El informe final de la Misión de la Organización de los Estados Americanos sobre las elecciones judiciales de diciembre del año pasado en Bolivia ha sido muy claro, aunque conserve el lenguaje diplomático apropiado. El Informe -conocido ayer- establece que el voto nulo y blanco superó al voto válido en las cuatro instancias de votación; que el sistema de elección de autoridades judiciales boliviano es un proceso único en la región; que el gobierno, y en consonancia con la oposición, reconocieron que el proceso careció de elementos suficientemente meritocráticos para alcanzar una alta calidad en la selección de candidatos y que, aun con deficiencias, se ha hecho un esfuerzo por mejorar el sistema de comunicación dirigida a los electores. 

El informe de la Misión resalta el aumento del voto nulo y blanco frente a los votos válidos. En las elecciones judiciales del 2011, los votos válidos llegaron al 40,72%  mientras que los votos blancos y nulos fueron el 59,27%. Para las elecciones del 2017, en la elección nacional para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, los votos válidos alcanzaron el 32,64%, mientras que los votos nulos y blancos alcanzaron el 67.36%. Estos porcentajes fueron similares para las elecciones en la circunscripción departamental. “Es decir, los votos válidos disminuyeron y los votos nulos aumentaron con respecto a la elección de 2011”.

Para la Misión de la OEA, existen dos hipótesis sobre el origen del crecimiento del voto nulo y blanco. La primera hipótesis plantea que a solo cuatro días de la jornada de votación, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la sentencia que habilita al Presidente, Vicepresidente, Gobernadores, Asambleístas Departamentales, Alcaldesas y Concejales optar por la reelección indefinida.

“La Misión observó que el fallo del TCP profundizó la campaña de la oposición a favor del voto nulo que se había iniciado semanas antes de la votación”, concluye el Informe de la OEA.  La segunda identifica a los aspectos técnicos propios de esta elección. Por ejemplo, la todavía débil información sobre los candidatos y la carencia de un modelo más robusto para calificar de manera meritocrática a los candidatos.

De acuerdo con el Acta de Cómputo Nacional emitida por el Tribunal Supremo Electoral, en la elección por circunscripción nacional (Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental) la participación ciudadana alcanzó el 84,2%.

En la elección por circunscripción departamental (Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional), la participación varió entre 74.82% (Pando - TCP) y 87.94% (La Paz - TCP). Tomando en cuenta la circunscripción nacional, los dos candidatos con mayor votación al Consejo de la Magistratura tienen, cada uno, un poco más del 13% de los votos válidos; y el candidato con mayor votación al Tribunal Agroambiental tiene un poco más del 22% de los votos válidos.  

Respecto a las elecciones de 2011, la Misión anotó un avance en cuanto al diseño de las dos papeletas que se utilizaron durante la elección, lo que permitió facilitar el proceso de votación de la ciudadanía. En cuanto a la difusión de méritos de los candidatos, la Misión destacó que la reglamentación de 2017 es menos restrictiva, lo que permitió a los candidatos una mejor difusión.

De igual forma, la Misión observó que el día de la elección los bolivianos recibieron información de resultados de la elección de manera oportuna y según lo planeado por la autoridad electoral.
Entre las múltiples recomendaciones emitidas por la Misión de la OEA, se pide reforzar el presupuesto destinado a programas y estrategias de difusión de candidaturas y cargos a elegir, con el objetivo de contar con más tiempo, alcance, cobertura y recursos para asegurar la equidad y propiciar el voto informado de la ciudadanía.

El Informe de la Misión urge incluir en la normativa electoral el sistema de transmisión rápida y segura de resultados, para su continuo fortalecimiento. “La Misión considera que ésta es una herramienta valiosa y que brinda garantías de transparencia”.

La Misión considera que para que la democratización de las instancias judiciales sea sostenible en el tiempo, que sea valorada y no estigmatizada, es necesario que las acciones que busquen corregir históricas exclusiones sean acompañadas de rigurosos procesos de calidad y selección.

La Misión destaca que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el Reglamento para la preselección de las altas autoridades judiciales, la cual incorpora elementos novedosos respecto al reglamento de 2011, entre los que se destacan: 1) la participación de profesionales académicos y especialistas propuestos por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para la formulación de la batería de preguntas de los exámenes escritos; 2) prohibiciones expresas para postular como por ejemplo: ”No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional”; y 3) requisitos relacionados con la disposición constitucional que establece que “las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas”.

Parámetros de Elecciones pasadas

El informe de la Misión de la OEA elabora un recuento muy preciso e histórico sobre el alto nivel de participación y de votos válidos de los bolivianos en las elecciones pasadas, que sin embargo, disminuyó en las elecciones judiciales del 2017.

“En otros procesos electorales de Bolivia, la cantidad de votos válidos ha sido alta. En la elección general de 2014, los votos válidos constituyeron el 94,2% del total de votos emitidos (5.171.428 votos válidos, 208.061 votos nulos y 108.187 votos blancos). En las elecciones subnacionales de 2015, los votos válidos constituyeron el 88% del total de votos emitidos (4.568.976 votos válidos de 5.186.966 votos emitidos). Y en la elección del referendo constitucional de 2016, los votos válidos constituyeron el 95,22% del total de votos emitidos (5.228.652 votos válidos de 5.490.919 votos emitidos). La Organización de los Estados Americanos ha observado 17 procesos electorales en Bolivia desde 1966.

El 3 de diciembre de 2017 se celebró por segunda vez la Elección de Autoridades Judiciales del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La ciudadanía fue convocada a las urnas para escoger a 5 Magistrados del Tribunal Agroambiental; 3 Consejeros del Consejo de la Magistratura; 9 Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; y 9 Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, se escogió a los 26 suplentes de cada una de las autoridades electas.

La Misión de Expertos presentó un Informe Preliminar el lunes 4 de diciembre con sus principales observaciones y recomendaciones. El informe final fue presentado ayer. En el documento se amplían las recomendaciones con el propósito de colaborar con el fortalecimiento de los procesos electorales en Bolivia. Financiaron la Misión de la OEA aportes de Argentina, China, Corea, Honduras, México, Paraguay y Serbia.