Peculiar fue la declaración del expresidente Carlos Mesa el jueves 17 de junio ante los fiscales que llevan adelante el caso Golpe de Estado. La Fiscalía tenía preparadas 55 preguntas para el presidente de Comunidad Ciudadana en calidad de testigo; de las mismas, con objeciones, solo respondió tres. Según el “Acta de declaración informativa en calidad de testigo” a la que este medio tuvo acceso, luego de que los fiscales le dieran a conocer a Mesa el caso que llevan adelante, el exmandatario “con carácter previo” hizo notar que no iba a declarar por dos razones: una, “que no reconozco la legitimidad o la legalidad de este proceso, un proceso que se basa en hechos falsos y en la manipulación de pruebas”, alegando como argumento central la vigencia de dos leyes, la 1266 (Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, del 24 de noviembre de 2019), y la 1270 (Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas, del 20 de enero de 2020).

La segunda razón, continuó su intervención, es que para él “éste es un proceso de carácter político impulsado por el propio expresidente Evo Morales y el actual Presidente (Luis Arce)”, y que la Fiscalía y la Justicia no hacen más que obedecer al Ejecutivo: “Es un hecho incuestionable que el Ministerio Público y el Órgano Judicial responden a las órdenes del Poder Ejecutivo; por lo tanto, la credibilidad de los procesos como éste se ha perdido totalmente. Por todo ello, no reconozco la legitimidad de este juicio, que es un montaje político”.

El expresidente basaba su resistencia a declarar en el artículo 121, parágrafo I de la Constitución (que en su parte pertinente dice: “en materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma (…) El derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad”); y en el artículo 193, párrafo II del Código de Procedimiento Penal, que dice: “El testigo no podrá ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales pueda surgir su responsabilidad penal”.

Aunque, vale la pena saberlo, el párrafo I de este mismo artículo 193 invocado por Mesa señala que “toda persona que sea citada como testigo tendrá la obligación de comparecer ante el juez o tribunal para declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley”.

RECHAZO. La intención de Mesa al parecer era rechazar en bloque el cuestionario que se le tenía preparado, lo cual fue confirmado por uno de los fiscales que le recibió, Omar Mejillones. Luego de la audiencia, el funcionario del Ministerio Público afirmó que tras que el exmandatario se cobijara en el artículo 121 de la Constitución, la Fiscalía le aclaró que la “invocación de este artículo no corresponde porque él estaba siendo citado en calidad de testigo y que (por eso) tiene que, de manera obligada, declarar respecto a los hechos que se le iba a preguntar; es en este sentido que, habiendo invocado de manera errónea el derecho de abstención, porque es testigo y no es sindicado, hemos continuado con el interrogatorio”.

De modo que aún alegando su derecho al silencio, Mesa tuvo que responder a las 55 preguntas que le hicieron los fiscales. Como se conoce, respuesta como tal solo dio en tres; apelando en el resto al 193 del Código de Procedimiento Penal: que la respuesta puede incriminarle. Los fiscales pudieron aplicar todo el cuestionario porque, aclaró en radio Éxito el abogado constitucionalista Víctor Hugo Chávez Serrano, la afirmación de que tal o cual respuesta incriminaría al declarante debe ser para cada una de las preguntas. No hay el que se pueda rechazar en bloque todo el cuestionario porque el declarante considera inválido o injusto el caso.

“Cada pregunta debe ser evaluada y solamente si (la respuesta) le perjudica, si le incrimina, él puede acogerse a ese derecho; es individual (el no responder), no puede uno ir y decir, ‘no, me incrimina todo’ y me niego a responder. (El invocar la no respuesta) tiene que ser con las 50 preguntas, no puede uno patear el tablero y decir yo no contesto nada más porque me incrimina; no, es una a una (la invocación al 121.I de la Constitución), apuntó Chávez Serrano.

Por eso, luego de responder con reticencia las tres primeras preguntas, Mesa invariablemente responde a las restantes 52 con un “me acojo al derecho al silencio”; aunque son excepción las respuestas 52, 53 y 54.

En la 52, el fiscal le pregunta si “conoce al Sr. Ricardo Paz” (jefe de campaña del expresidente, como se sabe); y el exmandatario respondió: “Me acojo al derecho al silencio, por las razones explicadas en el inicio de mi intervención por el artículo 121 y no reconozco la legitimidad de este proceso”. Y, en la 53, el fiscal vuelve a preguntar: “Conoce al Sr. Ricardo Paz, cuándo”, a lo que Mesa responde: “Considero que la Constitución está por encima de cualquier norma, y tengo derecho a guardar silencio”.

BLOQUE. Y la respuesta 54, en que Mesa ratifica su intención de no declarar al bloque de preguntas, porque para él el proceso está invalidado, y se queja de que fue presionado.

“¿Tiene algo más que agregar a su presente declaración?”, interroga el fiscal; a lo que el expresidente responde: “Sí. La insistencia de los señores fiscales en no aceptar mi derecho constitucional hizo que yo respondiera presionado por esa situación cuatro preguntas, porque es un principio general de carácter moral de mi parte establecer una posición clara de repudio a la manipulación y al uso instrumental del Ministerio Público, la va a convertir en una persecución política a los miembros de la oposición. Ratifico mi postura de desconocer lo que se está haciendo y lamentar lo que se está utilizando al Ministerio Público”.

A punto seguido, el exmandatario deja entrever razones políticas, también, de su rechazo al proceso llevado adelante por la Fiscalía: “Asimismo, adjunto en fojas 3 una declaración previa que leí al comenzar el acto, que explica las razones por las que no declaré, sobre la base de argumentos políticos y el artículo 121 de la Constitución”.

