El prebendalismo es un mal endémico de nuestra cultura política. De todos los tiempos se remonta la práctica de comprar votos y respaldos, de cooptar organizaciones y líderes, de chantajear a poblaciones enteras para apoyar a este u otro partido o candidato. Tan arraigada está la práctica que lejos de verla como un riesgo para la salud de la democracia, se la ha institucionalizado, y las prebendas ya hace tiempo que no se dan debajo de la mesa, sino en actos masivos, televisados, con discursos y aplausos. Se la ha rebautizado como equidad, distribución, inclusión y, más recientemente -esto ya en una normativa- como usos y costumbres.

Es decir, esta perniciosa conducta ha dejado de ser un defecto para convertirse en una virtud; ha dejado de ser una forma de corrupción para devenir ahora en un respeto a las tradiciones ancestrales. ¡Increíble!

Lo más grave es que en este proceso de naturalización de la compra de conciencias se usan recursos públicos, de todos los bolivianos, en favor de un gobernante, autoridad o partido político. Y como oponerse a las culturas y sus usos y costumbres puede ser señal de racismo y discriminación, es mejor no abrir la boca y que estos actos se sigan institucionalizando, ley de por medio.

Para poner en contexto, hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción. Una de las modificaciones al Código Penal que busca introducir el proyecto, impulsado por el Ejecutivo, es la relacionada con el delito “Beneficios en razón del cargo”, contemplado en el artículo 147 del Código Penal. “No es punible la entrega de regalos a autoridades que según usos y costumbres o normas de protocolo se estilan”, señala parte del texto que busca introducirse en dicho artículo. 

Otra cuestión que llama la atención de la modificación de ese artículo es la relacionada con las penas. En el texto vigente del artículo 147 del Código Penal, del delito Beneficios en razón del cargo, se prevé dos sanciones: privación de libertad (de tres a ocho años) y multa (de 100 a 250 días). En cambio, en la redacción del artículo modificatorio del proyecto impulsado por el Gobierno ya no figura la pena de privación de libertad y sólo se señala que habrá una “multa sancionadora” de 251 a 400 días.

Es, como se puede ver, un incentivo para que, en respeto a los usos y costumbres, se siga alentando la prebenda de todo tipo con recursos del Estado.

Sin remontarnos a las prácticas instituidas por el expresidente Evo Morales, que hizo de los regalos y dádivas con recursos públicos una costumbre, el actual mandatario, en siete meses, entregó cuatro sedes a sectores sociales afines o base del MAS. El costo en conjunto de esas edificaciones supera los 21 millones de bolivianos.

El primer mandatario asumió el poder en noviembre de 2020 y desde entonces entregó sedes a la Federación de Cooperativas Mineras de Cochabamba, a los maestros rurales de Villamontes, a la Federación Sindical de Trabajadores en la Construcción de Cochabamba y a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. 

“Hemos hecho una inversión acá entre el monto y la supervisión de 5.162.000 bolivianos que han sido cancelados en su 100% y ahora esta sede es de ustedes hermanos cooperativistas”, indicó al entregar una de las obras.

Por supuesto que si se fiscalizan estas acciones las respuestas serán que los trabajadores de toda esta serie de instituciones han “solicitado” tales infraestructuras, o que son de urgente necesidad para tal o cual comunidad o municipio, pero no es necesario escarbar profundo para percibir que se eligen unas obras y no otras en función del apoyo político que estas reditúan.

Sin embargo, es tarea democrática reprochar y señalar estos abusos del poder y esta manipulación de la que buscan afanosamente ser objeto muchas organizaciones y sus dirigentes, que son quienes en última instancia resultan favorecidos, a cambio del apoyo incondicional al Gobierno, aún a costa de sus propias bases.