Con más de un año de retraso, la jerarquía de la Iglesia Católica decidió elaborar y difundir su Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia. El documento, basado en el “intercambio de remembranzas” de los obispos, está hoy en el centro del debate político. Algunos lo celebran y suscriben sin matices; otros lo descalifican por su sintonía plena con el discurso opositor.

En general, la Memoria de los obispos es un insumo valioso para seguir reconstruyendo la coyuntura crítica desarrollada en el país entre octubre de 2019 y enero 2020. El documento, de 25 páginas, detalla de manera cronológica acciones, noticias e interpretaciones de aquel muy difícil e incierto periodo, buscando reivindicar el papel del clero en la “facilitación del diálogo”. Claro que se trata de la versión de un actor interesado del “proceso de pacificación”, lo cual no equivale a “la verdad”.

El tardío relato de los obispos, lejos de contribuir a mitigar la polarización, se situó pronto y de mal modo en el centro de la persistente disputa política. Así, el bloque opositor, incluidos sus activos operadores mediáticos, asumió la Memoria casi como palabra divina y reafirmó, al pie de la letra, el recuento contenido en ella. La versión de la jerarquía católica sería la demostración de que la sucesión presidencial de Áñez y su régimen fueron constitucionales. Y, claro, que “no hubo golpe de Estado”.

En el campo del oficialismo, en tanto, se denunció que el documento eclesiástico contiene falsedades y omisiones. Entienden el relato de la Memoria no como el testimonio de una instancia facilitadora o mediadora, sino como parte del posicionamiento de la oposición. Las dos mujeres del MAS que estuvieron en la línea de sucesión presidencial: Salvatierra y Rivero, aseguran que los obispos mienten al respecto. Así, la versión de la Iglesia expresaría la visión política de quienes “fueron parte del golpe”.

A reserva del irresoluble debate sobre los hechos de 2019, así como las afinidades y discrepancias con la palabra oficial de la Iglesia Católica, resaltan y son discutibles dos cuestiones esenciales. La primera es la afirmación de que, en los espacios propiciados por la Iglesia, en especial las develadas reuniones en la Universidad Católica, “no se tomaron decisiones”. El mismo relato de la Memoria expone lo contrario: el 10 de noviembre ya estaba decidida la opción por Áñez.

La otra cuestión es más sensible y tiene que ver con las masacres de Sacaba y Senkata. En el recuento de los obispos, ambos hechos, que costaron más de una treintena de vidas, son una suerte de daño colateral de la “pacificación”. Con relación a Sacaba, la Memoria habla de “enfrentamientos” (sic). Y respecto a Senkata, cita una noticia con la versión del exministro López en sentido de que “el ataque violento contra la planta de gas pudo haber producido una catástrofe”, hecho ampliamente desmentido.

La Memoria de la Iglesia Católica, y ella misma, no están al medio de la polarización política, sino en primera línea de uno de los extremos.