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Medio: Jornada
Fecha de la publicación: jueves 17 de junio de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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El expresidente
Carlos Mesa (2003-2005) se acogió al silencio al presentarse este jueves ante
la Fiscalía que le citó a declarar dentro de las investigaciones por la crisis
política y social de 2019 que para el oficialismo fue un «golpe de Estado» en
contra del exmandatario Evo Morales.
Tras salir del
Ministerio Público, Mesa leyó a los medios un documento que entregó a los
fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala en el cual expuso las razones por las
que se acogió al silencio, recordando que es un derecho amparado en las normas
vigentes y que no supone admisión de culpa.
«Mis respuestas
fueron me acojo al derecho al silencio, pero fundamentalmente me acojo al
desconocimiento de un proceso político cuyo objetivo es manipular la verdad,
crear un falso relato de la historia, blanquear un fraude electoral e inventar
un golpe de Estado inexistente», resumió el exmandatario.
En el documento,
Mesa señala que el proceso penal por el llamado caso «golpe de Estado» no tiene
«ninguna base de legalidad» por la vigencia de las leyes para llamar a nuevas
elecciones tras las anuladas en 2019 y para prorrogar los mandatos del Gobierno
transitorio de Jeanine Áñez y del anterior Legislativo, normas que reconocen a
ambos «como constitucionales».
Mesa, que fue
candidato en los fallidos comicios de 2019, asegura que el caso se basa en
«hechos falsos» y busca tapar el «fraude electoral» a favor de Evo Morales ese
año que fue «documentado» por una auditoría de la Organización de Estados
Americanos (OEA) solicitada por el entonces gobernante.
Además sostiene que
se sustenta en una «manipulación de pruebas aparentes» sobre declaraciones de
personas «sometidas a la presión carcelaria y fiscal», en una aparente alusión
a Áñez, ya que la Fiscalía le citó después de que la exmandataria le mencionara
junto a una treintena de personas en su propia comparecencia.
Crítica y respuesta
El caso «pretende
alcanzar legitimidad ante la sociedad, legalizando lo ilegal y convertirse en
un elemento de manipulación de ‘pruebas’ y de ‘forzadas autoincriminaciones'»
para «destruir todo vestigio de oposición» como lo hizo el Gobierno de Evo
Morales y ahora busca hacer el Ejecutivo de Luis Arce, dice el documento.
«No voy a
convertirme en propiciador de un cadalso jurídico para quienes serán convocados
a declarar y eventualmente serán acusados de un delito inexistente, cuyo único
objetivo es respaldar la obsesión de Evo Morales por volver a la Presidencia y
tender una cortina de humo ante la crisis de salud y desempleo» que Arce no
está gestionando «adecuadamente», agrega Mesa.
Por su parte, el
fiscal Mejillones señaló que el expresidente se abstuvo de declarar por la
«posibilidad» de que sus respuestas le generen alguna «responsabilidad» en el
caso.
La comisión
investigadora analizará «si corresponde» calificar la conducta de Mesa como una
«obstrucción» y si se debe «hacer una ampliación en la investigación» en su
contra, añadió.
El llamado caso
«golpe de Estado» se inició a instancias de la demanda de una exdiputada
oficialista por la crisis que derivó en la renuncia de Evo Morales a la
Presidencia en 2019 que para el oficialismo fue un derrocamiento y para la
oposición fue consecuencia de las denuncias de fraude electoral en su contra.
Áñez y dos de sus
exministros están en prisión desde hace más de tres meses por este caso.



