El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está envuelto en procesos legales que se activarán en su contra tras confirmar la entrega de 320 pruebas de coronavirus COVID-19 vencidas en San Julián.

La ola de críticas en su contra continúa. El alcalde de ese municipio, Willy Calderón, ve intencionalidad política por ser del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Dijo también que les entregaron 3.000 barbijos cuando en un acta decía 20.000 y así sucedió con otros insumos.

El diputado cruceño Rolando Cuellar (MAS) anunció que presentará ante la Fiscalía una querella penal en contra de Camacho por los delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes. 

El Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Santa Cruz calificó como “error técnico” y se instruyó la auditoría interna e investigaciones para determinar las responsabilidades. También se envió test de antígeno nasal para reemplazarlos.

Para el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, citado por ABI, se trata de un “atentado a la salud pública” y pidió a las instancias correspondientes sancionar a los responsables.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó de vergonzoso lo sucedido.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se pronunció al respecto el domingo y anunció que se realizará una investigación “exhaustiva” al caso hasta encontrar las verdaderas causas y responsabilidades.