Mientras la historia del golpe se desmorona, el MAS insiste en negar el fraude de 2019, argumentando, primero, que “nadie muestra evidencias del fraude”, y, segundo, que “expertos (en EEUU) demostraron que el informe OEA es errado”.

El informe OEA identifica 12 “Acciones dolosas deliberadas para manipular el resultado de la elección y afectar el proceso electoral” - según la Real Academia, dolo significa fraude, engaño, simulación; voluntad de cometer un delito sabiendo su ilicitud -;  trece “irregularidades graves, que vulneraron seriamente al proceso electoral”; seis “errores, equivocaciones o negligencia que pudieron facilitar vulneración del proceso”; y dos “indicios estadísticos y de cruce de información sobre posibles anormalidades”. Menciona que, además, recibió 250 denuncias de irregularidades de personas y organizaciones civiles, que no pudo investigar.

Los hallazgos de la auditoria son cinco: sistemas de transmisión de resultados y de cómputo definitivo viciados; patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones de actas para beneficiar al MAS; deficiente cadena de custodia del material electoral; actas de cómputos no confiables; y un cambio de tendencia muy poco probable en el último 5% del conteo.

Ninguna de las “acciones dolosas” ni de las “irregularidades graves” ha sido desvirtuada por el gobierno y ninguno de los argumentos oficiales refuta técnicamente el informe de la OEA. El informe contiene pruebas del dolo en imágenes de 226 actas “con adulteraciones o en las que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona, denotando una acción intencional y sistemática de manipular los resultados electorales”, pero voceros oficialistas insisten en que “226 mesas es un número insignificante y porque en estas mesas el MAS volvió a ganar en 2020 (¡!)”. 

Al respecto, el informe es claro: las 226 mesas son parte de una muestra de 4.692 mesas (13% del total) en las que el MAS habría “arrasado” con más del 90% del voto; representan 38.001 votos válidos, de los cuales “el MAS obtiene 34.718 votos, casi el número de votos que permite a Morales evitar la segunda vuelta”. 

Concluye que “el análisis de un mayor porcentaje de actas, sin duda, detectaría un mayor número de actas falsificadas, adulteradas o manipuladas”.

Entonces, existen pruebas físicas del fraude, sin necesidad de entrar a los minuciosos detalles que describe el informe sobre múltiples vulneraciones informáticas y físicas a bases de datos y a los sistemas de cómputo, sobre los que el Gobierno tampoco se pronuncia. A pesar de ello, de plano, se ha sobreseído de culpa a todos los posibles responsables del daño democrático y económico al Estado “por falta de pruebas”. 

Finalmente, el oficialismo toma como prueba irrefutable de “no fraude” que las consultorías pagadas por el CEPR y publicadas como notas en el Washington Post y el New York Times no encuentran el cambio de tendencia de la votación a favor del MAS, que la auditoría detecta en el 5% final del cómputo (hallazgo cinco). El tema no merece mayor análisis porque un cambio de tendencia es un indicio, no una prueba directa de fraude, además que centros de investigación serios descartan las conclusiones del CEPR.

Sin embargo, al usar acríticamente las conclusiones del CEPR, el oficialismo se hace un flaco favor: un cambio de tendencia en el 5% final del cómputo tiende a focalizar la idea del posible fraude en ese 5%; pero como no desvirtúan las evidencias físicas de fraude, el que no cambie la tendencia implicaría que el dolo ha manchado todo el proceso. Es decir, si en el 13% de las mesas hubo el dolo que señala la OEA –y que el MAS no disputa, favoreciendo con 35.000 votos al MAS, en el total de mesas electorales se podrían esperar, con certeza, mucho más de 40.000 votos fraudulentos, margen con el que el MAS reclamó victoria en primera vuelta. 

Dice el dicho que “es mejor quedarse callado y dejar que piensen que eres un tonto, que hablar y despejar toda duda”. El patético simplismo con el que los voceros oficiales están negando el fraude para posicionar la historia del golpe –que ahora se cae–  es un insulto al sentido común. Quienes sin el menor respaldo insisten en que no hubo fraude, despejan cualquier posible duda sobre sus capacidades y valores intelectuales, democráticos y morales.