La Defensoría del Pueblo instó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Órgano Judicial a emitir resoluciones basadas en estándares de derechos humanos, la Constitución Política del Estado (CPE) y el protocolo para juzgar con perspectiva de género la demanda de la comunidad Lesbiana, Gays, Transexuales, Intersexual, Queer en otras (Lgtbiq+) en trámites de reconocimiento de la unión libre entre parejas del mismo sexo.

El ente defensorial considera que se debe tomar en cuenta la normativa nacional e internacional de derechos humanos como la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“La misma determina que el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo debe también ser protegido sin discriminación alguna con respecto a las parejas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación así como todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar protegido entre personas del mismo sexo, garantizando con ello el ejercicio pleno de los derechos de las personas con diversa orientación sexual o identidad de género”, explicó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Cruz afirmó que la comunidad Lgtbiq+ merece las mismas prerrogativas que el resto de la ciudadanía para formar familias y gozar de los derechos al igual que las parejas heterosexuales.

“Estos núcleos son valiosos en la verdadera construcción de un Estado Plurinacional, inclusivo y social y requieren el desarrollo de políticas que permitan que la sociedad integre las mismas de forma plena y armónica”, señala un boletín institucional de la Defensoría.

Demanda de Leonel Rivas

Leonel Rivas demandó el reconocimiento judicial de la unión libre con Ronald Vía, quien falleció a principios de este año. Rivas solicitó ante la instancia competente reconocer esta unión, así como los derechos y obligaciones que de ella emergen.

Ante la situación la Defensoría espera que el Órgano Judicial emita una respuesta conforme a estándares de derechos humanos.

“Muchas parejas del mismo sexo se encuentran en desprotección e inseguridad jurídica, pues no pueden gozar de derechos, como la seguridad social a corto o largo plazo, beneficios laborales, pensiones familiares y sus derechos patrimoniales ante una separación o fallecimiento de la pareja”, manifestó la Defensora del Pueblo.

Intromisión de instituciones regiligiosas en asuntos del TCP

La autoridad defensorial advirtió peligros de intromisión de instituciones religiosas en las determinaciones del TCP respecto al reconocimiento de la unión libre.

“Cuestionamos que el TCP, en consideración a una Acción de Amparo Constitucional referida a la inscripción de la unión libre de dos ciudadanos del mismo sexo ante el Servicio de Registro Cívico (Serecí), solicitó la opinión de la Iglesia Católica en calidad de amicus; rechazamos la intromisión de cualquier institución de carácter religioso en las determinaciones de este Tribunal”, aseveró Cruz.

La defensora señaló que el TCP debe basarse en la CPE y en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por Bolivia.

“Recurrir a la religión de unos para dilucidar asuntos referidos a los derechos humanos, no sólo es contrario a la norma fundamental, cuyo Artículo 4 señala que el Estado es independiente de la religión, sino que coloca a las personas Lgbtq+ en una posición de discriminación”, sostuvo.

La comunidad Lgtbiq+ en completa “indefensión”

Según la institución defensorial, la crisis sanitaria por el coronavirus, dejó en “indefensión” a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, como la población LGBTIQ+; resaltando la preocupación por la ausencia de medidas afirmativas desde el Estado en favor de esta población.
“La Resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado que se debe garantizar la inclusión de esta población, en particular de aquellas que se encuentran en un ciclo de pobreza, exclusión y falta de acceso a la vivienda, en la formulación de políticas de asistencia social durante la pandemia, así como en las eventuales medidas de reactivación económica”, indicó Cruz.

La Defensoría del Pueblo “lamenta” que el Estado no tenga información cuantitativa y cualitativa de la población Lgtbiq+, considerando que limita las posibilidades de desarrollar políticas públicas a corto, mediano y largo plazo en beneficio de este sector.