Ante la proximidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emita sus conclusiones sobre la elección indefinida, políticos y juristas tienen la certeza de que el organismo determinará que no, que esa figura no es un derecho humano.

La Corte-IDH tiene previsto analizar esta semana y emitir sus conclusiones el viernes 25 de junio. De confirmarse la tendencia, la decisión del Tribunal Constitucional (TCP), de autorizar a Evo Morales a una cuarta reelección para 2019, nuevamente estaría en el centro de cuestionamiento y debate.

Según el abogado Franco Albarracín, consultado por ANF, existe la tendencia de que la Corte-IDH establezca que la reelección no es un derecho humano, como se ha establecido en Bolivia a partir de una sentencia constitucional del TCP.

“Entonces se podría demostrar y se podría decir que la habilitación (como candidatos) de Evo Morales y Álvaro García Linera, la sentencia (constitucional) y todo el proceso de reelección, de la elección de 2019 está viciado de nulidad, es ilegal, en pocas palabras, y podemos entrar en muchos debates”, expresó Albarracín.

Observaciones

La Corte-IDH se pronunciará en relación a la opinión consultiva que planteó el Gobierno de Colombia sobre la figura de la reelección indefinida en el Sistema Americano. Al respecto, 62 Estados, organismos, organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones académicas y personas de la sociedad civil presentaron sus observaciones a la solicitud de opinión consultiva sobre la reelección indefinida a la Corte-IDH. Por el Estado boliviano presentó la Procuraduría General del Estado en julio de 2020.

Según Albarracín, la Corte-IDH es el máximo intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y las decisiones que tome son de carácter vinculante. Detalló a la ANF que el organismo de derechos humanos se expresa de dos maneras: una, mediante sentencias de casos que son llevados ante la Corte y, otra, mediante resoluciones de opinión consultiva. Fueron cuatro los países que enviaron sus observaciones al tribunal: Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Nicaragua.

En el caso del Estado Plurinacional, se trata de un documento suscrito el 23 de julio de 2020 y firmado por José María Cabrera, entonces procurador general del Estado; Alejandro Roda, exsubprocurador del Estado y representación legal del Estado, y Yoseland César Pinto, pasada directora general de defensa en derechos humanos y medioambiente.

Solicitudes de instituciones

Además de los cuatro países regionales, se presentaron escritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el secretario general de la OEA, Luis Almagro; 30 organismos, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas —entre las que se incluyen la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y el equipo en formación continua sobre derechos humanos Qhapaj Ñan (Camino Noble)—, y 26 escritos de individuos de la sociedad civil.

Nicaragua fue el único Estado que discrepó con estas conclusiones al asegurar que “restringir o limitar una candidatura efectivamente viola el Derecho Humano de los ciudadanos”.