Una polémica persiste en la palestra nacional sobre si será vinculante para Bolivia la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en torno a la reelección indefinida. Otra cuestión clave, en el mismo sentido, es sobre el alcance y efecto que tendrá esa determinación dentro del país.    

El tema cobra relevancia debido a que la Corte IDH, en su 142 período ordinario de sesiones,  que culminó el viernes, deliberó acerca de la Opinión Consultiva (OC) que solicitó Colombia en octubre de 2019, en busca de dilucidar si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Se conoce que la OC ya fue deliberada, y que se hará pública después de que se notifique a Colombia y a los Estados parte del sistema interamericano. Sin embargo, en Bolivia  está abierta la polémica al respecto.

 ¿Carácter vinculante?

Al comenzar la semana, el lunes, el ministro de Justicia, Iván Lima,  manifestó lo siguiente: “No es una opinión vinculante, todavía, es una opinión preliminar. Una vez que la Corte se pronuncie en Opinión Consultiva, vamos a pronunciarnos también sobre el alcance de la decisión”.

En la misma línea, desde el oficialismo se indicó que la OC “será una recomendación”, por lo que  no sería supuestamente obligatoria,  “porque nosotros tenemos nuestras normas”. 

El jurista Ramiro Orias, quien dentro del caso presentó, junto con  otros profesionales, un amicus curiae en representación de la Fundación para el Debido Proceso, sostuvo que “a partir de la teoría del bloque de constitucionalidad, las decisiones de la Corte IDH en una OC son obligatorias al Estado boliviano”. 

Recordó que los artículos 13, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado establecen que se deben aplicar de forma preferente y favorable los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que aquellos, al formar parte del “bloque de constitucionalidad”, tienen un rango constitucional.    

Agregó que las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) 0061/2010-R y la 0110/2010-R disponen que no sólo  los tratados internacionales de derechos humanos son parte del bloque constitucional, sino también los instrumentos de derechos, que son las decisiones, las recomendaciones y las directrices que den los órganos internacionales de derechos humanos.

¿Y los alcances? 

La segunda cuestión que está en debate es el alcance que tendrá  en Bolivia la OC, sobre todo si contradice  la sentencia 0084/2017 del TCP, del 28 de noviembre de 2017, que da vía libre a la reelección indefinida en Bolivia (ese veredicto habilitó a Evo Morales para ser candidato en las fallidas elecciones de 2019). 

Lima manifestó ayer que la decisión de la Corte IDH “se aplicará para lo sucesivo”, pero que “lo más probable es que sea nuestro Tribunal Constitucional el que determine qué alcance de aplicación va a tener en el país esta opinión por un principio de soberanía”.  Sin embargo, según la autoridad, este tema ya ha sido definido en Bolivia, puesto que por ley en el país se definió “que no puede haber reelección indefinida”.  “Por lo tanto, la opinión consultiva habría llegado ya fuera de tiempo”, sostuvo. 

Orias explicó que la Convención establece que sus sentencias rigen para lo venidero, por lo tanto no tienen un efecto retroactivo. “Salvo en el caso de amnistías por crímenes de lesa humanidad, por graves violaciones de derechos humanos, la Corte nunca ha declarado sin efecto las sentencias de los tribunales nacionales”, aseguró.  

En ese marco, el jurista indicó que la OC “ha de ser una opinión de carácter general” para todos los Estados del continente, por lo que no significa necesariamente que la sentencia de la reelección tiene que ser anulada.  Sin embargo, subrayó que “la Convención establece el deber de los Estados de cumplir las interpretaciones que se den y de ajustar la normativa del derecho interno a los preceptos de esta opinión”. 

“El artículo 2 del Pacto de San José establece que los Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y normas internas, las medidas legislativas o de otro carácter, que pueden ser medidas judiciales o jurisdiccionales, que sean necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, conforme se aplica e interpreta la Convención”, aseguró.   

Orias agregó lo siguiente: “Hemos visto que Bolivia aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana para todas aquellas decisiones en relación a su aplicación o interpretación. En ese sentido, la justicia constitucional boliviana deberá poner a tono la sentencia y mantener el espíritu original de la Constitución que no reconocía la reelección presidencial indefinida como un derecho humano