Aproximadamente a las seis de la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019, en la residencia de la Embajada de México situada en la exclusiva Rinconada de la ciudad de La Paz, llegó, vía celular, un mensaje que confirmaba las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera a la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. El mensaje era taxativo, pues se trataba de una instrucción que no admitía debate: los representantes parlamentarios del MAS en la línea sucesoria constitucional debían renunciar a sus cargos para que no se produjeran dudas acerca de las características conspirativas y golpistas con las que se estaba operando la sucesión presidencial.

En tal escenario, Evo Morales y Carlos Mesa coincidían, por motivaciones obviamente opuestas, en que Adriana Salvatierra no debía asumir la presidencia del Estado. El argumento de preservar la vida de Evo era una prioridad y por ello, el lunes 11 de noviembre, en reunión realizada en la Universidad Católica con los articuladores de la anulación de las elecciones y la renuncia de Morales, a fin de acelerar los acontecimientos, se trataba en primer lugar de generar las condiciones para la salida de Bolivia de los exmandatarios, sanos y salvos. La violencia, los secuestros, las quemas de viviendas de parlamentarios y dirigentes, las órdenes de detención policial contra dirigentes masistas, pero sobre todo contra quienes formaban parte de la línea sucesoria constitucional eran objeto de una gran manipulación mediática para generar la versión de una pretendida —¡y heroica!— gesta civil.

Tuto Quiroga se encargó de comprometer al comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Gonzalo Terceros, para que tal condición, previa a cualquier diálogo, se cumpliera. Las representantes del MAS que conversaron con Quiroga entre el  lunes 11 y el martes 12 no sabían que cuando Morales, García Linera y Gabriela Montaño aterrizaron en Chimoré (domingo 10 por la noche) estaban siendo inicialmente conducidos a la zona militar del aeropuerto muy probablemente para ser detenidos, decisión cambiada por el piloto de la nave ante una advertencia hecha por García Linera, que dijo que con la marea cocalera que esperaba en la plataforma principal podía generarse una tragedia espeluznante. Una vez en tierra, los exmandatarios y la exministra de Salud fueron envueltos por sus compañeros hasta ser internados monte adentro, donde policías y militares no pudieran llegar para capturarlos.

Para Evo Morales el golpe se tornaba en la estrategia perfecta, el hecho político que borraría casi mágicamente la ira que provocó violar la voluntad ciudadana del referéndum del 21 de febrero de 2016. Para los instauradores de la versión del fraude era la oportunidad de expulsar al MAS del poder y para siempre, y es ahí donde encaja la declaración de Mesa del mismo domingo 10: Salvatierra o cualquier otro masista no debían acceder a la sucesión presidencial, lo que en otras palabras significaba violar el artículo 169 de la Constitución y el reglamento de la Cámara de Senadores que exige la composición de la directiva con los representantes de la bancada mayoritaria en la presidencia y en la primera vicepresidencia.

Bronca

Mesa actuaba movido por la bronca de la derrota. En su fuero interno sabía que había perdido en las urnas y la estratagema en sociedad con los observadores de la OEA enviados por Luis Almagro era armar un escenario insoportable: los masistas, no contentos con haber escamoteado el resultado del 21F a través de una figura forzada por el Tribunal Constitucional —ser reelegible como derecho humano—, pretendían imponer un triunfo viciado de nulidad, del que hasta el día de hoy, dicho sea de paso, no se tienen pruebas fehacientes e irrefutables. A partir de ese momento, a Evo le empezaba a funcionar la instalación de la matriz del golpe de Estado, cosa que probablemente no hubiera sucedido si Mesa, Camacho y compañía optaban por política con la cabeza y no con el hígado, orientando su estrategia a que el MAS asumiera la sucesión según el precepto constitucional para someterlo a un desgaste final con la convocatoria a elecciones en 90 días y en ese breve lapso, lograr que la victoria contra Evo se diera en las urnas, legítima e irreversible, frente a otro binomio azul.

Mesa, Doria Medina, Ortiz, Jerjes Justiniano representando a Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga y sus “facilitadores” hicieron todo lo contrario. Decidieron y actuaron de acuerdo a lo que el MAS necesitaba para recomponerse en el lapso que al final se extendió por casi un año, aunque el precio en vidas humanas terminara siendo irreparable. Primero con Evo viajando entre México, Buenos Aires y La Habana en plan víctima internacional, recibido con honores y gestos de admiración por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández. Segundo, intensificando una campaña sobre la ilegalidad/ilegitimidad de la presidencia asumida por Jeanine Áñez, que facilitó aún más las cosas cuando fue proclamada candidata (alianza Juntos) con el propio Mesa afirmando que con su intempestiva decisión se podría pensar que efectivamente su gobierno era producto de un golpe de Estado.