Las preguntas respondidas acudiendo al derecho al silencio, en buena medida se refieren a las reuniones de la oposición previas a la renuncia del expresidente Evo Morales, lo que ocurrió el domingo 10 de noviembre de 2019 por la tarde.

Al menos diez preguntas tienen como base la declaración que la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Teresa Morales hizo ante la Fiscalía contando las circunstancias de las reuniones en la Universidad Católica el 11 y 12 de noviembre. Era la oportunidad de responder a las aseveraciones de Morales: a Mesa se le preguntó, por ejemplo, si era cierto que dichas reuniones se llevaron a cabo “¿con el ánimo de derrocar al gobierno del presidente Morales?”; luego, “¿es cierto que usted habría sido designado vocero de las personas reunidas en la UCB?”; luego, en las reuniones de la UCB se habría dicho que “la pacificación del país pasaba por una salida institucional y constitucional, que hicieron varias propuestas de procedimiento legislativo, ¿es esto cierto?”; luego, se dice que “se preguntó a Susana Rivero, Adriana Salvatierra y Teresa Morales si aceptarían que la presidenta del Estado sea Jeanine Áñez. ¿Es esto cierto? De serlo ¿de quiénes surgió dicha pregunta y cuál fue la respuesta?”; luego, al retirarse Adriana Salvatierra, se dice que “el señor Samuel Doria Medina les manifestó que tiene que tomar una decisión o caso contrario operaría el Plan B, ¿es cierto lo señalado? De serlo, indique qué decisión deberían tomar las exasambleístas y ¿cuál era el Plan B?”, entre otras preguntas.

ÁÑEZ. Hay tres interrogantes que se las hace a partir de la última declaración de Jeanine Áñez ante la Fiscalía. También aquí Mesa podía dar su versión de algo que dicen que él dijo: luego de reunirse con Adriana Salvatierra, Ricardo Paz le habría llamado a Mesa y le habría dicho que la exsenadora del MAS le dijo que “asumiría la presidencia del Estado y llamaría a elecciones con nuevo Tribunal Constitucional” (bueno, el error es evidente, debió escribirse “Tribunal Electoral”); pero sigue la pregunta: “a lo que usted contestó que las protestas seguirían, que la ciudadanía no aceptaría esa sucesión, ¿es esto cierto?, y de serlo ¿cuándo se llevó a cabo dicha reunión, y por qué considera que la población no aceptaría dicha sucesión?”; luego, se le pregunta si sabe por qué el 11 de noviembre de 2019 Áñez es trasladada a La Paz y por qué medio; si conoce de las reuniones de ella con Camacho, y si conoce a quien ordenó que Áñez tuviera escolta policial para ingresar a la plaza Murillo y a la Asamablea Legislativa.

El cuestionario fiscal a que el expresidente se nego a responder porque lo que diga le incriminaría, también incluye interrogantes administrativas de su partido, como “si recuerda con cuántos delegados políticos contó su partido Comunidad Ciudadana en los recintos electorales del país, en el escrutinio de las elecciones del 19 (error, 20) de octubre de 2019”; o si sabía la distribución de sus delegados entre “los recintos urbanos o rurales”.

Lo mismo, también hay una suerte de examen sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP): “¿conoce el significado, utilización y la función del TREP?”, “Diga usted (si) conoce cuál es la resolución administrativa que crea el sistema informático del TREP”; “Diga si usted conoce el sistema informático TREP y si es vinculante para su aplicación en el cómputo de votación”.

También hay las preguntas acerca de la participación pública en actos masivos de Carlos Mesa, si participó en “cabildos realizados antes de las elecciones”, si en el cabildo del 10 de octubre de 2019 “usted señaló o indicó realizar el voto castigo en contra de candidatos que se consideraban ilegales, y (si habló de) desconocer los resultados electorales, y de activar mecanismos de desobediencia civil democrática”.

RESPONSABILIDAD. De la misma forma, también existen las preguntas que evidentemente implicarían una “responsabilidad penal” para el interrogado: “diga usted si conoce o fue parte de las reuniones donde se decidió ir a las movilizaciones y paros entes de concluido el cómputo electoral en las elecciones de 2019”; si sabe que lo que dijo Áñez, en sentido de que él (Mesa) habría dicho que “no aceptaría la sucesión de la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra”; “diga usted si sabe o conoce de la aplicación del Plan B, si estuvo de acuerdo con la sucesión ipso facto, y “sobre qué sustento legal o norma” habló de “vacío de poder”; y, “si sabe o conoce desde qué momento las Fuerzas Armadas y la Policía se cuadran, coordinan o responden a las indicaciones de la exsenadora Jeanine Áñez Chávez”.

No deja de llamar la atención la pregunta en que el interrogador interpela el proceder ideológico del exmandatario: “Diga usted si recuerda en qué momento su persona decidió cambiar de idea de la realización de la segunda vuelta a (la) anulación de (las) elecciones, debiendo señalar de forma pormenorizada sobre qué sustento legal manifestó la misma”.

Finalmente, los fiscales le preguntaron a Mesa el historiador tres interrogantes, a fin de comparar los contextos de anteriores sucesiones presidenciales: “diga usted, de forma pormenorizada, cómo se procedió a la asunción como presidente ante la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada”; “considerando su trayectoria de historiador y político, señale de forma pormenorizada la sucesión constitucional de Jorge Quiroga Ramírez y la de Eduardo Rodríguez Veltzé”; y, “diga usted si sabe o conoce (si) ambas sucesiones fueron realizadas en el Congreso o en sesiones de Congreso y cuáles fueron los contextos de los mismos”.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón