La injerencia política en el sistema de justicia es un problema que existe desde hace mucho tiempo en Bolivia. El Órgano Judicial parecería adaptarse, una y otra vez, “a las nuevas coyunturas políticas” o en determinados casos a la opinión pública, presión de la sociedad. Legistas, analistas y políticos cuestionan cómo la justicia se acomodó en tiempo de Evo Morales, cambió en la administración transitoria de Jeanine Áñez y vuelve a virar en este nuevo periodo de Luis Arce, servilismo total.

Debido a la voluntad de los que detentan el poder político del Estado y las deficiencias del diseño y la organización del Órgano Judicial, la relación entre los que imparten la justicia y los que ejercen el poder político no es horizontal, no se desarrolla a través de mecanismos y prácticas regladas por la Constitución; por tanto, no es una relación que tenga su base en el plano de la igualdad, el respeto de la independencia ni en el marco del sistema de pesos y contrapesos.

El abogado constitucionalista José Antonio Rivera, en su momento, señaló que la crisis judicial se arrastra desde hace décadas, pero que desde que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está en función gubernamental se fue profundizando, llevándola hasta un estado casi terminal.

“En los últimos 14 años, esta crisis ha llegado casi a una fase terminal. Se ha agudizado y la independencia judicial definitivamente ha llegado a ser afectada en límites extremos por una alta injerencia del poder político y también del poder económico”, refirió en contacto con Guardiana.

Según diferentes reportes de 2006, cuando Evo Morales y el MAS llegaron por primera vez al poder, y enfrentaron una serie de objeciones, a través de decretos supremos empezó a designar a magistrados de la entonces Corte Suprema, para la Judicatura, además de fiscales distritales.

Esto generó roces con el Tribunal Constitucional, que destituyó a los designados a la Corte Suprema de Justicia, por lo que Morales los tildó de “emenerristas, adenistas, miristas”. Esta confrontación entre el Ejecutivo y Judicial derivó a que este último declara un paro de 24 horas del sistema judicial.

Pasarían tres años, 2009, para que el MAS tome el control de la justicia, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

“Toda la cabeza del sistema judicial boliviano es elegida por sufragio universal” cada seis años, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además del Consejo de la Magistratura, responsable de la disciplina dentro de todo el aparato judicial. También se elige al fiscal general del Estado.

Por diseño constitucional, los candidatos a altos magistrados de estos principales órganos judiciales del país son preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por dos tercios de sus miembros presentes. Durante ese periodo, estaba en manos del partido azul.

Con este control, el MAS estuvo en condiciones de “poner jueces” cercanos al partido al frente de todo el sistema de Justicia en Bolivia.

El constitucionalista Paul Antonio Coca señala que el “problema de raíz” que es la administración de justicia, en anteriores años, a la vigencia de la anterior Constitución y hoy con la Constitución actual, la administración de justicia tiene privilegios.

“Se somete al poder político de turno”, refiere.

Casos

En un recuento de hechos de uso de la justicia como instrumento de persecución en los periodos gubernamentales, señalan algunos analistas, están el Porvenir, el hotel Las Américas con ejecuciones extrajudiciales, el proceso a José María Backovic, entre otros.

En el Porvenir, el MAS, instrumentalizando la justicia, instauró que un proceso que correspondía a la jurisdicción de Pando se lleve adelante en La Paz, y que sea llevado por la jueza Betty Yañiquez, con competencias que no le correspondían, además de dictar detención preventiva y tienen al exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, por nueve años de encierro preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz.

“Los hechos suceden en Pando, pero trasladan a Leopoldo Fernández a la jurisdicción de La Paz, violando gravemente el debido proceso en su garantía del juez competente que se define territorialmente, tomando en cuenta el lugar donde se define el hecho, el lugar del domicilio del encausado y el lugar donde se encuentran la pruebas”, señala el constitucionalista Rivera sobre el tema El Porvenir.

“Aplica una medida cautelar de disponer la detención preventiva para encarcelar al imputado sin respetar su presunción de inocencia y tenerlo encarcelado por casi nueve años sin sentencia”, agrega.

Las Américas

Otro caso emblemático es el referido al hotel Las Américas, en el que se armó un supuesto acto de terrorismo por el que se produjeron ejecuciones extrajudiciales.

“Un caso que también se lleva a juzgar a La Paz, se disponen detenciones preventivas de líderes cívicos de Santa Cruz, de exautoridades y se los mantiene en detención preventiva por más de 10 años”, resume el constitucionalista Rivera.

Al respecto, el abogado Coca señala que el Órgano Judicial se ha convertido en un órgano de acompañamiento y no en un órgano contestatario, como debe ser.

Sometimiento

Bolivia ha vivido hasta ahora dos elecciones judiciales, en 2011 y 2017. En estas últimas, el MAS, con la mayoría de dos tercios, consiguió designar a la cúpula de todo el sistema que hoy imparte Justicia en el país y que estarán en funciones hasta el desarrollo de las próximas elecciones judiciales que sería en 2023.

Esta predominancia en el Legislativo ha determinado “un proceso creciente de subordinación de la Justicia al Ejecutivo y de judicialización de la política”.