Evo decidió que Salvatierra no asumiera la presidencia del Estado para cuadricular como golpistas a quienes forzaron su renuncia. Mesa se hizo el despistado con la sucesión constitucional, convencido de que el MAS quedaría afuera del poder sin opciones de retorno. El tiempo transcurrido nos informa que la sagacidad del cocalero bloqueador de carreteras terminó imponiéndose a la ilustración desangelada del candidato de Comunidad Ciudadana, perfectamente mal asesorado. La sucesión que se produjo fue un garabato producido en tres reuniones —la primera sin representantes del MAS— auspiciadas por curas, embajadores de la derecha internacional y un par de exdefensores del Pueblo en las que las representantes del MAS —Salvatierra, Rivero, Morales — se limitaron a decir que no podían actuar sin consultar previamente a sus bancadas. Aguantaron y dieron la cara frente a unos mediadores con la camiseta opositora bien puesta bajo la dirección de monseñor Eugenio Scarpellini, secundado por el embajador de la Unión Europea León de la Torre.

Los hechos quedaron a la vista de la ciudadanía. Los negociadores —los expertos en Derecho Penal los llamarían instigadores— armaron las condiciones para una sucesión trucha, usando un comunicado de prensa del Tribunal Constitucional que seguramente era “lo más cercano a la Constitución” según Waldo Albarracín —el ipso facto pensado por Luis Vásquez Villamor—, poniendo en entredicho su transparencia como abogado con experiencia en derechos humanos, pues bien sabe que no hay un instrumento legal interpretativo para determinar, en este caso, la sucesión constitucional que llega solamente hasta el presidente de la Cámara de Diputados, y de ninguna manera a una segunda vicepresidencia por minoría del Senado, tal como aconteció con Jeanine Áñez, por más que otros abogados de dilatada trayectoria pública, para comenzar el propio Vásquez Villamor, argumentaran el “derecho prevalente (evitar un supuesto vacío de poder), porque fue imposible lograr el quórum con la bancada oficialista por su falta de voluntad”, una falsedad que la propia Adriana Salvatierra se ha encargado de desmentir en entrevista con la directora de La Razón, Claudia Benavente (Piedra, papel y tinta, 17 de junio de 2021).

Sucesión

Los negociadores o instigadores de la inconstitucionalidad llegaron hasta las puertas del Senado que el 12 de noviembre fueron cerradas por Óscar Ortiz, Arturo Murillo y Jeanine Áñez para cocinar la materialización de la sucesión: 1) El senador Ortiz acompaña en helicóptero a la senadora Jeanine Áñez a una reunión con Luis Fernando Camacho. ¿Los militares operativizando el cambio de mando presidencial? Sí. Los mismos que le sugirieron a Evo Morales renunciar. 2) El senador Murillo reconoce ante un funcionario del Senado que lo que van a perpetrar es inconstitucional, pero que hay legitimidad conseguida con las movilizaciones callejeras. 3) Jeanine Áñez recibe a la jerarquía de la Iglesia Católica en el despacho de la presidencia del Senado, oficina de la que dispone sin pedir permiso cuando todavía ni siquiera se había armado el sainete con el que se la habilita como presidenta de la Cámara Alta. 4) No hay registro de instalación de sesión de la Cámara en que se elige presidenta del Senado a Áñez, ni siquiera una sin quórum. Lo que se produce es nada más que un simulacro. 5) El senador Ortiz controla los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional con “pititas”, policías y militares. Salvatierra y Rivero, presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, son impedidas de ingresar a la plaza Murillo por los uniformados (miércoles 13 por la tarde), uno de los cuales zamarronea a la presidenta del Senado y amaga con llevársela detenida, incidente que no tiene registro audiovisual, o que si existe fue cuidadosamente archivado por los medios afines a la conspiración senatorial. 6) El senador potosino Edwin Rodríguez, que en su momento formara binomio por los Demócratas junto a su colega Ortiz, y renunció a su candidatura para apoyar entre líneas a Mesa, es sustituido por su suplente sin justificación alguna. Él manifiesta que había entablado negociaciones con senadores del MAS para recomponer la directiva de la Cámara. 7) Los senadores del MAS Omar Aguilar, Efraín Chambi y Eva Copa establecen trato fluido y continuo con su excolega senador Murillo que el 13 de noviembre jura como ministro de Gobierno. Conforme se va consolidando el régimen de facto, Copa elude comunicarse con Evo Morales, que en ese momento ya se encontraba en Ciudad de México en calidad de asilado político. 

