En las últimas horas las facciones del MASismo intentaron desesperadamente falsificar -una vez más- probados hechos históricos acaecidos entre noviembre de 2019 y enero de 2020, tras conocerse la valiosa “Memoria” publicada por la Conferencia Episcopal Boliviana. Que, dicho sea de paso, incorpora al Estado de la Ciudad del Vaticano (léase Papa) en contra del mamarracho discursillo del “golpe”.  

La pasada semana disfrutamos de la atolondrada intervención mediática y judicial de dos de las por entonces cabecillas azules del provocado “vacío de poder” que desencadenó violencia y luto en Bolivia durante noviembre de 2019.

Por un lado, la expresidente del Senado  Adriana Salvatierra, en una entrevista (en PAT), dejó evidenciar que ellos provocaron el “vacío de poder”, abandonando el país y renunciando masivamente a los cargos de la línea de sucesión constitucional predispuesta en el Art. 169.I de la CPE. 

En dicha entrevista, Salvatierra ratificaba, primero, que “coordinó” su renuncia -entre otros- con sus jefes Evo Morales y Álvaro García de forma telefónica, evidenciando que éstos siempre estuvieron instruyéndoles a distancia. Asimismo, ratificó que ella se escabulló, junto a varias otras exautoridades (entre éstas Susana Rivero), hacia la embajada mexicana. Y este hecho es importante de destacar, ya que permite concluir que incluso antes de que renunciaran todas las autoridades wiphaleñas llamadas a suceder a Morales, éstas -técnicamente para el derecho internacional público- abandonaron territorio boliviano con la expectativa de ser refugiadas en México. Es decir, inhabilitándose materialmente para suceder en la Presidencia del Estado porque ya no tenían residencia en Bolivia. 

Empero, esta no era la primera vez que Salvatierra “soltaba la sopa”. Ya lo había hecho en enero de 2020, en un video confesional publicado en su cuenta personal de Facebook afirmando: “Suceder en el cargo al presidente obligado a renunciar por la violencia hubiese sido no sólo una deslealtad, sino un acto de traición cómplice con el Golpe (‘)”.

Probando con ello categóricamente que Salvatierra omitió ex profeso cumplir su deber constitucional de sucederle en la Presidencia del Estado a su fugado jefe Morales, lo que confirma que ejecutó la orden Evista de provocar el vacío de poder; configurándole a su vez, a ella, incumplimiento de deberes, entre otros delitos por los que debe ser procesada.

Por otro lado, su secuaz Susana Rivero se presentó espontáneamente a declarar ante la Fiscalía para afirmar que “no hubo vacío de poder”, contradiciendo la versión de su esposo, Julio Peñaloza, quien en diciembre de 2020 había escrito una columna (en La Razón) sobre “la instrucción cupular de dejar sin posibilidades de sucesión constitucional” a la oposición; y contradiciendo a Salvatierra, que horas antes había sindicado a Carlos Mesa de “haber provocado el vacío”. Evidenciando que ni entre ellas se pusieron de acuerdo para mentir porque están peleadas.

Al respecto, cabe señalar que ni Mesa ni ningún otro ciudadano eran servidores públicos como para poder provocar “vacío de poder”. Ya que sólo los MASistas, que para noviembre de 2019 ejercían los cargos de Presidente del Estado, Vicepresidente del Estado (presidente nato de la ALP), presidente del Senado y de Diputados, respectivamente, podían provocar “vacío de poder” porque detentaban el poder, valga la redundancia. Y en efecto, todos estos abandonaron ex profeso funciones y el país. Ergo, ningún ciudadano “de a pie” podía generar “el vacío del poder” que no tenía. 

Vacío de poder que, reiteramos, fue salvado por la por entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, que cumplió su deber sucediendo ipso iure (sin necesidad de instalación de sesión alguna para traducírselo al lego), primero, en la presidencia el Senado, de acuerdo al Art. 41.a) del Reglamento General del Senado; y, consecuentemente, en la Presidencia del Estado, de acuerdo al Art. 169.I CPE.   “Quien fue a Sevilla, perdió su silla”.