La libertad irrestricta y la anulación del proceso que enfrenta la expresidenta Jeanine Añez por del denominado caso “golpe de Estado” es el pedido que planteará su defensa tras los nuevos elementos que se hicieron conocer como que el exmandatario Evo Morales haya planteó a sus seguidores “cuidar” a Añez durante su mandato transitorio.

El pedido fue planteado por el abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Jorge Valda, quien anunció que se sumará al equipo jurídico de defensa de la exmandataria, quien se encuentra recluida en la  cárcel de Miraflores desde marzo.

Según un video que circula en redes sociales, se observa al expresidente Evo Morales plantear a sus seguidores “cuidar” a Añez, durante su mandato presidencial, con el objetivo de garantizar la realización de elecciones generales de 2020.

“El señor Evo Morales, a viva voz, refleja claramente que él hubiese aceptado y admitido, a través de la estructura política que maneja que es el Movimiento Al Socialismo junto con sus parlamentarios y, en este caso, Adriana Salvatierra y Susana Rivero, que la senadora exsenadora Jeanine Añez pueda asumir el mando del país”, afirmó Valda.

Otro de los nuevos elementos de prueba a ser presentados ante la Fiscalía son el informe de la Iglesia Católica sobre su participación en la crisis de 2019 y un documento del Comité Cívico Pro Santa Cruz que fue enviado la pasada semana al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

“Estos dos informes revelan claramente que no sólo durante el período de pacificación, que se hubiere dado, sino también en el intermedio y la participación y la asunción al mando por parte de la expresidenta Jeanine Añez, no hubiese existido etapa en la cual se hubiera arrebatado el poder de ninguna manera al señor Evo Morales”, aseguró.

Según Valda, los nuevos elementos públicos reflejan una “verdad incontrastable” que desvirtúa la versión del Movimiento Al Socialismo (MAS) que durante la crisis de 2019 se hubiera producido un golpe de Estado.

Añez y sus dos exministros, además de exjefes militares y policiales, guardan detención preventiva en diferentes cárceles por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. El proceso fue iniciado por la exdiputada del MAS, Lidia Patty.