El expresidente Evo Morales fue electo en 2005 con 53,74% y reelecto en 2009 con 64,22% de apoyo. Si bien se trató de una autoridad con inédita legitimidad democrática, una vez consolidado su poder gradualmente materializó: un carácter autocrático-populista en sus decisiones; una administración de procesos electorales dudosamente transparentes y competitivos; poca efectividad del Estado de Derecho, discrecionalidad por el respeto a la Constitución y normas y a la división de los poderes; flagrantes ataques a la vigencia y garantía de los derechos humanos, lo que se reflejó en arremetidas constantes a instituciones de la sociedad civil que resguardan su ejercicio individual o colectivo; y, altos niveles de corrupción impune.

Los dos posteriores procesos eleccionarios en los que terció Morales fueron inconstitucionales: habiendo sido elegido en 2005 y reelecto en 2009 por una vez, en 2014 fue por una segunda reelección, vulnerando no solo los acuerdos políticos con la entonces oposición, sino también la primera disposición transitoria constitucional, que expresamente señala que los mandatos anteriores a la vigencia de la Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.

En 2015, el MAS pretendió modificar el artículo 168 de la Constitución para que la figura de la reelección sea ilimitada, por lo que convocó a referéndum. Como era de esperar, la voluntad popular dijo No a ese afán personalista y prorroguista, pero igualmente fue rebasada con el incumplimiento de los resultados vinculantes del 21F. A través de una sentencia constitucional en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la aplicación preferente de los “derechos políticos” por encima de los artículos de la Constitución, que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta, pasando por alto igualmente el artículo 168, y asegurando la cuarta candidatura consecutiva de Morales, que, vale la pena aclarar, fue sustentada en el Tratado Internacional de Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica y respaldada por Luis Almagro, secretario general de la OEA.

En octubre de 2019, luego de las fallidas elecciones, Morales respondió con su renuncia y posterior fuga del país, activándose lógicamente la sucesión constitucional ante el vacío de poder, que, sin entrar en calificaciones al por demás penoso gobierno transitorio de Jeanine Áñez, fue constitucional y legal.

Pero bien, sin respeto a las instancias, ni procedimientos ni las garantías competentes, el MAS —antes con Morales y hoy con Luis Arce— propició y continúa propiciando lesiones al Estado de Derecho con un interminable retroceso constitucional.

Hoy como país continuamos afrontando la constante tensión autoritarismo/ democracia, que sigue profundizándose desde el Órgano Ejecutivo, ante una lacerante realidad, donde los derechos humanos no valen y los diseños institucionales son inoperantes para optimizar la independencia del Poder Judicial, la separación de los poderes y la vigencia misma de los derechos civiles y políticos.

Concretamente, para el oficialismo, la independencia judicial más que un valor es un permanente obstáculo a vencer, la justicia es “su” instrumento para preservar, autorizar, legalizar o “constitucionalizar” medidas arbitrarias e imponer la voluntad gubernamental en detrimento de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales o ambientales de la población. En esa medida, igualmente ha procedido a la neutralización de los órganos de control señalados en la Constitución Política del Estado.

Sigue siendo común en este régimen la naturaleza personalista, populista, delegativa y autoritaria, que sin responsabilidad política, afianza un manejo del aparato público y sus resultados sin ética ni transparencia. En efecto, el diseño o aplicación de políticas sin control constitucional o legal, son muestra de que el Poder Ejecutivo logró “colonizar” integralmente el sistema de justicia.

Así vamos, con un oficialismo enceguecido y sin la voluntad de construir consensos, sin la mínima interpretación armónica del principio de igualdad política, de igual libertad, de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades, inviabilizando nuestra realización como país. Total, en la práctica, continúan los golpes del MAS al Estado de Derecho y persiste el proceso de desconstitucionalización.