“No voy a convertirme en propiciador de un cadalso jurídico para quienes serán convocados a declarar y eventualmente serán acusados de un delito inexistente”, declaró el expresidente Carlos Mesa, ayer durante la audiencia en la Fiscalía de La Paz.

Mesa, quien se acogió a su derecho al silencio, fue llamado como testigo en la investigación que sigue el Ministerio Público por el caso “golpe de Estado”.

De esta manera, el acto procesal que convocó el Ministerio Público, para conocer la posición de Mesa, sobre el caso “golpe de Estado”, terminó sin declaraciones y, al contrario, los investigadores fueron acusados por el líder político de estar “forzando autoincriminaciones” con un proceso judicial que está amañado políticamente.

“En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra si misma… el derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad”, citó Mesa el artículo 121, I de la Constitución Política del Estado para justificar su postura.

Mencionó además el artículo 193, parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal, que dice: “El testigo no podrá ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales puede surgir su responsabilidad penal”, para refrendar una línea de conducta que no pretende modificar.

El fiscal asignado al caso, Omar Mejillones, admitió que Mesa no declaró, se acogió al silencio y sólo pudieron hacer tres preguntas y asumieron conocimiento de un extenso documento que expuso, a letra muerta, el líder político que fue citado en calidad de testigo.

“Mis respuestas fueron me acojo al derecho al silencio, pero fundamentalmente me acojo al desconocimiento de un proceso político cuyo objetivo es manipular la verdad, crear un falso relato de la historia, blanquear un fraude electoral e inventar un golpe de Estado inexistente”, resumió el exmandatario, ayer al salir de la Fiscalía.