La reciente convocatoria al expresidente Carlos Mesa a declarar como testigo dentro del denominado caso golpe de Estado ha puesto en evidencia la construcción artificial de una narrativa parcial y simplificada de esos hechos que merecen un abordaje más complejo e integral.  Carlos Mesa con su silencio, en ejercicio legítimo de su derecho constitucional, cuestionó duramente la falta de autonomía del Ministerio Público en la investigación de esta causa. Es que, definitivamente, su labor tan poco prolija y la falta de ecuanimidad en probar a toda costa la verdad oficial construida desde el poder deja claro que ésta no puede ser la vía para el esclarecimiento de unos hechos que requieren una respuesta política, institucional y jurídica diferenciada. 

La deuda de derechos humanos, verdad y justicia que arrastra el país antes, durante y después de la crisis electoral de 2019 implica al menos cinco niveles de análisis: 

1) El derecho legítimo a la protesta ciudadana y movilización pacífica contra el fraude electoral y el autoritarismo que no puede ser criminalizado, 2) la cuestión de la reelección presidencial, la sucesión ante el vacío de poder y los acuerdos políticos para una salida electoral y pacífica de la crisis que le dieron legalidad al gobierno transitorio, que corresponde a la justicia constitucional.

3) la investigación penal de los actos de incitación a la violencia política y delitos cometidos en el contexto de las protesta social (muertos, heridos, uso de explosivos, incendios de casas y transportes, saqueos de comercios,  cerco a las ciudades), hoy impunes por la autoamnistía decretada, 4)  La averiguación de la verdad en aquellas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, que el GIEI de la CIDH ha venido investigado, y 5) los casos de persecución y judicialización política, desde las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas, pasando por los  asilados y presos políticos, anteriores y actuales, hasta la detención de la expresidenta Añez y algunos de sus exministros, que requieren un mecanismo independiente de revisión del debido proceso en cada uno de ellos.

Como se puede ver, para enfrentar la brecha impunidad compleja se requiere también una respuesta diferenciada, integral y confiable que contribuya a la verdad de lo que pasó en el país, como base de un proceso de reconciliación nacional, donde unos y otros asuman las responsabilidades que les toca y  las víctimas, sin importar de la vereda donde estén, tengan la posibilidad de una reparación a los daños sufridos.

La falta de idoneidad e independencia de los actuales jueces y fiscales para asumir este reto no sólo lo han apuntado diversos informes internacionales de órganos especializados publicados recientemente (Oacnudh, CIDH, HRW, Amnistía Internacional), sino que lo ha reconocido el propio exministro de Justicia Héctor Arce, en un artículo publicado el 7 de enero de 2021, en el diario Página Siete, quien señala: “El descrédito de nuestra justicia marca una sombra de poca garantía para una investigación imparcial y objetiva. Quizá la solución sea hacer lo que otras naciones hicieron cuando enfrentaron los mismos problemas y las mismas carencias: construir una verdadera comisión de memoria, verdad y justicia”, para que nunca más ocurra lo que ocurrió a Bolivia.

Así, la verdad oficial, aquella versión unidimensional construida desde el poder, no contribuirá en nada a superar la lógica del revanchismo y la polarización. Para que el país avance hacia un proceso auténtico de reconciliación nacional y reencuentro democrático será necesario construir acuerdos políticos sólidos y duraderos para establecer un mecanismo que permita avanzar en el esclarecimiento de todos los hechos del pasado. 

Desde el derecho internacional y las experiencias comparadas en países que salen del conflicto existen un conjunto de herramientas de justicia transicional que pueden ser aplicadas en el caso boliviano. Por ejemplo, las comisiones de la verdad, que son instancias colegiadas, especializadas, imparciales e independientes de investigación, de carácter ad hoc, creíbles por todos los actores, establecidas para auxiliar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o conflicto interno, que contribuyen a asumir equilibrada y críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas fisuras sociales que se generan por la violencia y prevenir que tales hechos se vuelvan a repetir.

Estos mecanismos se establecen generalmente en el proceso de salida de un conflicto violento a fin de coadyuvar en el proceso de transición hacia el funcionamiento cabal de la institucionalidad democrática. Su finalidad principal es llegar a la verdad de los hechos ocurridos, cosa que difícilmente se logrará si sus integrantes representan sólo un sector de las fuerzas en tensión. 

Como muestra la experiencia comparada, las labores de las comisiones de la verdad son complementarias a los procesos judiciales, y por ello es necesario que paralelamente se garantice la independencia de los órganos judiciales. En ese sentido, la agenda de reconciliación nacional se debe asentar en un mecanismo auténtico de averiguación de la verdad y la recuperación institucional de un sistema de justicia independiente.