De facto

El 24 de enero de 2020, Jeanine Áñez ya no era solo presidenta transitoria de facto. Se convirtió en candidata para las elecciones que serían dos veces pospuestas con el pretexto del “estado de excepción” al que nos somete la invasión del coronavirus. Sus colegas senadores recibieron datos de una encuesta que la apuntaban como la opción de la unidad para enfrentar al MAS. Se emocionaron de tal manera con la posibilidad que creyeron tocar el cielo con las manos y en ese exacerbado estado de ánimo gobernaron operativizando tareas, que ahora se develan: 1) Decreto que libera de responsabilidades penales a militares ante la inminencia de la represión y masacre en Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal. 2) Combate a la pandemia con la compra irregular de unos respiradores que nunca funcionaron. 3) Combate a “sediciosos” y “terroristas” con gases lacrimógenos que también se compran a través de un business armado entre Murillo y sus amigos de juventud expertos en la materia, prófugos de la Justicia paraguaya, entre otros datos de prontuario. 4) Criminalización, persecución, apresamiento, detenciones domiciliarias, detenciones en centros médicos, extorsiones concertadas entre el poder político y fiscales, torturas, conjunto de acciones represivas contra exautoridades, dirigentes sociales, empresarios y exfuncionarios gubernamentales de la última administración de Evo Morales. 5) Puesta en funcionamiento de un aparato persecutor mediático (Unitel, Brújula Digital, Página Siete y un largo etcétera) con participación de civiles que hacen vigilias en puertas de domicilios particulares a cambio de vales para hamburguesas. 6) Permisividad con organizaciones irregulares como la Resistencia Juvenil Cochala que siembran el terror en la zona Sur de la ciudad. En resumidas cuentas, violaciones a los derechos humanos a la orden del día. ¿Y la presidenta de la Asamblea Permanente, Amparo Carvajal? Bien, gracias. Sigue en el cargo.

Hacia los seis meses de su ejercicio, el de Áñez se consolidó como un gobierno virulento en el literal sentido de la palabra. Murillo amenazaba, reprimía y giraba de cacería por todo el país. Ortiz continuó como senador hasta que en junio se contagió de COVID-19 ya como ministro de Desarrollo Productivo, que lo dejó fuera de combate por aproximadamente un mes para regresar directamente en julio a ocupar la cartera de Economía y Finanzas Públicas. Ortiz estaba en todas y en el show televisivo de estos días no figura. Parece haber quedado convenientemente escondido, perdiéndose de vista su rol como negociador en las reuniones de la Universidad Católica y como parte del equipo de senadores junto al propio Murillo, Áñez y Yerko Núñez de una sucesión en que una parte del partido de Rubén Costas, los verdes del Movimiento Demócrata Social (MDS), es decir ellos mismos, tomaron el control del gobierno.

Una vez capturado y consolidado el nuevo poder, los senadores Ortiz, Murillo y Núñez, según diversas versiones periodísticas, efectuaron declaraciones públicas vinculadas a aprietes contra empresarios sindicados por afinidad al MAS, que sufrieron presiones y extorsiones judiciales, y de otros negocios vinculados al diésel y a la gasolina.

Luis Fernando Camacho, protegido por un aparato de expertos guardaespaldas extranjeros durante los 21 días de la crisis de 2019, hijo de un empresario al que se vincula con el paramilitarismo del golpe de Banzer en 1971, es de convicciones anticomunistas, lo mismo que Tuto Quiroga y Óscar Ortiz, de acuerdo al manual de las dictaduras militares de los años 70. Al igual que Mesa y Doria Medina coinciden en que era hora de eliminar del sistema político a Evo Morales, un nacionalista de izquierda,  defensor de la soberanía de los recursos naturales, y de ninguna manera un socialista o comunista como lo pudieron haber sido Fidel Castro y el Che Guevara. Ese enceguecimiento caracterizado por una equivocada lectura sobre su perfil ideológico, los llevó a actuar de manera precipitada y sin horizonte estratégico. No previeron que a Murillo y a su aparato no les interesaba el país, ni proyecto político alguno. Solamente llegaron a tomar el poder para hacer unos cuantos negocios groseros que les pudieran asegurar el futuro cuando éstos quedaran fuera de la actividad pública.

Plan B

El Plan B era Jeanine presidenta. Sí o sí. Habría que corregir al autor de la frase, Samuel Doria Medina, en sentido de que ese fue desde un principio el Plan A de representantes políticos, Iglesia Católica y Unión Europea. Y para su ejecución armaron una figura pretendidamente jurídica en forma de comunicado institucional que no se sostiene constitucionalmente. Los participantes de las reuniones de la Universidad Católica fueron los negociadores del golpismo. Los senadores Ortiz, Murillo, Áñez, y un poco más atrás Núñez, son los autores de la consumación de los hechos. Un golpe de Estado es la toma ilegal del poder, más específicamente de la presidencia de un país, y eso es lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019.

Jeanine Áñez ha sido la víctima propiciatoria de este plan alocado, producto de la ansiedad y un grado de improvisación de gravísimas consecuencias para Bolivia. El golpe, a la larga, fue funcional al MAS. Regresó al poder luego de un paréntesis de un año con un contundente triunfo en las elecciones del 18 de octubre de 2020, sin que se necesitara al insustituible Evo en la papeleta. El precio más alto de este atentado contra la institucionalidad democrática es el de la masacre de 37 ciudadanos, cuyas familias hasta ahora no encuentran justicia.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.