Durante las últimas semanas, el partido gobernante prepara el escenario para sepultar el fraude electoral de octubre de 2019 e imponer su versión de un presunto golpe de Estado, perpetrado contra el entonces presidente Evo Morales. 

Autoridades nacionales, asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre otros, empezaron a exigir “pruebas del fraude”, de forma paralela en la que se anunció el cierre de procesos contra los exvocales departamentales electorales, al fundamentar su precepto de golpe e incluso inferir el montaje de un segundo golpe, esta vez contra el actual al mandatario, Luis Arce.

Los ministros de Gobierno, Justicia y el Procurador dicen que a la fecha no se pudo “comprobar el fraude electoral que denunciaron en 2019”.

“No hay una sola acta que haya podido ser presentada como prueba. Esta es la situación, esta es la verdad, esto es lo que dice la justicia. (…) Yo digo que no ha habido un fraude y tengo nueve requerimientos de fiscales departamentales que dicen que no ha habido una sola prueba”, dijo de manera acalorada el titular del despacho de Justicia, Iván Lima, durante su interpelación en la Asamblea Legislativa el pasado 1 de junio. En esa oportunidad fue convocado para que informe sobre la situación de la expresidenta Jeanine Áñez y si se respetó el debido proceso.

Una semana después, el 7 de junio, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también compareció ante la Asamblea Legislativa para responder a la interpelación sobre cómo se desarrolló la detención de la exmandataria Áñez, los operativos y otros.

En su intervención no respondió a las consultas, porque se inició con la lectura de los nombres de los muertos en 2019, un minuto de silencio y la proyección de un video sobre los hechos de violencia antes y después de la renuncia de Morales. 

La sesión fue problemática; la autoridad ejecutiva vociferaba contra los legisladores de oposición con una serie de calificativos, como cómplices de la corrupción, del narcotráfico y las muertes, asesinos.

Al igual que Lima, Del Castillo argumentó que en 2019 hubo un “golpe de Estado y no un fraude electoral”.

Posteriormente, refirió que las actas están impresas y que “no hay una sola acta que diga que hubo fraude”.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, presentó un informe a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en que sostiene que en Bolivia se produjo un golpe de Estado y que hasta el momento no se presentaron pruebas de la denuncia de fraude.

“Esto obedece a la intención de ocultar, encubrir el fraude electoral, por el cual Evo Morales se ha dado a la fuga el 10 de noviembre de 2019. No es que renunció y que se fue porque existía inseguridad, él sabía que desde el momento en que, en horas de la mañana, el Secretario General de la OEA hizo conocer el informe preliminar de la auditoría al proceso eleccionario del 20 de octubre (...) sentía el temor a ser descubierto. Además, que se informe qué autoridades del Ejecutivo habrían participado en la manipulación del proceso, se da paso a la teoría de un golpe de Estado”, señaló el abogado Jorge Valda.

Rechazo a informe OEA

En este camino de sepultar la denuncia de fraude electoral, de manera progresiva, las autoridades gubernamentales empezaron a cuestionar la validez del informe de auditoría del proceso electoral llevado adelante por la OEA. El estudio fue requerido por la administración de Morales y suscrito en ese entonces por el canciller Diego Pary.

“El contexto en que se hace la auditoría de la OEA es de convulsión social; necesitábamos que un tercero dirima el conflicto que vivía el país. Lo relevante del convenio con la OEA es la palabra ‘vinculante’; siempre se discutió si se puede ceder atribuciones propias del Tribunal Electoral a un órgano externo; pero el Gobierno de Bolivia, de manera amplia, para lograr la paz social acepta este efecto vinculante”, justificó el actual ministro de Justicia Lima en entrevista con Animal Político.

Pero la autoridad va más allá al indicar que no se puede “equiparar a una auditoría como hace nuestra Contraloría o a una pericia de la Fiscalía”.

Consultado si el informe de la OEA puede ser presentado como prueba para una acusación fiscal, Lima de manera enfática señala que “no”.

“El informe de la OEA contiene dos grandes componentes: los sistemas informáticos, el TREP y lo de los servidores, entre otros (...) Encuentra indicios en la parte informática, pero como no hace una revisión manual, esos indicios, toda esa información de naturaleza informática, pierden total relevancia por el tiempo transcurrido desde las elecciones de 2019. Dos años después se ha podido computar manualmente cada una de las actas. El cómputo en Bolivia es manual, lo tenemos en actas, en papel, en firmas; por tanto, nada del cómputo informático puede ser entendido como una prueba. Toda crítica a los sistemas informáticos, en este momento, no es válida y no puede constituir una prueba de fraude”, asegura.

En esa línea el ministro Del Castillo, en su interpelación, señaló una inconsistencia del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“No comprueba un fraude y mucho menos lo menciona, (…) se presentó de manera preliminar, acelerada e incompleta con el único objetivo de provocar la desestabilización en el país. Además, que el mismo informe es inconsistente en sus apreciaciones”, señaló en esa oportunidad.

Otros presuntos golpes

Pero, en este afán de demostrar su teoría de golpe de Estado, el ministro Lima lanza versiones sobre dos supuestos golpes: uno de Carlos Mesa contra el Órgano Judicial y otro planificado por el exministro de Defensa, Luis Fernado López, contra el actual presidente Arce.

