La revelación del expresidente Evo Morales acerca de las conversaciones que dijo haber mantenido con autoridades de instituciones del Estado desde su refugio en Argentina sobre su estrategia electoral y su influencia en el cambio de la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no fue respondida por ninguna autoridad judicial; el órgano con sede en Sucre mantiene silencio. El que sí respondió fue el expresidente Carlos Mesa, quien dijo que las versiones del exmandatario constituyen delitos.

El Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) guardan silencio sobre las fuertes revelaciones que hizo Morales en sentido de que, desde su asilo en Argentina, habría promovido el cambio de autoridades en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque –según dijo– había la posibilidad de que la Presidencia del Estado recaiga en una autoridad judicial.

LAS CONFESIONES DE EVO

El domingo, el expresidente, en su programa dominical “Evo es Pueblo”, difundido por la radio Kawsachun Coca, reveló que durante 2020 mantuvo contactos con autoridades e instituciones del Estado, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para evitar la eliminación de la sigla del MAS y le permita retomar el control del Ejecutivo en las elecciones generales, y que incluso había la posibilidad de que la Presidencia del país recaiga en manos de un magistrado del TSJ.

En concreto, confesó que en una semana promovió el cambio de la presidenta, en referencia a la magistrada tarijeña María Cristina Díaz, que permaneció en el cargo durante siete meses y fue sustituida por Olvis Egüez.

SIN RESPUESTA OFICIAL

Ayer, CORREO DEL SUR intentó conocer la versión de las autoridades judiciales pero no obtuvo una respuesta oficial. Sin embargo, se supo que algunos magistrados expresaron su preocupación por las declaraciones del exmandatario y adelantaron que en las próximas horas habría un pronunciamiento conjunto.

El 16 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales, también lo hizo el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, y asumió el cargo Díaz, hasta que siete meses después, el 19 de junio de 2020, sus colegas le retiraron su confianza y ese puesto fue ocupado por Egüez.

En ese entonces, trascendió que algunos magistrados habrían admitido internamente que la designación del nuevo presidente se dio por orden de Evo Morales, y que, pese a no estar de acuerdo, “tuvieron que respaldar esa decisión”.

DENUNCIA Y ¿NEGOCIACIÓN?

La magistrada Díaz, tras ser sustituida abruptamente, denunció en una conferencia de prensa que el reemplazo se había producido por “intereses políticos”. Las recientes revelaciones de Evo Morales confirmarían esa versión.

Al interior del TSJ se comenta que dentro del MAS, entre varias estrategias para retomar el poder en caso de que cayera Jeanine Áñez, se alistaba una sucesión presidencial para hacer presidente del Estado a un magistrado y, como Díaz no estaba en los planes, promovieron su cambio.

¿Qué magistrado fue el que negoció la presidencia del TSJ con el expresidente Evo Morales?, se preguntan algunos abogados, que sostienen que este antecedente confirma la injerencia del Ejecutivo en el Judicial.

¿REACCIONARÁ LA FISCALÍA?

La presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Silvia Padilla, señaló que, de ser ciertas las versiones del expresidente Morales, se cometió el delito de tráfico de influencias y el Ministerio Público debería iniciar una investigación de oficio.

Del TCP, este diario tampoco obtuvo una reacción sobre la noticia que el país viene comentando desde el domingo.