La expresidenta Jeanine Áñez pidió ayer, a través de las redes sociales, su “inmediata liberación”, así como a los organismos internacionales y algunas embajadas pronunciarse sobre la "plena veracidad" del informe de la Iglesia católica por la crisis política de 2019 que el Gobierno considera fue un "golpe de Estado".

"Solicito encarecidamente y en honor a la verdad, a la Embajada de España, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Embajada del Brasil, tengan a bien confirmar la plena veracidad de los hechos revelados por la Iglesia católica", expresó.

Áñez se refirió al documento "Memoria de los hechos de pacificación en Bolivia octubre 2019 - enero 2020", que presentó el Episcopado boliviano a la Santa Sede y a la Fiscalía del país y que describe aspectos como la sucesión de mando tras la renuncia de Evo Morales. En una parte afirma que Adriana Salvatierra y Susana Rivero, del MAS, se negaron a asumir la Presidencia en 2019 y que la delegación del partido azul aceptó la investidura de Áñez, aunque esa versión fue negada después por las aludidas.

Recordó que fue el líder del MAS, antes de dejar la Presidencia, quien "pidió a la Iglesia y las embajadas de España y la Unión Europea (UE) convocar a una mesa de diálogo para garantizar la paz" de Bolivia.

Áñez también se dirigió a los jueces y fiscales que conocen su caso para que ordenen su "inmediata libertad" y le "permitan" asumir su defensa fuera de prisión.

La expresidenta interina cumple reclusión preventiva en una cárcel de La Paz desde hace tres meses acusada de terrorismo, sedición y conspiración en un proceso en el que también están en prisión dos de sus exministros y algunos exjefes militares.

Para el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, “el caso está cerrado” en las investigaciones y la exmandataria habría cometido 13 vulneraciones a la Constitución y el reglamento de la Asamblea.

Sin embargo, el expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, hizo una nueva revelación en torno a este caso. Dijo, citado por Urgente.bo, que la oposición aceptó que sea él quien asuma la presidencia, luego de la renuncia de Salvatierra, y fue buscado por el exsenador y exministro Óscar Ortiz.

“Algunos de la oposición estaban de acuerdo, pero los que no estaban de acuerdo eran Luis Fernando Camacho, (Marco) Pumari, ni (Carlos) Mesa seguramente. Es por eso que presionaron para que yo renuncie al cargo”, declaró.

Dijo también que no lo hizo porque su hermano, que estaba como rehén, corría peligro de muerte si no renunciaba. Por otro lado, mediante un comunicado, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de la ciudad de El Alto, junto a las víctimas de noviembre de 2019, expresaron su repudio al informe de la Iglesia por la “falta de sentido humanitario, solidario y fraterno” por la “jerarquía católica” al referirse a las masacres de Senkata y Sacaba como hechos aislados.