La defensa siciliana es una apertura ajedrecista que tiene como principal objetivo proteger al rey con un peón. Además, es una maniobra distractiva que sirve para contraatacar. Esta movida fue inventada por el sacerdote italiano Pietro Carrera, en el siglo XVIII. Esta jugada en el ajedrez fácilmente se extrapola al juego político. Cuando un actor se siente acorralado por denuncias sustentadas en pruebas documentales y/o testimoniales contraataca políticamente para distraer la atención sobre esas acusaciones. Es el caso del expresidente Carlos Mesa.

Hace unas semanas, utilizando los ambientes del Palacio Legislativo, el exmandatario anunciaba que su partido Comunidad Ciudadana (CC) iba a apoyar cualquier juicio de responsabilidades a la expresidenta por la cuestión de los derechos humanos, siempre y cuando se archivara el supuesto golpe de Estado. O sea, Mesa quería borrar aquellos acontecimientos y reuniones que posteriormente desembocarían en una ruptura constitucional el 10 de noviembre de 2019. Entonces, surge una interrogante: ¿por qué el expresidente quería enterrar el caso del golpe de Estado? Luego de las revelaciones de la expresidenta Jeanine Áñez en la Fiscalía, vino la razón por que Mesa quería soslayar este caso.

La exmandataria confesó que el domingo 10 de noviembre de 2019, frente a las renuncias verbales de ministros de Estado, del presidente de la Cámara de Diputados presionado porque su casa estaba siendo quemada en Potosí y antes de la renuncia presidencial de Evo Morales, el entonces ministro de Comunicación, Manuel Canelas, se comunicó con José Antonio Quiroga, director de la Editorial Plural y dirigente político de CC, consultándole la posibilidad de que la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, accedería a la presidencia por sucesión presidencial. Quiroga se comunicó telefónicamente con Mesa y él le habría contestado “que la ciudadanía no aceptaría esa sucesión”. O sea, el expresidente, a pesar de que según el testimonio de Áñez habría mencionado el día 11 de noviembre que “la sucesión debería ser constitucional”, un día antes se negaba a que la exsenadora Salvatierra, sucesora constitucional, asumiera la presidencia.

Así, en el contexto del caso denominado Golpe de Estado, Mesa fue implicado por la declaración judicial de la exmandataria. Su réplica política, como si fuera una movida ajedrecista, o sea, la defensa siciliana, fue acusar al Movimiento Al Socialismo (MAS) de haber montado este caso. Y luego frente a los fiscales mantuvo silencio.

Una fecha decisiva para entender los acontecimientos del golpe de Estado fue la del 10 de noviembre, no solo en horas de la tarde los mandatarios Morales y García Linera renunciaban a sus cargos, sino que inmediatamente en la noche se reunieron en una universidad confesional miembros de la Iglesia Católica; embajadores de Brasil, España y la Unión Europea; Jerjes Justiniano en representación de los cívicos cruceños, Waldo Albarracín por el Conade y Ricardo Paz por CC, para buscar salidas frente a lo que ellos denominaban el “vacío de poder”.

Entonces, esa reunión dominical fue crucial para la deriva golpista. Los asistentes urdieron el famoso “Plan B”: Áñez mandataria de Bolivia. Paz, que asistía a esa reunión en representación de Mesa, fue el encargado de comunicarse telefónicamente con la entonces senadora beniana para preguntarle por esa posibilidad. Cuarenta y ocho horas después, Áñez, en un hemiciclo vacío y sin parlamentarios del MAS, se autoproclamaba inconstitucionalmente presidenta de Bolivia.

Yuri F. Tórrez es sociólogo.