El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se presentó este jueves en la Fiscalía de La Paz, pero, según informó, se negó a declarar como testigo en el llamado caso “Golpe de Estado” porque considera que es un proceso inventado y falso.

“He asistido a la convocatoria de la Fiscalía en este caso falso inventado con viso político y mi declaración tiene que ver con el documento exacto que le presenté y le leí a los fiscales (…), declaración que me negué por las razones que ahora explico”, dijo Mesa al salir de la Fiscalía.

Luego leyó un documento que denominó “razones por las que ejerzo mi derecho constitucional a no declarar como testigo en el falso caso golpe de Estado” y citó como la primera de sus razones el hecho de que sería “un proceso penal que no tiene ninguna base de legalidad (porque) se fundamenta en hechos falsos y la manipulación de pruebas aparentes”.

“Segundo, no tiene ninguna base de legalidad porque están vigentes dos leyes: la 1266, Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales del 24 de noviembre de 2019, y la 1270, Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas del 20 de enero de 2020”, detalló.

Remarcó que ambas leyes “reconocen como constitucionales” los mandatos del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y de la anterior Asamblea Legislativa. “Leyes que se presumen plenamente constitucionales mientras no exista una sentencia en contrario del Tribunal Constitucional”, añadió.

Además, como su tercera razón, dijo que este proceso, iniciado por la exdiputada del MAS Lidia Patty, se fundamenta en hechos falsos porque en Bolivia el 2019 se produjo un “fraude electoral” documentado por la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue respaldada por la Unión Europea y fue pedida expresamente por el gobierno de Evo Morales.

Ahora “esa evidencia del fraude quiere taparse con la construcción del caso por el que he sido convocado y que pretende falsear la verdad histórica despreciando a millones de ciudadanos bolivianos, cuando está demostrado que la única manipulación que hubo para vulnerar el orden constitucional intentó hacerla el expresidente (Evo) Morales el 10 de noviembre de 2019, cuando, como lo ha declarado públicamente la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra: Evo Morales, ella, Álvaro García Linera y el señor (Víctor) Borda hicieron un acuerdo político para la renuncia de esas cuatro máximas autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo con la clara intención de romper la línea de sucesión constitucional ”, subrayó.

Además, en alusión a la reciente declaración ampliatoria de Áñez que lo mencionó en una serie de ocasiones como uno de los protagonistas de la crisis de 2019, Mesa indicó que el proceso se basa en la “manipulación de pruebas aparentes sobre declaraciones de personas que están sometidas a la presión carcelaria y fiscal y dan relatos extraídos de la lectura de libros, no como testimonios directos de hechos que protagonizaron o a los que asistieron”.

Asimismo, “este proceso penal, con las declaraciones de testigos convocados, pretende alcanzar legitimidad ante la sociedad, legalizando lo ilegal y quiere convertirse en un elemento de manipulación de pruebas y forzar autoincriminaciones para alcanzar los objetivos políticos de destruir todo vestigio  de oposición”, manifestó.

Del mismo modo consideró que “para lo único que servirán todas las declaraciones testimoniales es para que este proceso se convierta en el martirio fiscal y judicial contra muchos ciudadanos y sus familias” que defendieron la democracia, la paz, la Constitución y la libertad. “Situación que ya se produjo con el procesamiento y detención inconstitucionales e ilegales de la expresidenta (Jeanine) Añez, dos de sus exministros y otras exautoridades”, afirmó.

Por tanto, Mesa no tiene “la menor duda” de que en este proceso investigativo se usará cualquier declaración testifical, incluida la suya, solo para “manipular e inventar auto incriminaciones”.

Entonces, “no me voy a convertir en propiciador de un cadalso jurídico para quienes serán convocados a declarar y eventualmente serán acusados de un delito inexistente, cuyo único objetivo es respaldar la obsesión de Evo Morales por volver a la presidencia y tender una cortina de humo ante la crisis de salud y desempleo”, señaló.

Por otro lado, indicó que “desde la comisión del gigantesco fraude de Evo Morales” actuó como ciudadano respetuoso de la ley y de la Constitución y que todas sus acciones respondieron a esos principios.

Y finalmente remarcó que por todas “esas razones ejerció su derecho al silencio, reconocido en las normas vigentes en el país”.