El presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza, dijo que el país debe estar atento al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Jeanine Áñez. Con ese antecedente, se activarán nuevos juicios contra quienes resulten responsables.

Mendoza fue entrevistado este martes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv.

“Van a ser vitales estos informes para, de una vez, entrar en una decisión como país. A partir de que se cayó (a la oposición) el relato del ‘fraude monumental’ (en los comicios nacionales de 2019) y de la ‘sucesión constitucional’, ahora el país debe avanzar en la conformación de los juicios, entre ellos el juicio de responsabilidades y ahí el informe de Derechos Humanos es de vital importancia”, indicó.

La CIDH anunció que pospuso hasta julio la presentación de su informe final sobre las masacres políticas ocurridas en noviembre de 2019 en Bolivia.

“Con la publicación del Informe Final, previsto para el mes de julio de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) dará a conocer sus conclusiones sobre los hechos investigados y sus recomendaciones”, dijo la CIDH en un comunicado citado por la agencia Sputnik.

La investigación se centra en la muerte de al menos 37 personas, la mayoría víctimas civiles de la represión policial-militar ordenada por la presidenta transitoria Jeanine Áñez, quien tomó el poder tras el derrocamiento de Evo Morales.

Esa crisis se produjo tras las elecciones de octubre de 2019, cuando denuncias de un supuesto fraude de Morales fueron seguidas por protestas callejeras violentas, un motín policial y un pronunciamiento militar que forzaron la renuncia del líder indígena.

Los asesinatos de manifestantes civiles contra la ruptura del orden democrático fueron calificados como masacres por una misión de la CIDH que visitó Bolivia entre noviembre y diciembre de 2019.

El GIEI debía presentar su informe a fines de mayo, pero se acordó la prórroga “no solo por las dificultades que impuso la pandemia, sino también por la gran cantidad de material solicitado a los órganos estatales, los que necesitaron de plazos razonables para compilar la información”, dijo la CIDH.