Otras acciones

Por otra parte, no sólo considerando los procesos penales, el MAS logró subordinar al Tribunal Constitucional, por lo que legistas dan dos ejemplos específicos.

La Carta Magna de 2009 establece en sus disposiciones transitorias que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.

Sin embargo, con el Presidente ya en medio de su segunda gestión, las autoridades bolivianas comenzaron a señalar que el primer gobierno de Evo no contaba porque se dio bajo otro régimen constitucional.

También argumentaron que el Presidente no había llegado a concluir su primer mandato por el cambio de Constitución y que por ello podía volver a postular.

“Se ha realizado la refundación del Estado como un Estado Plurinacional y esa refundación ha generado una nueva CPE que contempla un nuevo orden”, sentenció el Tribunal Constitucional en aquella oportunidad dando vía libre a Morales.

Otro hecho que hace ver ese sometimiento es la habilitación a Morales en sentido que es un derecho humano postularse y desconociendo el artículo 168 de la CPE que señala que las autoridades pueden ser reelectas por una sola vez de manera continua.

Gobierno transitorio

En noviembre de 2019, Morales se vio forzado a dimitir y salió de Bolivia mientras en todo el país ocurrían protestas motivadas por alegaciones de fraude electoral y luego de que los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía le pidieran que dejara el cargo.

Expertos refieren que, durante ese periodo, Morales y otras exautoridades fueron víctimas del mismo tipo de injerencia política en el sistema judicial que ellos mismos ejercieron mientras estaban en el poder.

La Fiscalía inició decenas de procesos, pero que no prosperaron. Se deduce que las autoridades jurisdiccionales ganaban tiempo para proteger a los del partido azul, toda vez que éstos fueron impuestos por el MAS.

Morales ha sido denunciado por varios hechos, en el anterior año, inclusive por delitos comunes y delitos cometidos en contra de niñas; sin embargo, en ninguno de esos procesos ha sido citado de manera efectiva.

Las denuncias fueron por sedición, terrorismo, delitos contra la salud, fraude electoral, genocidio y por presunto estupro, uno de esos casos se cerró por “errores” del Ministerio Público.

Pero, pese a la presión del Ejecutivo al Judicial, no se logró que los casos o denuncias salgan adelante, por la poca predisposición de las autoridades jurisdiccionales de avanzar en los procesos.

“En principio, mostraron una alineación al Gobierno de Jeanine Áñez, con la instauración de procesos, pero en ninguno Morales ha sido citado de manera efectiva, situación que fue calificada como incumplimiento de deberes, con fallas en las citaciones, notificaciones a exministros, que derivaron en la nulidad de órdenes de aprehensión por aparente incumplimiento del debido proceso”, refiere el abogado penalista Ramiro Cárdenas.

Sin embargo, el Gobierno de Áñez logró la detención del exministro de Gobierno Carlos Romero, por supuestos actos de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn). Éste fue uno de los mayores logros contra las exautoridades de Morales.

Contraataque

Con la llegada de Luis Arce al Gobierno, el partido azul arremetió contra las exautoridades de la administración transitoria.

En esta oportunidad, la lentitud de los operadores de justicia durante el gobierno de Áñez cambió de manera radical.

El Ministerio Público procedió con la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra por el denominado “golpe de Estado”.

NO LE CONVIENE AL PODER REFORMAR LA JUSTICIA

REDACCIÓN CENTRAL

A lo largo de la historia nacional se ha pensado que la solución al problema de la justicia son reformas estructurales, reformas a la justicia. En la nueva administración de Luis Arce, su ministro de Justicia, Iván Lima, comprometió la transformación del sistema judicial, pero quedó en palabras.

Estas reformas se remontan a 1965, con un cambio particular en la conquista de la autonomía económica en 1965, paradójicamente bajo un gobierno militar surgido de uno de tantos golpes de Estado.

En los años 90, estas reformas estuvieron conectadas con una serie de acuerdos de febrero de 1991 relacionadas principalmente con el régimen electoral, y mejor especificadas al año siguiente en los acuerdos de julio, y luego efectivizados en las reformas constitucionales de 1994, que incorporaron, entre otras reformas, instituciones y mecanismos nuevos de gran valor jurídico y político tendentes a modernizar el sistema judicial.

Lo más destacable de estas reformas fue la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo, junto con la aprobación de las leyes de aplicación para cada una de ellas.

“El poder de turno no va a tener la intención de hacer una reforma estructural para que sea independiente, no le conviene, no va a haber cambios porque no le conviene al poder de turno”, indica el constitucionalista Paul Antonio Coca.

BAKOVIC, UN PROCESO SIN PRECEDENTES

José María Bakovic murió defendiéndose de 76 procesos judiciales que le instauraron después que dejó la presidencia del Servicio Nacional de Caminos, hoy Administradora Boliviana de Carreteras. Se vulneraron al menos 12 derechos constitucionales y el Estado no veló por su cumplimiento.

Bakovic falleció en octubre de 2013 en la ciudad de Cochabamba un día después de haber sido forzado a declarar en La Paz, pese a que su abogado había señalado que padecía de un problema cardíaco que le impedía viajar a la altura de la sede de gobierno. Justamente, durante la audiencia, sufrió un infarto que provocó su muerte. Tenía 68 años, durante siete asumió su defensa.