En medio de  confusión, porque el presidente Luis Arce aún  no emite la orden general de destinos y ascensos, como  pasó con la designación del llamado “general tira” Víctor Maldonado (2012), quien no pudo ejercer su grado porque no egresó de la Academia Nacional de Policías (Anapol), la institución verde olivo camina rumbo a su 195 aniversario, que se celebra este 24 de junio, sin generales al mando.

“Extorsionados por los cambios de destinos y perseguidos (con procesos disciplinarios) para darnos de baja y luego meternos a la cárcel por el motín de 2019. No hay motivo para celebrar (...) Que celebre (el comandante general) Jhonny Aguilera, pero el poder no dura para siempre, eso lo saben  otros generales que fueron a dar a la cárcel cuando ya no los necesitaron”, opinó  un suboficial de Santa Cruz, quien afronta cargos por el repliegue policial de ese año.

“Se han iniciado procesos contra efectivos que ultrajaron los símbolos patrios, que se organizaron para perseguir al pueblo boliviano. Son personas que deben ser retiradas de la Policía (…) no necesitamos policías que se dediquen a delinquir en la institución verde olivo”, afirmó en cambio el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien aseguró que su cartera  no tiene nada  que ver con los procesos iniciados contra policías a denuncia del viceministro de Descolonización, Pelagio Condori.

Policías amotinados en Cochabamba en noviembre de 2019.
 Foto:Dico Veimar Soliz Rocha

“Camaradas, no crean esas mentiras, somos cientos de policías a los que cambiaron de destino con el pretexto de ‘mejor servicio’, que debemos estar regidos a la Ley 101 (de Régimen Disciplinario)”, afirmó en su momento  el exsargento Óscar Fuentes, a quien le negaron  las vacaciones que solicitó para cuidar a su familia contagiada con coronavirus, por lo que decidió faltar a su puesto de trabajo y en abril fue  dado de baja de la institución.

“Será una sorpresa”, fue una de las varias respuestas que, desde enero, dio el ministro Del Castillo  a Página Siete al ser consultado sobre los ascensos a generales de la Policía. Hasta la fecha, en al menos cuatro oportunidades respondió “la siguiente semana” cuando fue consultado cuándo definirá el Presidente la lista de ascensos.

“Esto se va a definir antes del  aniversario de la Policía Boliviana (el 24 de junio)”, fue la última respuesta que dio el ministro a este medio. El miércoles, en la Cámara de Diputados se aprobó en grande, “en el marco del respeto a la Constitución Política del Estado (CPE)”, el proyecto de “Ley de carrera de generales y de ascensos de la Policía Boliviana”, informó la diputada Magaly Gómez.

“Es mentira, el MAS no respeta las leyes, no tienen moral y es peligrosa la forma en que manipulan a sus bases, gente que no se da cuenta del grado de corrupción que engendraron en la Policía. Pero los subalternos no olvidamos los abusos que se cometió en el gobierno de  Evo Morales, su mirada sindicalista hizo que cortaran la forma de organizarnos y ahora no tenemos quién nos represente”, cuestionó un sargento y exdirigente de la Asociación Nacional de Policías (Ansclapol) de Potosí.

 El mismo fue  cambiado de destino, dijo, en represalia al “repliegue de 2019”, que generó la renuncia de Morales luego de las protestas por el fraude electoral.

“Eso es lo que nunca nos va a perdonar el Evo, que no obedecimos sus órdenes de reprimir al pueblo y proteger a los masistas. (El ministro) Del Castillo es más peligroso aún (que el exministro  Carlos Romero). Él es de un sector fundamentalista, dicen que buscan igualdad, pero los únicos que se benefician de ese régimen son ellos, gente que no es del ‘pueblo’ y vive de la politiquería”, sostuvo el exdirigente.

El 8 de noviembre de 2019, los policías de Cochabamba iniciaron el “repliegue  policial” que se extendió a otros departamentos. Desconocieron las órdenes del coronel Raúl Grandi, recordado por la represión contra el sector de discapacitados en La Paz.

Las esposas de policías de esa región aseguran que los “cientos de cambios de destinos” generaron extorsiones, que “tienen hasta tarifas”, pero en el fondo  los uniformados fueron alejados de su ciudad en “represalia por el repliegue”. “(En 2019) ellos no podían seguir órdenes mal dadas, Grandy es un déspota”, afirmó Gloria T.T., viuda de un policía muerto en la tercera ola de la pandemia.  Ese año, recordó la mujer, grabaron a Grandy mientras instruía reprimir a civiles que protestaban de forma pacífica por el fraude electoral y proteger a los militantes del MAS que intentaban enfrentarlos.

“Esos grupos (del MAS) quemaron las EPI en Sacaba, robaron armas y eso está en todas las redes sociales. Ellos (el Gobierno) creen que la gente se va olvidar al repetir ‘golpe de Estado, golpe de Estado’, no va a pasar, solo siguen provocando al policía de base”, criticó.

En 2018, el excomandante departamental de Cochabamba  coronel Rolando Montaño  presentó ante la Fiscalía una denuncia contra un grupo liderado por Rodrigo Medrano Peredo, tío materno de Álvaro Morales Peredo, supuesto hijo del expresidente. Los acusó de extorsionar a jefes policiales a nombre de autoridades y dirigentes del MAS.

El exministro Romero confirmó que el expresidente conocía de los detalles y que el proceso no prosperó. En enero de este año los denunciados volvieron a  aparecer y fueron acusados  por oficiales que aseguraron que ahora utilizaban el nombre de los legisladores del MAS de esa región, Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza.

