Medio: El País
Fecha de la publicación: viernes 25 de junio de 2021
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunales Electorales Departamentales (TED)
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La justicia determinó la pasada jornada rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Nataly Vargas Gamboa, con el objetivo de cerrar la investigación en su contra por un presunto hecho de corrupción e irregularidades en la compra de bienes y servicios para las elecciones generales de octubre del 2020. Ahora el caso continúa su curso.
La audiencia se instaló en el Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, donde la defensa de Vargas argumentó que debería cerrarse la causa en su contra debido a que se habría vulnerado su derecho a la legítima defensa y la presunción de inocencia, esto cuando el fiscal departamental, Wilson Tito Torrez, se refirió a ella como “imputada”, siendo que solamente está en calidad de investigada. Estas declaraciones las hizo ante la prensa el 11 de junio, aunque después salió nuevamente a retractarse.
Luego de evaluar las pruebas presentadas por la solicitante en la audiencia, el juez Nelson Rocabado declaró el incidente de nulidad como improcedente, además de calificar el mismo como “malicioso y temerario”, que tendría la intención de dilatar la investigación. Por lo que además conminó a no presentar un nuevo recurso, a riesgo de que se sancione a su defensa con el pago de dos sueldos mínimos como multa. Sin embargo, sí existe la posibilidad de apelación, la que ya fue solicitada por la abogada Mónica Ugarte.
En la argumentación del rechazo, el juez Rocabado indicó que evidentemente el fiscal departamental emitió estas declaraciones. Sin embargo, revisó los antecedentes de la investigación señalando que son otros los fiscales de materia que estuvieron a cargo de la causa, por lo que dichas declaraciones no afectan el proceso ni vulneran los derechos de la investigada.
“No se acreditó que a la solicitante se le haya causado perjuicio o indefensión. Existen las garantías para ejercer derecho a la legítima defensa para proponer diligencias investigativas que crea pertinentes”.
Antecedentes
El 26 de mayo tres vocales formalizaron la denuncia contra autores ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la adquisición de bienes y servicios en 2020, en el Plan Operativo para las elecciones generales del 18 de octubre.



