Medio: Jornada
Fecha de la publicación: miércoles 23 de junio de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Una declaración del expresidente Evo Morales captada en
un video es la que ahora pretende utilizar la defensa de la expresidenta
interina Jeanine Áñez a su favor con el objeto de pedir su «libertad
irrestricta» y la anulación del proceso judicial del llamado caso «golpe de
Estado».
A juicio del abogado Jorge Valda, Morales en su declaración
«hubiese aceptado» junto a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que
durante la crisis política y social de 2019 la entonces senadora «pueda asumir
el mando del país».
El video que fue difundido por un portal de activismo
político, que luego se amplificó en los medios, es un elemento que la defensa
de Áñez busca presentar junto al informe de la Iglesia católica y otro del
Comité Cívico de Santa Cruz, señaló el jurista.
Contenido del video
El audiovisual muestra a Morales rodeado de un grupo de
militantes a los que les explica sobre las decisiones que se asumieron ante los
pedidos de grupos del MAS para que Áñez deje la Presidencia del país y las
alternativas para reemplazarla.
Morales relata a esos seguidores sobre otra deliberación en
la que se presentaban al menos tres opciones como entregar el mando del país a
un militar, o a la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, o que la
Presidencia recayera en la máxima autoridad del Poder Judicial, opciones que
luego fueron descartadas.
«Hay que cuidar a Áñez con tal que garantice las
elecciones», menciona Morales en el video al referirse a los comicios que
debían celebrarse el 3 de mayo de 2020 y que fueron aplazados en dos ocasiones
por la pandemia.
Ese aplazamiento causó malestar en sectores afines al MAS
que desarrollaron un bloqueo de caminos en agosto del año pasado y que duró
alrededor de dos semanas.
La declaración de Morales, a juicio de la defensa de la
expresidenta interina, sería un reconocimiento de la constitucionalidad de su
mandato y evidencia de que «nunca existió un golpe de Estado», algo por lo que
Áñez guarda más de tres meses de reclusión acusada por terrorismo, sedición y
conspiración.
«Desesperados ante pruebas del golpe, algunos medios mienten
con un video de mayo de 2021 cuando analizábamos la estrategia de la victoria
de octubre 2020: pedir renuncia de Áñez que se caía sola era un error. Debíamos
garantizar la elección. El triunfo con 55,11 % nos dio la razón», escribió
Morales en Twitter ante esa argumentación.
Morales ya dio esos detalles
No obstante, aquella declaración de Morales no es la primera
en ese sentido, puesto que en una entrevista que el exmandatario concedió a Efe
en febrero de este año dio detalles acerca de aquel proceso de decisión que a
juicio suyo fue una adecuada «lectura política» para ganar los comicios de
2020.
En la entrevista con Efe, Morales detalló que aquel debate
se produjo en realidad en agosto de 2020, en pleno bloqueo de caminos, tras una
consulta que por teléfono le hicieron dirigentes del sector de Yapacaní cuando
él aún estaba en Argentina, país al que solicitó asilo político, y que pedían
una «línea» de acción política.
«Entonces en tono de broma (les digo), tienen que cuidar a
la Áñez con tal de que garantice las elecciones», dijo Morales en aquella
entrevista con Efe en la que también se refirió al Gobierno transitorio del
país como producto de un «golpe de Estado».
El Gobierno del presidente Luis Arce sostiene que la crisis
de 2019 se debió principalmente a un «golpe de Estado» y no por las denuncias
de fraude electoral que frustraron las elecciones generales de ese año en las
que Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo.
La investigación llamada «golpe de Estado», impulsada por
una exparlamentaria del MAS, ha derivado en la detención de dos exministros de
Áñez y algunos exjefes militares.
Mientras que varios excolaboradores de la expresidenta
transitoria también señalados han dejado el país o se han declarado en la
clandestinidad.
Ese proceso judicial también está dirigido contra el
gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho
Parada, ante los que la justicia aún no ha tomado acciones.



