El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó este jueves que en su criterio “el caso está cerrado” en las investigaciones sobre la asunción de Jeanine Añez a la presidencia en 2019 y que la exmandataria habría cometido 13 vulneraciones a la Constitución y el reglamento de la Asamblea Legislativa.

Actualmente Añez está imputada en el caso denominado “golpe de Estado”, en el cual se investigan los hechos que derivaron en su asunción como presidenta en 2019. El proceso se inició por los tipos penales de sedición, terrorismo y conspiración, aunque después se añadieron resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de incumplimiento de deberes.    

“Yo creo que el caso está cerrado. Los delitos son Intuitu Personae y la señora Jeanine Añez con las declaraciones que realizó, con los actos que realizó, tanto en la Cámara de Senadores como en el hemiciclo de la Cámara de Diputados ya se evidencia que ha cometido 13 vulneraciones a la Constitución Política del Estado y a los reglamentos de ambas cámaras. Yo creo que con esto ya sería suficiente para cerrar este caso y si hay que analizar otros elementos deberán analizarse en un segundo caso, un tercer caso”, dijo Del Castillo, consultado si otras personas deben ser convocadas ante la Fiscalía.

Explicó que entre las vulneraciones que habría cometido Añez está que en 2019 asumió la presidencia del Senado siendo de la bancada de Unidad Demócrata, cuando por reglamento ese cargo corresponde a la mayoría que entonces era del MAS. 

También dijo que las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera debieron ser tratadas en el Legislativo y que, entonces, debió elegirse al presidente de entre los integrantes de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados.   

Del Castillo enfatizó que en este caso se está investigando es el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, que tiene una pena privativa de libertad.

“Las personas que hayan cometido estos delitos de nuestro país deben ser sancionadas para que nunca más en nuestro país se repitan estos hechos atroces”, afirmó.

Según la norma, la sanción para el delito de Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes es de cinco a 10 años de cárcel.