Los testimonios que surgen de diversos actores coinciden con la Iglesia Católica en que Evo Morales tomó parte de las decisiones que se tomaron en las negociaciones de 2019 y que cuando los exministros Carlos Romero, Javier Zavaleta y Héctor Arce salieron del diálogo, para dar paso a los legisladores, fue cuando la pacificación del país pudo avanzar.

El proceso comenzó el 14 de noviembre, dos días después de que Jeanine Áñez asumió el mando. Un documento de la Iglesia Católica sobre las memorias del proceso de pacificación del país señala que al principio participaron los exministros de Evo Morales. 

“Los representantes del MAS solicitaron salvoconductos de salida para las autoridades que estaban acogidas en las embajadas, garantías para que el expresidente Morales pudiese volver a Bolivia; aclarando que no realizaría actividades políticas, excluyendo expresamente una candidatura o asunción del gobierno por su parte”.

Si se cumplían estas condiciones, el MAS se comprometía a desmovilizar escalonadamente a los sectores en conflicto, reconocer el nuevo gobierno de transición, comenzar un diálogo sobre elecciones”.

El documento advirtió que el 20 de noviembre comenzó el contacto del grupo de facilitadores del diálogo con la nueva presidenta del Senado, Eva Copa, el nuevo presidente de Diputados, Sergio Choque y toda la bancada del MAS. “Las nuevas autoridades fueron personas abiertas a escuchar y entablar un proceso de diálogo, con nuevas actitudes”, dice el documento.

El ex senador del MAS, Omar Aguilar declaró que los tres exministros mencionados buscaban que el líder cocalero vuelva a ser candidato en las elecciones.

Dice que la primera reunión fue en la Vicepresidencia. Se sentaron frente a las nuevas autoridades del Ejecutivo Jerjes Justiniano, Álvaro Coimbra, entre otros. Evo Morales pidió ser candidato a las elecciones, según el ex senador. Los delegados de Áñez se opusieron a esa idea y se trabó la redacción del proyecto.

Aguilar acota que los delegados del MAS pidieron un cuarto intermedio. Por ello, en un salón contiguo estaban Carlos Romero, Héctor Arce y Zabaleta. El exministro de Gobierno fue quien habló con Morales y le explicó las dificultades. Puso el altoparlante del teléfono y todos escucharon las recomendaciones. Según el relato de Aguilar, de esa reunión participaron también Álvaro García Linera y Gabriela Montaño, desde el exilio y hubo un debate sobre cómo avanzar con la Ley de Convocatoria a Elecciones. “Está bien, avancen”, fue la instrucción lacónica de Morales. Aguilar dijo que esa conversación duró alrededor de 40 minutos.

Con esa decisión volvieron al salón de negociaciones, el senador Óscar Ortiz estaba en la puerta y Aguilar le lanzó una frase, “habemus papa, corre la ley”, fue de ese modo que se viabilizó la Ley de Convocatoria a Elecciones.

El 21 de noviembre, según el documento de la Iglesia, se reunieron los tres exministros la exsenadora Adriana Salvatierra; Omar Aguilar; la presidenta del Senado, Eva Copa; el exsenador Milton Barón; la diputada Betty Yañíquez, el exsenador Efraín Chambi.

En esa reunión, que duró hasta la madrugada, se consensuaron los temas finales de la ley de convocatoria a las elecciones (trabajada por la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional) y se trató la ley de garantías.

Consultado por este medio, el exministro Carlos Romero restó importancia a ese proceso. Consideró que el hecho de que la Asamblea Legislativa hubiera sesionado, adoptado determinadas iniciativas, “no significa que hubiera legalizado el golpe, ni el gobierno de Jeanine Áñez. Hubo una suerte de coexistencia de un Órgano Ejecutivo de facto, con un Órgano Legislativo que recuperó la posibilidad de cumplir su período constitucional”.

EL DEBER le recordó que no solamente cumplirlo, sino que el período constitucional de los Asambleístas incluso se alargó. “Sí, pero desde mi punto de vista no es que el Órgano Legislativo sesionó, consideró la renuncia de Evo y Álvaro como correspondía, aceptó esa renuncia y refrendó la presidencia de Jeanine Áñez, eso no existió, nunca pasó y por eso fue un golpe de Estado”.

Carlos Romero también lo descalifica. “Si usted se da cuenta, la designación de vocales, la convocatoria a elecciones son hechos que ocurren luego de las masacres de Sacaba y Senkata. Luego, obviamente, de la asunción de Áñez y de una serie de persecuciones políticas, por tanto no forman parte de un proceso de transición”.

Insistió en que la exmandataria “tomó por asalto el Órgano Ejecutivo, la Iglesia luego intervino gestionando la desmovilización de los sectores sociales para intentar consolidar al Gobierno”, denunció la exautoridad.

Recordó que cuando la Iglesia acudió a exministros, “como fue mi caso, para que podamos intervenir en ese proceso, la primera solicitud que yo hice fue un pronunciamiento público y una exigencia de esclarecimiento de las masacres de Senkata y Sacaba, como de las responsabilidades legales que correspondían”.

Ante esa solicitud, hubo un comunicado de la Iglesia “muy ambiguo, que lamentaba que algunos hermanos bolivianos hayan perdido la vida, pero no respondía a lo que nosotros pedíamos como un escenario de una verdadera transparentación de lo que estaba sucediendo”.

Por eso, consideró que la denominada pacificación “fue falaz, porque se sostuvo en la aplicación de la fuerza y luego se mantuvo con las cuarentenas que coincidieron con la crisis del coronavirus”, aseveró.

Insistió en que el Gobierno de Áñez era tan frágil, “hablamos de una presidenta y un grupo de senadores que emergían de un partido que obtuvo el 4% de los votos en las elecciones nacionales. Era tan endeble, que en agosto (de 2020) nuevamente salieron las movilizaciones sociales con mucha fuerza, pese a la situación de la crisis sanitaria que hundía al país”.

El exministro se refiere a la movilización que impidió el paso de oxígeno a distintas capitales del país y que generó decenas de muertes.

“Entonces, desde mi punto de vista, el slogan de la pacificación fue subjetivo, porque ésta nunca existió”, dijo.

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Pugna

El exministro Romero, para sustentar el presunto golpe, denunció que la Policía y las FFAA ya se había insubordinado al ministro de Gobierno y al presidente, mucho antes del motín policial, cuando los controles policiales en el marco de la seguridad electoral fueron fácilmente rebasados.

“Cuando Camacho se trasladó a La Paz, la Policía lo protegió y escoltó, algunos dijeron que eso había sido dispuesto por el ministro de Gobierno, eso es falso, la escolta fue definida por la Policía al margen mío y eludiendo una comisión de cuatro ministerios con autoridades que estaban en el aeropuerto. La Policía por cuenta propia comenzó a trabajar brindando protección a los líderes políticos de la derecha golpista y conspiradora”, denunció el exministro.

El viernes, la exdiputada del MAS, Susana Rivero acudió ante la Fiscalía y negó que hubiera presentado su renuncia al cargo de primera vicepresidenta de Diputados tras la salida de Evo Morales del país, y que lo hizo el 14 de noviembre. El portal ChequeaBolivia.bo dijo que ella posteó su renuncia el 10 de noviembre de 2019 a las 20:06.