Realizadas las Elecciones Nacionales el 20 de octubre de 2019, sobrevino a ellas un sinnúmero de protestas porque se acusaba al Gobierno de haber realizado un fraude electoral; ya que el mismo día de las elecciones se suspendiera sorpresivamente el conteo rápido, que inicialmente marcaba 45.28% para Morales y 38.16 % para Mesa, con el 83.76 % de los votos escrutados, ventaja que le era necesaria para proclamarse ganador en primera vuelta. Luego se llevaron a cabo multitudinarios cabildos de protesta en los nueve departamentos, todos ellos en protesta contra el resultado electoral.

Ante tanta agitación, el Gobierno de Evo Morales anunció que el 31 de octubre iniciará una auditoría de la OEA a las votaciones del pasado 20 de octubre; pues las protestas por los comicios habían dejado la noche del 30 de octubre dos personas muertas en la ciudad de Montero y otras seis resultaron heridas, en enfrentamientos entre detractores y defensores de Morales. Y a los diez días de realizadas las elecciones, el miércoles 30 de octubre de 2019 arranca el acuerdo, con la firma de un pacto, vía electrónica, entre el Gobierno del Bolivia y la OEA, para que el jueves 31 comience la «auditoría integral» para que resuelva “todas las dudas”.

PUBLICIDAD

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pary, informó que son 30 expertos los encargados de hacer la tarea de verificación, sin interferir en la soberanía boliviana y sin afectar la independencia del Órgano Electoral. Bolivia se comprometió a garantizar «todas las facilidades» a la OEA para verificar actas de votación, así como el acceso a instalaciones y estadísticas, y la supervisión de la cadena de custodia de votos y su conteo. El canciller Diego Pary aseguró que espera que la auditoría resuelva “todas las dudas» y que una vez se complete la revisión y el documento, el informe “vinculante para ambas partes” será entregado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien lo trasladará a la administración el país. Cabe resaltar que eran siete los puntos del convenio y el numero 6 rezaba así.  “El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes”. El 4 de diciembre de 2019, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó el informe final de la auditoría realizada a las Elecciones Generales celebradas el 20 de octubre en Bolivia.

El informe comprueba que la manipulación dolosa de los comicios se produjo en dos planos. En primer lugar, la auditoría detectó alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas. En segundo plano, se constató que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas.

PUBLICIDAD

A ello se suman irregularidades graves, como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. El informe detalla además un significativo número de errores e indicios. La auditoría revela la parcialidad de la autoridad electoral. Los vocales del TSE, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral”. El resultado no califica Fraude porque el convenio que se suscribió era para una “Auditoría Integral”. La conclusión del informe es que “las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Evo Morales, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”. El trabajo fue realizado entre el 1 y el 9 de noviembre por un equipo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre ellos: abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral.

Luego, el 10 de noviembre de 2019 se produjo la “renuncia” del Presidente, Vicepresidente, ministros de Estado y los presidentes de las Cámaras Legislativas y sobrevino la sucesión Constitucional de un Gobierno transitorio.

El “Convenio Vinculante” que Bolivia suscribió con la Organización de Estados Americanos (OEA), jurídicamente y en los hechos viene a ser Juicio de “árbitros” o también llamados “Amigables Componedores” y en Derecho Internacional Público un Laudo Arbitral establecido en la Doctrina del Derecho Procesal, son procedimientos legales, son jueces nombrados y escogidos por las partes para conocer y decidir las controversias a su conocimiento.

El arbitraje por su naturaleza es un “contrato” sinalagmático, que tiene fuerza de Ley entre las partes contratantes y en esta virtud la intervención de la Ley.  El fallo de un tribunal arbitral es inapelable y hace plena fe; por ello en punto sexto del citado contrato de Bolivia con la OEA decía: “El Resultado del informe de Auditoría será Vinculante para las dos partes “; o sea viene a ser una “Sentencia Ejecutoriada”. Sucede que el actual Gobierno señala que no hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019, que no existen pruebas, desconociendo un resultado “Ejecutoriado”, consentido y convenido entre Bolivia y la OEA. Y los áulicos y adláteres del MAS cacarean también que no hubo fraude y que no hay pruebas, ante la débil protesta de una oposición aplazada. El ejemplo más certero de lo que significa “VINCULANTE” en la ciencia jurídica, está en la propia Constitución Política del Estado, en el Art. 203, que a la letra dice: “Las decisiones y Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional son de CARÁCTER VINCULANTE y de cumplimiento obligatorio y contra ella no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.

Y el hecho mortal contundente e inobjetable que avala y confirma el Resultado que dieron los” treinta expertos” de la OEA que auditaron sobre la base del convenio suscrito con Bolivia, viene a ser la Ley N° 1.266 de 24 de noviembre de 2019, elaborada por los diputados y senadores del propio Movimiento al Socialismo, que en lo pertinente dice: “La Asamblea Legislativa Plurinacional DECRETA: ARTÍCULO 2. I) Se deja sin efecto legal las Elecciones Generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados. II) Se dispone la realización de nuevas Elecciones Generales para el periodo de mandato constitucional 2020 a 2025. Esta Ley enterró definitivamente las elecciones de 2019. Ley que ex profesamente el Gobierno la ignora, vulnerando el Art. 164 numerales I y II de la Constitución Política del Estado que señalan que: “Una vez promulgada la Ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación”.

El no reconocer una Ley, no aplicarla, excluirla o ignorarla está penada por los Arts.153 y 154 del Código Penal, que sería resoluciones contrarias a la Ley e incumplimiento de deberes.

El Gobierno se afana inútilmente por demostrar que no hubo fraude, para ello, en un juicio inventado sobre Golpe de Estado, están facultando a la Fiscalía y a un Juzgado el reinvestigar aquel proceso electoral de 2019, cuando ya fue AUDITADO por 30 especialistas, pretendiendo dar vida a un muerto, enterrado, lacrado, sacramentado y que dejó de existir por la Ley No. 1.266 arriba citada. Lo que corresponde es hablar de los vivos y no de los muertos, para ello se debe impulsar una Auditoría a la Elecciones Nacionales del 18 de octubre de 2020, a las que el Tribunal Supremo Electoral negó rotundamente hacer una auditoría, a pesar de un sinnúmero de pedidos y súplicas del pueblo de Bolivia