El ministro de Justicia, Iván Lima, indicó este sábado que la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la reelección indefinida marcará «jurisprudencia» regional, pero que en el país «bajo el principio de soberanía» es el Tribunal Constitucional que define esos alcances.

Lima indicó que la opinión consultiva de la Corte IDH sobre si la reelección indefinida es un derecho humano que interpuso Colombia en 2019 «no es una opinión específica ni exclusiva para Bolivia» y que «ese tema ya ha sido definido» en el país.

«Lo que hará es marcar jurisprudencia a nivel regional. No se ha juzgado a Evo Morales ni a Bolivia. Será el Tribunal Constitucional que defina sus alcances bajo el principio de soberanía», manifestó Lima de acuerdo a un mensaje publicado en las redes sociales del Ministerio de Justicia.

Además sostuvo que lo que defina la Corte IDH «se aplicará para lo sucesivo» y que el Gobierno emitirá su opinión una vez que se conozca y se publique la determinación de esa instancia.

«En Argentina, la Corte Suprema determinó que la Corte IDH no es una cuarta instancia de decisión y por lo tanto sus fallos no son vinculantes», indicó Lima.

La Corte IDH, con sede en Costa Rica, analizó el viernes si la reelección indefinida es un derecho humano, consulta que planteó Colombia en 2019 que será comunicado a los Estados y luego se hará público.

El Tribunal Constitucional de Bolivia avaló en 2017 la reelección indefinida, al reconocer el derecho humano de los mandatarios a ser elegidos y del pueblo a elegirlos, aunque la Constitución boliviana limite a dos los mandatos consecutivos.

Ese recurso interpuesto por el oficialista Movimiento al Socialismo del presidente Luis Arce pidió en ese entonces al Tribunal Constitucional que se aplique un artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Con este argumento se habilitó al expresidente Evo Morales para aspirar a su cuarto mandato consecutivo para las elecciones fallidas de 2019 en el país.

A pesar de que en 2016 un referéndum negó la posibilidad a Morales de participar en los comicios de 2019, aun así, con el aval del Tribunal Constitucional se presentó y ganó en medio de denuncias de fraude y que derivó en una crisis política y social que terminó anulando esas elecciones.

A raíz de esa situación en el país Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 a la Presidencia denunciando que fue forzado por un supuesto «golpe de Estado».