El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, se abstuvo de declarar ante la Fiscalía, en calidad de testigo por el caso de supuesto golpe de Estado, aduciendo que se trata de un proceso penal sin base legal, que se fundamenta en hechos falsos y manipulación de pruebas aparentes.

Mesa se presentó este jueves por la mañana en el Ministerio Público en La Paz y presentó una carta dirigida a los fiscales del caso, Omar Alcides Mejillones y Lupe Zabala, en la que expuso sus 10 razones para acogerse a su derecho constitucional al silencio.

En la misiva, el expresidente indica que el caso “se fundamenta en hechos falsos porque en Bolivia en 2019 se produjo un fraude electoral, documentado por la Auditoria de la Organización de Estados Americanos respaldada por la Unión Europea, que fue pedida expresamente por el gobierno de Evo Morales. Esa evidencia quiere taparse con la construcción del caso por el que he sido convocado, que pretende falsear la verdad histórica”.

Añade que hay manipulación de pruebas aparentes en base a declaraciones de personas que están sometidas a presión carcelaria y fiscal. Además cuestiona que se tome en cuenta incluso relatos extraídos en lecturas de libros y no en testimonios directos de hechos que protagonizaron o a los que asistieron las personas convocadas. En este punto hizo referencia a la alusión que hizo sobre él la expresidenta, Jeanine Añez, quien declaró ante los fiscales que Mesa se opuso a que Adriana Salvatierra u otro legislador asuman el mando del país el 2019, porque las protestas sociales continuarían. La exmandataria aclaró luego que tal situación la relató en base al libro Revolución de las Pititas.

“Este proceso penal, con las declaraciones de los testigos convocados, pretende alcanzar legitimidad ante la sociedad, legalizando lo ilegal y convertirse en un elemento de manipulación de “pruebas” y de “forzadas autoincriminaciones”, para alcanzar los objetivos políticos de destruir todo vestigio de oposición, como lo hizo el anterior gobierno de Evo Morales y lo quiere hacer el actual gobierno de Luis Arce”, añade la carta de Mesa.

El expresidente añadió que no se convertirá en propiciador de un cadalso jurídico para quienes sean llamados a declarar y eventualmente acusados de un delito inexistente. Agregó que el proceso tiene por objetivo respaldar la obsesión de Evo Morales por volver a la presidencia y además es una cortina de humo ante problemas como la salud y el desempleo, que según él, el gobierno de Luis Arce no gestiona adecuadamente.

“Con un viso de falsa “legalidad”, para lo único que servirán todas las declaraciones testimoniales, es para que este proceso se convierta en el martillo fiscal y judicial contra muchos ciudadanos y nuestras familias, que hemos defendido con orgullo la democracia, la paz, la Constitución y la libertad”, advirtió el líder de Comunidad Ciudadana, la principal fuerza opositora en el parlamento.

Enfatizó en que la Ley 1266 mediante la cual se convocó a nuevas elecciones, tras la anulación de los comicios del 20 de octubre del 2019 y la 1270, “Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas”, son las dos normas que reconocen la constitucionalidad del gobierno de Añez y de la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).