Después de tantos dimes y diretes, de mentiras y medias verdades, un actor social determinante en la historia de Bolivia y desde la óptica de su misión pastoral, ha emitido un Informe-memoria sobre los hechos de octubre-noviembre de 2019. Y es que, elaborado por la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), hoy contamos con una crónica metodológicamente inmejorable que no hace otra cosa que ratificar lo que todos los bolivianos pudimos percibir, aunque no todos estén dispuestos a admitir.
Bolivia es un Estado laico, por tanto, la Iglesia Católica que hasta antes de la Constitución Política del Estado gozaba de preferencia por ser la religión oficial, hoy, afortunadamente, conserva una autoridad moral sobre la que huelgan cuestionamientos. Su papel fue predominante en la historia latinoamericana y desde la Guerra de la Independencia el clero tuvo decisivo protagonismo, aunque no necesariamente como cuerpo monolítico porque unos apoyaban la causa realista y otros enarbolaron la bandera revolucionaria; como hoy en Bolivia en que a título personal hay –y todos lo sabemos– quien en la jerarquía eclesiástica tiene indisimulada simpatía por el proceso de cambio. Pero la Iglesia es mucho más que un prelado o que unos cuantos laicos; pues se sustenta en una doctrina social que la habilita de facto como un actor social que representa a millones de fieles, pero, ante todo, que traduce una autoridad evangélica que la distingue de cualquier declaración secular.
Luego, los hechos que el Informe-memoria que recientemente dio a conocer la CEB, son una confirmación exacta de lo que en aquellos días ocurrió en el país ante el vacío de poder provocado por las numerosas renuncias producidas en la Asamblea Legislativa Plurinacional controlada por el MAS. Indudablemente la irreflexiva determinación de característica “orgánica” como suelen llamar cuando toman decisiones acordadas entre ellos, fue un garrafal error político, que hizo que perdiera toda posibilidad de conservar el poder absoluto aun sin Evo Morales.
Pero bien, esa narración cronológica y circunstanciada trae como novedad, la autoridad moral sobre toda otra manifestación político-partidista de cualquiera de las partes en conflicto que hasta ahora y desde entonces se reproducen con el ritmo del virus que soportamos.
Hay que recordar que la Iglesia Católica, más allá de su principalísimo rol sacro y evangelizador, se destaca, sin tener que pugnar con nadie, por el reconocimiento que sobre ella pesa, de una autoridad ética orientada a promover valores que conducen a un orden más adecuado para el ser humano, pero que, a diferencia de cualquier otra institución de iguales objetivos, emana del orden espiritual. Esa influencia de que goza en el contexto nacional, deviene de un humanismo cristiano que no se puede confundir con una actividad política militante y mucho menos partidista. Por eso, la declaración de la CEB respecto a ese odioso pasaje de la historia reciente de Bolivia, no puede sino ser tomado como un documento de la más amplia veracidad. Primero, porque lo que sí está fuera de discusión es que fue la propia CEB la que convocó a una serie de reuniones con el consentimiento de todos los actores. Segundo, ese proceso de varias semanas no tuvo, ni por asomo, carácter conspirativo, y más por el contrario, como dice el propio texto, fue guardián de la Constitución, que hubiera sido violada si se optaba por ungir al Senador Víctor Hugo Zamora a la primera magistratura, sólo por un acuerdo a todas luces ilegítimo e ilegal, hallándose en pleno ejercicio de la segunda vicepresidencia de la Cámara alta, Jeanine Áñez.
De ello se infiere que nunca hubo golpe de Estado, pero sí fraude electoral monstruoso. Que hubo un gobierno transitorio, corrupto y de proclamación sin precedentes, es otra historia. ¿Que Mesa llamó a la violencia o urdió una ruptura constitucional? ¡Por favor! pero una vez más la Iglesia tendió puentes ante el llamado de los políticos cuando en manos de éstos las papas queman.