El expresidente del Estado y líder de la alianza Comunidad Ciudadana (CC). Carlos Mesa asistió la mañana de este jueves a la Fiscalía, para declarar en calidad de testigo por el supuesto caso del “golpe de Estado”, en el cual se acogió a su derecho al silencio y argumentó con diez fundamentos en un documento.

En el escrito presentado por Mesa a los investigadores, enfatizó que desconoce ese “proceso político”, y afirmó que es utilizado para “manipular la verdad” y “blanquear el fraude”.

“Este es un proceso penal que no tiene ninguna base de legalidad, se fundamenta en hechos falsos y en manipulación de pruebas “aparentes”, señala el comunicado emitido por Mesa durante su salida de la Fiscalía.

Son diez argumentos que el exmandatario presentó ante el Ministerio Público para alegar su silencio. La misiva señala que se están manipulando pruebas y que cualquier declaración testifical será utilizada para “manipular e incriminar” a los actores de los hechos de 2019.

El líder de CC ratificó que el caso no tiene ninguna base de legalidad porque están vigentes dos leyes, la 1266 que expone la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales” de 24 de noviembre de 2019, asimismo la Ley 1270 la cual expone la Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas” de 20 de enero de 2020.

“Ambas leyes reconocen como constitucionales los mandatos del gobierno transitorio de Jeanine Añez y de la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)”, indicó la exautoridad.

Mesa remarcó también que antes, durante y después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, actuó como un ciudadano respetuoso de la Constitución y que todas sus acciones estuvieron enmarcadas a ese principio. Añadió que así lo demuestra la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la memoria de la Iglesia Católica.

“El Movimiento Al Socialismo (MAS), busca convertir el proceso en un “martillo fiscal y judicial” contra opositores… No voy a convertirme en propiciador de un cadalso jurídico para quienes serán convocados a declarar y eventualmente serán acusados de un delito inexistente”, finalizó.