Los administradores de justicia que incurran en mora procesal injustificada, también conocida como retardación, serán sancionados con privación de libertad de tres a seis años y su inhabilitación.

La medida se aplicará a los jueces, fiscales y servidores públicos del país cuando se evidencie que incumplan con los plazos previstos en las leyes procedimentales o retarden, injustificadamente, el cumplimiento de los actos propios de su función, según un boletín de prensa del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

El titular de esta cartera de Estado, Iván Lima, explicó que la implementación de la norma busca una lucha frontal contra la corrupción y una reforma judicial acorde a la realidad.

"La política definida por el presidente (Luis Arce) es de cero tolerancia a la corrupción y esta política tuvo dos ejes importantes, no olvidemos que justicia es, ahora, justicia y transparencia institucional, es el nombre completo de nuestro Ministerio y la política de transparencia parte de no generar, no permitir, de ninguna manera, impunidad", subrayó. 

Calificó anteriormente a la retardación de justicia como efecto “de la burocracia indolente” que afecta a litigantes y procesados. Dijo que normas como la Ley de Interoperabilidad de la justicia permitirán subsanar los efectos nocivos de la acumulación de la carga procesal.