pueden enfrentar sanciones desde la separación temporal de las cámaras de entre seis a doce meses hasta la pérdida de mandato.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, en su momento refirió que los nueve legisladores que se trasladaron a la nación estadounidense habrían inobservado el artículo 25 del Reglamento de Debates de la Cámara Baja y el artículo 5 del Reglamento de Ética, lo que se adecuaría a lo que establece el artículo 7 del Reglamento de Ética, como faltas gravísimas.

Entre las faltas gravísimas se contempla “el abandono injustificado de sus funciones por más de seis (6) días de trabajo continuos u once (11) discontinuos en el año, conforme lo determina el Artículo 157 de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Diputados”.

“Queda claro que descuidaron la función pública para la que fueron elegidos y perjudicaron el trabajo legislativo”, indicó Mamani al sostener que para ese viaje los legisladores debían haber requerido el permiso respectivo.

Según el artículo 7 del Reglamento de Ética, “la diputada o diputado que incurra en las faltas gravísimas (…) será sancionada o sancionado con la separación definitiva de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta sanción implica la pérdida de mandato”.

Asimismo, se podría aplicar la sanción “con la separación temporal de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa Plurinacional por el tiempo de seis (6) a doce (12) meses, sin derecho a percibir remuneración alguna”.

El jefe de Bancada de Creemos en Diputados, Erwin Bazán, cuestionó al Presidente de la Cámara de Diputados al sostener que miente al indicar que “debían haber solicitado para realizar el viaje a EEUU”.

Refirió que no fueron en representación del Estado, “no tenemos que pedirle permiso ni a él ni a la directiva que no está estipulado ni en el reglamento ni la Constitución”, que corrieron con sus gastos y “no hay un daño que hubiéramos realizado porque el Reglamento de la Cámara establece que al menos una tercera parte de las sesiones deben participar nuestros suplentes y estaban habilitados”.

“Por lo tanto, esta denuncia es una persecución política, porque hemos denunciado al MAS”, señaló.

Debate

Este tema se trasladó a los pasillos de la Asamblea en que los oficialistas cuestionan el viaje opositor al indicar que fueron a dañar la imagen del Gobierno y del país; en tanto, los opositores sostienen que fue un viaje para denunciar los abusos del gobernante MAS, y que se constituye en una vendetta política, porque viajaron en el tiempo en que estaban habilitados sus suplentes y por tanto no se incidió en el trabajo.

Una forma de intimidación

La politóloga Patricia Velasco señala que esta denuncia que surge de una organización social afín al MAS, la Csutcb, tiene como objetivo intimidar a los legisladores de oposición que cuestionen el régimen. “Buscan enviar el mensaje en sentido que los opositores mejor bajen su tono, porque de lo contrario pueden ser enviados a un comité de ética con mucha facilidad”, dijo.

Los asambleístas de oposición que enfrentan el proceso son Andrés Ribera Salas, Walthy Egüez Paz, Ericka Chávez Aguilera, María René Álvarez Camacho, Mariel Marín Morales y Erwin Bazán Gutiérrez, de Creemos. En tanto, los legisladores de CC son Luisa Nayar Sosa, Erick Pedrazas y Enrique Fernando Urquidi Daza.