“El único responsable de todo esto es mi tío Evo Morales, siempre lo he saludado así porque es costumbre de mi tierra. Si me estás escuchando, me estás viendo, tío Evo Morales, solo fue tu ambición de poder. Si nadie te lo dijo, lo voy a decir: ni las organizaciones sociales del MAS querían que sigas como presidente”, afirmó a Correo del Sur la sargento Cecilia Calani, en Sucre, la pasada semana.

Calani, quien denunció ser víctima de persecución del actual Gobierno, está en la lista de 26 policías, entre sargentos y coroneles, procesados por el motín y por cortar de sus insignias la wiphala.

 El uso de ese símbolo fue considerado una imposición de Morales a la verde olivo, como reconoció el exministro Hugo Moldiz en una anterior entrevista, al igual que la arenga cubana “patria o muerte: venceremos”, que los uniformados afirman sólo representa a extranjeros que rodean al expresidente.

Si bien el actual ministro de Gobierno niega ser el impulsor de los procesos contra los policías, documentos a los que accedió Página Siete revelan que los funcionarios de la Oficina de Control Interno (OCI), a cargo de Del Castillo, solicitan de forma constante información al fiscal general policial, Omar Chávez. La OCI también  coadyuva en los procesos presentados por el viceministro Condori contra los fiscales policiales, que rechazaron sus demandas  -en La Paz- por no tener fundamentos.

“Condori sólo está utilizado, igual a (la exdiputada) Lidia Patty (en el  caso de supuesto golpe de Estado), no tiene la capacidad de redactar ni pensar una denuncia de este tipo.  ¿Quién investigó por él a los 26 policías?”, cuestionó un coronel, parte de los 10 funcionarios que fueron acusados en La Paz.

 “¿Por qué nos pretende incriminar con fotos y videos donde además aparecen jefes (policiales) que ahora están con el ministro de Gobierno  y aparecieron  junto a (el excívico y actual gobernador de Santa Cruz) Fernando Camacho? Esos datos se los armó otro policía y no procesan a los que verdaderamente dirigieron el motín”, complementó la fuente.

La sargento Calani aseguró que por presión o interés personal los fiscales policiales y el Tribunal Disciplinario que la procesan cometen delitos como resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes, esto por seguir con los procesos. “Solo ante Dios me voy a arrodillar (…) como mujer, como madre (en 2019) he evitado que quemen a los vocales del Tribunal Electoral”, aseguró la sargento.
 

En 180 días de gestión se presentó un  proyecto de ley para la  carrera de  generales
Jhonny Aguilera: Nuestra  gestión se enfocó en la recuperación de la dignidad de la Policía Boliviana

Carlos Quisbert  / La Paz

El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, afirmó que uno de los principales objetivos en los primeros 180 días de su gestión fue la “recuperación de la dignidad de la Policía Boliviana”. Dijo que  una de las principales cartas de presentación para los 195 años de aniversario será la exposición de un proyecto de ley para la implementación de la carrera de generales.

El comandante  Jhonny Aguilera ante el Presidente del Estado.
Foto:Archivo

“Se conformó una comisión conformada por representantes de todos los estamentos de la institución, coroneles, oficiales y clases. Esta comisión elaboró este anteproyecto de ley (de carrera de generales y de ascensos de la Policía Boliviana) al que brindamos nuestro respaldo”, afirmó  Aguilera en contacto con Página Siete.

Dicha norma fue presentada por intermedio del Ministerio de Gobierno y, el miércoles, la Cámara de Diputados la aprobó en grande. Dicho proyecto de ley cuenta con 38 artículos, cuatro disposiciones transitorias, una disposición final, dos abrogatorias y dos derogatorias.

“Se incorpora la carrera de generales, que desde nuestra perspectiva evitaría la competencia desleal entre oficiales, que se traduce en pugnas que empañan la imagen de la Policía. También se reconoce una jerarquía al estamento subalterno (suboficiales y sargentos), producto de la educación que se recibe en los centros de formación”, explicó Aguilera.

En esa línea, según la propuesta de la Policía, la carrera de generales hará énfasis en la calificación de méritos y gestión en el área investigativa, como las fuerzas especiales de lucha contra la violencia, el narcotráfico y el crimen (Felcv, Felcn y Felcc).

“En esta gestión se han planteado 73 ejes estratégicos medibles y que se traducen en los servicios que tiene que brindar la Policía Boliviana. Son tres ámbitos, el operativo, el preventivo y la administración de recursos, estos tres indicadores se plantearon para medir la gestión en los comandos departamentales y las direcciones nacionales, que deben ir acorde a los objetivos del Estado”, explicó el comandante general.

Otro aspecto que se logró en este tiempo, complementó, es la digitalización de los datos de los oficiales y el inicio para  los subalternos con la meta de fiscalizar el cumplimiento del plan de carrera. Con ello se tendrá  información sobre el tiempo de permanencia  de un  efectivo policial en un destino y el tipo de labor especializada que realizó hasta antes de su presentación a las convocatorias de ascenso.

“El Ministerio de Gobierno envió un equipo al Comando General  precisamente para supervisar un control y seguimiento de la especialidad que tiene el talento humano. De los 38.502 policías, los datos de coroneles a subtenientes (unos 8.000 efectivos) ya están digitalizados al 100 por ciento. En el caso de los subalternos esta digitalización será gradual y en la medida que los mismos se presenten a las convocatorias de ascenso”, explicó.

Aguilera fue posesionado el 16 de noviembre de 2020 como comandante general interino de la Policía Boliviana.

“Hemos tenido errores que se traducen en una falta de doctrina, falta de convicción y hechos vinculados a la corrupción que habrían motivado que no toda la Policía, hubieran desconocido el orden legalmente establecido. Nos toca establecer el orden. Nos toca hacerlo respetando los derechos constitucionales”, destacó  el día de su posesión en el cargo.