Concluida la consulta popular y conocido el resultado electoral, llega luego un proceso de interacción entre las autoridades electas, operadores y votantes, de modo que el apoyo o patrocinio otorgado, por lo general pasa a convertirse en una deuda política a ser retribuida con ciertos beneficios: (acceso privilegiado a un cargo o empleo, bienes y servicios, y contratos), situación que luego se prolonga y acomoda a lo largo de la gestión. Esta forma interesada de establecer una relación entre ciudadanos y quien pretende y logra acceder al poder, se desarrolla a partir de la experiencia del manejo de la cosa pública, con la que tradicionalmente se pagan apoyos y soportes a quienes con discreta intención han patrocinado en una elección, un apoyo político o económico a favor de determinada candidatura.

Es así como luego emerge como sistema el “clientelismo político”, para dar cabida a la retribución acordada, que gran cantidad de veces necesita para su aplicación de decisiones que van más allá de lo legítimo, lo que induce al uso del aparato del Estado, para pagar con beneficios estos apoyos; pagos, que para evitar transgredir la imparcialidad de la norma, frecuentemente se procede a encubrirlos bajo un manto de apariencia legal, elaborando para ello normas hábilmente redactadas por expertos, para ser utilizadas por quien detenta el poder. Disposiciones que, analizadas juiciosamente, con criterio forense, dejan entrever claramente que se enmarcan en figuras penadas jurídicamente.

Por otra parte, por lo general, existe una confusión entre quienes militan o participan de una organización política, que ha logrado el poder, y dicen, con este motivo tener un derecho adquirido a ocupar cargos en el sector público, por sobre los méritos exigidos, competencia y valores éticos y morales, que pueden portar otros ciudadanos.

Como se observa, el clientelismo político y sus efectos aflora en el contexto de un intercambio de favores, que usualmente es exigido a quien ha logrado el triunfo electoral, como retribución al apoyo conferido.

De allí que se ha hecho tendencia llegar a una institución pública e iniciar una gestión absurda de clientelismo político que, como ya es costumbre, se lo opera a través de prebendas y de cargos públicos (pegas); cargos muchos de ellos importantes, a los que acceden ciudadanos sin ningún mérito, formación o conocimiento, puesto que a él llegan carentes de la mínima formación como para formular un alcance de trabajo y menos aún como para establecer los objetivos de su función, es decir, ingresan con un máximo nivel de incompetencia, afectando notablemente a la gestión pública.

Lamentablemente es difícil acabar con el sistema clientelar corrupto, puesto que se ha llegado a institucionalizar en el sentido sociológico del término, como una actividad política normal de interacciones en la institución pública, existiendo escasos incentivos para quienes participan de esta y pretendan acabar con el sistema prebendario instaurado. A más de ello esta relación política se fortalece con la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema.

Por lo general, el clientelismo emerge abiertamente en lugares donde las organizaciones políticas son débiles y deben recurrir al clientelismo político para conseguir adhesiones y apoyos, utilizando para ello operadores de mediación informal entre la acción estatal y las necesidades de las comunidades; donde el aspecto fundamental se centra en el elemento material, es decir, sobre las expectativas económicas, sociales y políticas de los ciudadanos.

Estos aspectos fortalecen la relación política y esconden el carácter de transacción que se realiza, disimulando el hecho de que se trata de una forma de intercambio de equivalentes. En el clientelismo político, la irregularidad y falta de simetría de las prestaciones escamotea su carácter económico. Puesto que la autoridad y el funcionario (o mediador), se conocen personalmente, y la concesión de prestaciones se realiza de manera individualizada, donde la relación laboral se confunde con las afinidades personales dadas por la pertenencia común, las que pueden ser familiares, étnicas, religiosas, empresariales o deportivas. Los factores subjetivos vinculan más estrechamente a las autoridades y sus operadores con sus interesados, y se transforman en indispensables para que la relación política no se quede en un simple hecho mercantil.
El Programa de Gobierno que debería constituirse en la guía de trabajo y sustento ideológico doctrinario de toda organización política, hoy se ha convertido en un mero documento, cuyo contenido es utilizado para cumplir los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo Electoral.

Jorge Landívar Roca es Exministro de Estado