Las ocho subcentrales y cabildos indigenales que conforman la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), emitieron una serie de mandatos para sus asambleístas departamentales, donde, entre otros, les demandan desarrollar una propuesta para que los pueblos indígenas tengan una mayor representación en el legislativo, y sea incorporado en el proyecto de estatuto autonómico departamental que fue presentado al Tribunal Constitucional Plurinacional.

“Los 18 pueblos indígenas representados por nuestras máximas instancias orgánicas, damos los siguientes mandatos a nuestros hermanos y hermanas asambleístas: trabajar en una propuesta de modificación del Estatuto Autonómico Departamental, en el marco de un proceso participativo que garantice una real representación de los 18 pueblos indígenas, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la participación política directa, la consulta previa, entre otros”, mencionan.

La demanda se emitió en el marco del quinto Congreso Ordinario que sostuvieron entre el 17 y 20 de junio en Trinidad-Beni, donde también eligieron a la nueva directiva de la CEPM-B.

El departamento de Beni alberga a 18 de los 36 pueblos indígenas reconocidos oficialmente en la Constitución Política del Estado: Mojeño-trinitario, Mojeño-ignaciano, Yuracaré, Baure, Tsimane, Movima, Cayubaba, Moré, Cavineño, Chacobo, Canichana, Mosetén, Tacana, Pacahuara, Itonama, Joaquiniano, Maropa y Sirionó.

En diciembre de 2020, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) del Beni entregó el proyecto de estatuto autonómico al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el respectivo control de constitucionalidad. En este proyecto se contemplan 33 legisladores, de los cuales seis serían representantes de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos del departamento; sin embargo, no establece cuánto de estos curules corresponderán a los pueblos indígenas y cuántos a las comunidades campesinas.

Al momento, los pueblos indígenas del Beni cuentan con un cupo de dos curules titulares y dos suplentes en la Asamblea Legislativa Departamental, electos por normas y procedimientos propios. Para la gestión 2021-2026, para estos cargos fueron electos Bertha Vejarano y Jorge Añez como titulares, y Griseld Chávez Atotay y Mardin Yorimo como suplentes.

Además de esta demanda, en el ámbito legal las organizaciones encomendaron a sus representantes presentar propuestas para la modificación del Plan de Uso de Suelos (PLUS) de 2019 y una propuesta de ley para la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en el departamento del Beni.

Asimismo, en el ámbito territorial, los pueblos demandaron a sus representantes el seguimiento a la Comisión de Límites y exigir la participación de los pueblos indígenas del departamento, en especial de aquellos que se encuentran afectados por los conflictos de límites interdepartamentales con Cochabamba.

En el área de políticas públicas, el mandato se centra en el apoyo a los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad que se encuentran tanto en el área urbana como la rural; la promoción y el fortalecimiento de los emprendimientos comunitarios y la defensa de la propiedad intelectual, entre otros.

Mientras que, en el ámbito de desarrollo con pertinencia cultural, las autoridades indígenas demandaron a sus autoridades la generación de procesos de planificación participativos y en consulta con los 18 pueblos indígenas, además de la fiscalización de los proyectos gestionados por la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Gobernación para su fortalecimiento.