“Lo que nos dice Mesa es que se acorte el mandato de autoridades elegidas por voto popular, eso en términos claros es golpe de Estado. Él quiere hacer ahora un golpe de Estado judicial, quiere que los magistrados elegidos por voto se vayan a su casa; eso, señores, se llama golpe de Estado, y es el segundo golpe de Carlos Mesa; esta vez, a la justicia”, dijo Lima ante las declaraciones del expresidente en el programa Asuntos Centrales.

En el segundo caso, el titular de Justicia a través de Twitter señaló que “una investigación de @theintercept revela que los autores del golpe de 2019 pretendían repetir el atentado contra la CPE con la intervención de mercenarios extranjeros. Este caso debe ser llevado a un proceso penal para sancionar con todo el peso de la ley a sus autores”.

“Pensar que nuestras FFAA puedan haber estado involucradas en un segundo golpe de Estado sería grave (...), hay que hacer una investigación seria para dar explicaciones al país”, advirtió en conferencia de prensa el pasado 18 de junio.

Agregó que es muy grave para la democracia del país que cuando se tenía conocimiento de los resultados de las elecciones y la victoria del presidente Arce se hubiera dado una situación como la que se está revelando, muestra que existió un plan estructural.

“Este indicio no lo podemos dejar de lado y junto a nuestro Ministro de Defensa vamos a hacer la investigación respectiva”, dijo en relación a los audios difundidos por The Intercept.

RENUNCIAS FUERON “BAJO PRESIÓN”

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que la renuncia de Evo Morales no fue aceptada por la Asamblea Legislativa, como se debía por procedimiento. 

También restó validez a las renuncias que se hicieron públicas en noviembre de 2019, como de los entonces presidentes camarales, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, bajo el argumento de que se hicieron bajo presión. 

CUESTIONAN A INTERCEPT POR INFORME DUDOSO

REDACCIÓN CENTRAL

El ministro de Justicia, Iván Lima, está actuando sin sentido al señalar un presunto golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. Se basa en una denuncia de la revista electrónica The Intercept, identificada con gobiernos socialistas, señaló el abogado Jorge Valda, defensor de la expresidenta Jeanine Áñez.

“Esto ya es una aberración jurídica, no solamente es un sin sentido pretender sostener que a raíz de una grabación que no sabemos de donde proviene nos señala que Intercept, una revista electrónica, había hecho conocer esta situación, pero de una institución que no es creíble, es una institución que ha estado trabajando en labores de manipulación informática en gobiernos socialistas”.

Por otra parte, cuestionó la afirmación del comandante de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, respecto a que la grabación corresponde en 99,9 por ciento al exministro Fernando López, toda vez que el país no cuenta con un laboratorio fonoaudiológico. Además, agregó que las pericias no establecen porcentajes, sino probabilidades de coincidencia.

Grupo sedicioso

De acuerdo con el legista Valda, el ministro Lima apunta a la vocal Rosario Baptista Canedo, por enviar una carta en la que denuncia hechos irregulares al interior del Órgano Electoral; a Virginio Lema, por pedir la renuncia de Luis Arce, y a Rómulo Calvo por presentar un informe por violaciones de los derechos humanos.

VALIDEZ DEL INFORME DE LA OEA

- El informe de la OEA probablemente es uno de los informes que inclusive no sea el más completo, no sea el más amplio, pero sí es uno de los más importantes. Además, para darle validez y vinculotariedad el Estado boliviano lo solicitó a través de Diego Pary.

En este caso, señala la politóloga Patricia Velasco, cuando se suscribe un convenio bilateral ambas partes se obligan y se comprometen a respetar los resultados de esta misión electoral. El informe no solamente reflejaba una manipulación dolosa, sino también que hubiese existido una interferencia,  una intervención foránea al proceso informático.

“Eso significa que existió, no solamente en las actas, en la impresión y en el llenado, como se lo acusa al señor Héctor Arce Zaconeta, quien ocupa el cargo de embajador ante la OEA. Se ha demostrado por dos instituciones contratadas por el TSE  que ha existido irregularidades en el proceso electoral. La Unión Europea validó el informe de la OEA.

OPERADORES MEXICANOS

- El exprocurador del Estado, Alberto Morales, afirmó, el 7 de octubre de 2020, que un grupo de mexicanos, en coordinación con el exministro Juan Ramón Quintana, digitó el fraude electoral de 2019.

Explicó que este grupo de extranjeros instaló un servidor externo al del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y manipuló datos de los resultados de las elecciones de 2019. 

“No es presuntamente. Tenemos la certeza de que equipos, (compuestos) entre políticos e informáticos mexicanos, han visitado Bolivia, previo a las elecciones, durante las elecciones, y han tenido contacto directo con el exministro (Juan Ramón) Quintana. Han manipulado datos, han instalado un servidor externo al de la Corte Electoral (se refiere al TSE) y, a partir de ese servidor externo, gente extranjera ha violado la soberanía del voto popular”, afirmó en esa oportunidad.

Los visitantes mexicanos estuvieron alojados en el hotel Real, ex Radisson.