Ungido entre sus partidarios, todos ellos armados, unos empuñando pistolas y otros con las manos en las cartucheras, listos por si la ocasión demandara un cruce de fuegos. Allí estaba Luis García Meza, atrincherado en el Gran Cuartel de Miraflores. Próximo a jurar como nuevo presidente de Bolivia, soltó su argumentario sobre el golpe de Estado que había forzado a Lydia Gueiler a firmar su renuncia: “Pueblo de Bolivia: en vista de la renuncia a su mandato y resignación de su Gobierno ante la institución tutelar de la patria por parte de la presidenta de la república, y en uso de atribuciones legales conferidas por la Constitución vigente, así como el derecho de libre determinación, las Fuerzas Armadas de la nación han asumido la responsabilidad directa de administrar y transformar positivamente el país… el electorado boliviano no concurrió a las urnas ni avaló con su presencia el fraude organizado y la violación de la confianza pública. Por eso sus intérpretes, las Fuerzas Armadas, con la voz libre y la conciencia tranquila, con la fuerza colectiva y la fuerza moral, denunciamos ante el mundo, ante los tribunales de la historia y ante los cinco millones de habitantes del pueblo boliviano, que las elecciones son nulas de pleno derecho, razón por la que los poderes del Estado no podían caer bajo el control de usurpadores de la voluntad soberana y falsificadores de la democracia”. Unos días antes de la ruptura institucional, el influyente general Armando Reyes Villa se mostró en Palacio Quemado para una vez más reafirmar, como siempre suelen hacer en las horas previas al golpe, su lealtad al poder civil y expresar que la institución armada “es disciplinada y acatan todas las órdenes de su capitana general”.

Las elecciones generales de 29 de junio de 1980 mostraron el triunfo de las fuerzas populares, que aliadas todas bajo la histórica figura del Dr. Hernán Siles Zuazo habían logrado derrotar a Paz Estenssoro y a la candidatura del exdictador Hugo Banzer. Ante ello, la derecha militar, el paramilitarismo y los sectores profundamente conservadores del país encontraron el pretexto político para generar una acción de ruptura del frágil orden constitucional en un informe de los servicios de inteligencia: “El Servicio de Inteligencia Militar (sic) había detectado un fraude favorable a la extremista Unidad Democrática y Popular, que solamente en La Paz superaba los 200.000 votos”. El comunicado estaba refrendado en firma por el Departamento II de Inteligencia. Aquel comunicado sentenció el proceso electoral y la vida, entre otros líderes, de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El pasado martes 22 de junio, la alta jerarquía de la Iglesia Católica presentó su Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia. Octubre 2019-enero 2020. Un esfuerzo abreviado por darle credibilidad escrita a la inverosimilitud del relato conservador del país. Una narrativa indemostrada que ahora, cobijada en la Memoria, busca exonerar responsabilidades de la visible participación en la ruptura institucional que instaló en la presidencia del Estado un gobierno NO constitucional. En una mirada razonada, corresponde decir y afirmar que la imperfección de la Memoria no se puede hallar en su lacónico entender de los hechos vividos en aquel noviembre, lo incomprensible está en citar una encíclica papal que habla del amor fraterno, de la verdad, del pueblo y de lo popular como categorías esenciales para comprender la realidad social e invocar, en 25 páginas, una sumisa e incondicional aceptación de una secuencia de hechos no veraces, extremadamente inconsistentes y respaldados en “remembranzas”. Un documento ficcional con lo vivido por miles de bolivianos, pero expresado en una sincronía perfecta con el argumentario de no/verdades de los operadores de la ruptura.

Detrás de cada cicatriz siempre hay un dolor que la explica. Se piensa también que las cicatrices son en realidad costuras que encubren silenciosamente una historia. Son las maneras que tiene la vida de recordarnos lo poco que valemos si olvidamos nuestras historias de dolor. El golpe de Estado es la cicatriz de una historia que dejó 37 muertes, zozobra y desasosiego. La Memoria de la alta jerarquía eclesiástica ensaya soslayar esas marcas y ser uno más de los que ansían cambiar la historia hasta embrollar los hechos y trastocarlos en irreconocibles. El rupturismo no se accionó en tiempos secuenciales y quirúrgicamente acoplados para después implementar en emergencia un Plan B, que en los hechos mismos fue siempre el Plan A, ese que buscó desalojar del poder a Morales y asir en la presidencia del Estado a Áñez, para consumar distintos fines y propósitos.

La señora inició su audaz vuelo hacia la presidencia determinada a contradecir lo normado en la Constitución Política del Estado, la acompañaron en ello varios actores políticos e institucionales. El 12 de noviembre en la tarde, la Memoria afirma que se “llevó adelante el acto en el cual fue investida la senadora Jeanine Áñez Chávez, como nueva presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Acto al que los facilitadores del diálogo no asistieron porque estaban esperando que se instalase la sesión bicameral. Pero sí los invitaron después a realizar el saludo protocolar”. Sin embargo, sí asistieron, sí estaban allí, en la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, observando cómo la señora Áñez iba inescrupulosamente, mientras leía su discurso interpretativo de las normas y la CPE, autoproclamándose presidenta del Estado. Estuvieron presentes, les pareció benéfico aquello y jamás contradijeron nada. Cuando Áñez terminó de arrancar el mando del Estado de su debida constitucionalidad, hizo un público y expreso agradecimiento a la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) que quedó registrado en las cadenas televisivas. Después ya ella apareció con la banda y la medalla presidencial. ¿Hubo juramento de ley? No, no lo hubo. La historia señala que los presidentes no constitucionales no juran en el recinto sagrado de la democracia que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, ellos toman posesión del mando del Estado allí donde las armas los protegen, no donde la democracia los acompaña. Áñez no juró como presidenta porque suma a la lista de quienes usurparon el poder del Estado.

El 17 de julio de 1980, García Meza eligió como justificación y argumento político para despedazar la incipiente institucionalidad democrática boliviana un supuesto fraude electoral del movimiento popular encarnado por Siles Zuazo. Un “monumental fraude” se diría hoy, que solo en La Paz superaba los 200.000 votos según el dictador. Habló como lo suelen hacer los rupturistas, de la Constitución y de transformar el país, pero su acción golpista y usurpadora del poder le impidió el honor de quien es electo y ejerce la presidencia del Estado con la venia de todos: jurar en el entonces Congreso Nacional de Bolivia.