Necesitamos que nuestra democracia se fortalezca y para ello se hace necesario un esfuerzo especial ordenador de pensamientos y acciones que nos permitan superar las cargas colectivas que no sean imprescindibles.    

Es posible que en el momento de publicarse este artículo ya se conozca oficialmente el fallo a la opinión consultiva que realizó el gobierno colombiano el 18 de octubre del 2019, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que rechazaría la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recordemos que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 084/2017 fue utilizada por el MAS para habilitar a Evo Morales por encima de la Constitución y del referéndum del 21 de febrero de 2016.  El fallo del TCP, interpretando indebidamente el Artículo 23 del Pacto de San José, afirmaba el absurdo que la reelección indefinida tenía calidad de derecho humano y no podía ser desconocido.

Cuando la CIDH oficialice su opinión, vinculante para los Estados que tienen legislación diferente, se hará necesario restablecer la jurisprudencia interna plena y corregir el brulote jurídico fortaleciendo las salvaguardas constitucionales que impidan en el futuro otros entusiasmos afiebrados de poderosos circunstanciales. Tendremos que recordar, y no por venganza sino por justicia, como gusta repetirse en estos tiempos los argumentos de quienes, sabiendo el error en el que incurrían, arrastraron a la sociedad y al Estado a una situación deplorable. 

Tendremos que recodar también los nombres de los defensores de esa ignominia pública que ni siquiera aparecieron ante la Comisión para defender frente a otros abogados no sometidos al poder los argumentos con los que se ganaron el favor político del gobierno; esos ciudadanos deberán soportar el escarnio que se ganan las venalidades humanas.

Resuelta esta situación, habrá que recomponer también el peso constitucional sobre las violaciones que nos arrastraron a una situación que nuestra democracia no se merecía. La primacía Constitucional sobre mandatos transparentes, el Artículo 168, ratificados por la inviolabilidad de la soberanía popular expresada en un referéndum. 

Absolutamente nada de lo que estamos viviendo en estos momentos estaría ocurriendo si no aparecían los cortesanos y ofrecían argumentos facilistas al poder, en su pretensión de convertirse en insustituible. Para eso sirve la historia y el análisis sistemático del derecho que obliga volver al vicio más antiguo, y así restablecer derechos desconocidos o conculcados. La justicia tendrá que escuchar en estrados las disculpas que nos deben quienes vejaron una democracia que supusieron inerme, asumiendo sus responsabilidades.

Y esta será una condición que tendrá que cumplirse en favor de una sociedad que ya pasó por una revolución acompañada de muerte y violencia, y que ordenó la vida y las relaciones el año 1952; ahora, con todas sus fallas y deficiencias, corresponde hacerla funcionar de manera institucional y transparente. Que los defensores del absurdo no gasten su energía en pretender hacernos creer que la revolución permanente que sostienen en sus discursos puede llegar hasta hacernos renunciar a la democracia republicana que hemos alcanzado, pues si eso ocurriese nos estarían obligando a volver a la monarquía que superamos en 1825.

Restablecido el orden constitucional imprescindible, la validez del Artículo 168, la voluntad soberana del referéndum y la responsabilidad de los amanuenses que aceptaron el dictado sobre el derecho humano a la reelección tendremos mejores argumentos para seguir desarrollando los pactos civilizatorios que nos permiten vivir superando las crisis, los desencuentros, la diversidad y la búsqueda de la paz a través de métodos civilizados distintos al de la violencia.

Hermosa oportunidad que nos da la vida.

Carlos Hugo Molina es abogado y ciudadano en ejercicio.